La Ley 27.802 establece la obligatoriedad de abonar las remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria, conforme la modificación del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dado que la norma no prevé un régimen transitorio y reviste carácter de orden público, su aplicación es inmediata desde su entrada en vigencia (6/3/2026), alcanzando tanto a nuevas contrataciones como a relaciones laborales ya existentes. En consecuencia, desde dicha fecha, todos los empleadores deben adecuar la modalidad de pago, independientemente de cuándo se haya iniciado el vínculo laboral.

En el régimen de personal de casas particulares, el recibo de sueldo continúa siendo obligatorio, manteniéndose los requisitos formales de contenido establecidos por la normativa vigente, aun cuando se avanza hacia esquemas de registración electrónica. En cuanto al medio de pago, la ley establece que la remuneración debe abonarse en efectivo y, en caso de imposibilidad, mediante cheque o depósito en cuenta bancaria a nombre del trabajador. Las billeteras virtuales no se encuentran contempladas como medio de pago válido, por lo que su utilización no se ajusta al marco legal vigente.

La Ley 27.802 modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que las remuneraciones deben abonarse exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria, eliminando la posibilidad de pago en efectivo en el régimen general. No obstante, el régimen de personal de casas particulares (Ley 26.844) mantiene la validez del pago en efectivo, permitiéndolo como modalidad principal, con opción de bancarización en caso de imposibilidad. En consecuencia, la obligación de pago mediante cuenta bancaria no resulta aplicable a este régimen especial.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el pago de remuneraciones mediante acreditación bancaria debe realizarse en una cuenta sueldo a nombre del trabajador, con las condiciones específicas de gratuidad y disponibilidad previstas por la normativa. No resulta válido utilizar cualquier cuenta bancaria común, salvo que sea previamente reconvertida a cuenta sueldo por la entidad financiera. La reglamentación del BCRA permite transformar una cuenta existente en cuenta sueldo a solicitud del trabajador, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.

El régimen de reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones, incorporado por la Ley 27.802 (RIFL), se encuentra formalmente vigente pero no resulta aplicable en la práctica. La norma establece alícuotas reducidas durante los primeros 48 meses de la relación laboral, sin embargo, su operatividad depende de la reglamentación por parte de ARCA y de su implementación en los sistemas de liquidación (F. 931), lo cual aún no ha ocurrido. En consecuencia, al momento de dar de alta a un trabajador, deben aplicarse las alícuotas generales vigentes hasta tanto se habilite el régimen.

La normativa laboral vigente establece que los recibos de sueldo pueden emitirse en formato papel o digital, sin imponer la obligatoriedad de su digitalización. La Ley de Contrato de Trabajo, modificada por la Ley 27.802, admite el uso de firma digital o electrónica como alternativa válida, mientras que la Resolución 346/2019 de la Secretaría de Trabajo regula los requisitos del formato digital. Asimismo, se reconoce la posibilidad de digitalizar los recibos a efectos de su conservación, otorgándoles plena validez jurídica equivalente al soporte papel.

Se analiza el régimen vigente de registración de contratos de locación en ARCA (RELI) tras la RG 5545/2024. Se concluye que la registración ya no resulta obligatoria con carácter general, sino únicamente para acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley 27.737. En ausencia de dicha finalidad, el registro es optativo.

Se analiza el encuadre en el Monotributo de un contribuyente que subdivide un inmueble destinado a alquiler. Se concluye que la actividad de locación se considera una única unidad de explotación, con independencia de la cantidad de unidades funcionales, siempre que se trate de una actividad homogénea. En consecuencia, la subdivisión no implica por sí misma la exclusión del régimen, debiendo verificarse además el cumplimiento de los parámetros generales del Monotributo y los requisitos formales de registración de contratos.

Se analiza el encuadre impositivo de una sociedad que invierte en CEDEARs y en un trust con criptomonedas. Se concluye que la venta de CEDEARs constituye renta de fuente argentina, con implicancias específicas en el ajuste por inflación impositivo —incluyendo efectos en el ajuste dinámico y en la determinación del costo computable—. En cuanto a las inversiones en criptomonedas a través de un trust, se establece que los resultados son de fuente extranjera y, tratándose de personas jurídicas, se encuentran gravados tanto por tenencia como por enajenación, bajo el criterio de lo devengado.

Se analiza el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias de una operación de venta facturada anticipadamente respecto de la entrega del bien. Se concluye que, conforme al criterio de lo devengado, la renta no se reconoce al momento de la facturación ni del cobro, sino cuando se perfecciona jurídicamente la operación, lo que ocurre con la entrega del bien. En consecuencia, los importes percibidos con anterioridad constituyen anticipos y no resultados gravados en el ejercicio en que se facturan.

Se analiza el tratamiento impositivo de los honorarios de directores cuando superan los límites previstos societariamente, distinguiendo su validez desde la Ley General de Sociedades y su deducibilidad en el Impuesto a las Ganancias. Se concluye que la decisión asamblearia no modifica el límite fiscal, el cual se rige por el artículo 91 inciso i) de la ley del tributo, generando diferencias permanentes entre el resultado contable y el impositivo, tanto en casos sin distribución de dividendos como con asignación parcial de utilidades.

Se analiza la posibilidad de adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con múltiples fuentes de ingresos (relación de dependencia, dividendos, monotributo e inversiones financieras). Se concluye que no existe exclusión por tipo de renta o condición societaria, pero la adhesión queda condicionada al cumplimiento de los parámetros de ingresos, patrimonio y demás requisitos previstos en la Ley 27.799 y su reglamentación.

Se analiza cómo aplicar el límite del 40% de la ganancia no imponible para la deducción de gastos educativos en el régimen de retención de cuarta categoría. Se concluye que el tope es anual pero su cómputo se prorratea mensualmente dentro del esquema de liquidación acumulativa de la RG 4003, no siendo posible imputar el total anual en un solo mes.

Se analiza el tratamiento de las jubilaciones en el Impuesto a las Ganancias cuando el contribuyente también obtiene rentas de tercera categoría. Se concluye que no existe una exención general por monto para jubilaciones, sino un esquema de deducciones personales —incluida una deducción incrementada específica— cuya aplicación depende de condiciones estrictas. En presencia de otras rentas relevantes, dicho beneficio puede quedar excluido, debiendo computarse las jubilaciones en la base imponible.

Se analiza si la venta de un inmueble —exenta o no alcanzada en el Impuesto a las Ganancias— debe considerarse para determinar la obligación de confeccionar el Formulario F.1359. Se concluye que dicha obligación se define exclusivamente en función de las rentas de cuarta categoría (relación de dependencia), por lo que ingresos extraordinarios como la venta de un inmueble no inciden en el umbral previsto por la RG 4003/2017.

Se analiza si corresponde el cálculo de anticipos del Impuesto a las Ganancias cuando la declaración jurada del período anterior arroja saldo cero debido a la utilización de pagos a cuenta —en particular, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios—. Se concluye que los anticipos se determinan sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo final, por lo que su generación resulta procedente aun cuando no haya impuesto a ingresar. Asimismo, se menciona la posibilidad de solicitar la reducción de anticipos cuando no reflejen la capacidad contributiva del período en curso.

Se analiza el alcance subjetivo de la exención en el Impuesto a las Ganancias para alquileres con destino a casa habitación incorporada por la Ley 27.802. Se concluye que la exención resulta aplicable tanto a personas humanas como a personas jurídicas, dado que no se encuentra excluida expresamente para estos sujetos en la ley, quedando su aplicación sujeta a la reglamentación.

Se analiza el alcance de los mecanismos de cese laboral introducidos por la Ley 27.802, diferenciando entre el sistema sustitutivo por convenio colectivo, los fondos optativos del empleador y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se concluye que, en general, no existe una distinción entre empleados actuales y futuros, aunque la implementación depende del tipo de instrumento y, en algunos casos, de la negociación colectiva. Asimismo, el empleador mantiene la responsabilidad por las indemnizaciones.

Se analiza la vigencia de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 respecto del contenido del recibo de sueldo. Si bien la norma rige desde el 6 de marzo de 2026, la falta de reglamentación y de adecuación de los sistemas impide su aplicación inmediata. En consecuencia, no resultaría exigible implementar los nuevos recibos en la liquidación de marzo hasta que se definan formalmente los aspectos operativos.

Se analiza la obligación de confeccionar y presentar el Formulario 1359 para el período fiscal 2025 conforme la RG 4003 (t.o. RG 5531/2024). Se establece que resulta obligatorio cuando los ingresos brutos anuales del trabajador igualan o superan $26.143.532,02, determinado en función de las deducciones personales. Asimismo, la obligación subsiste aun por debajo de ese umbral cuando no se haya practicado la totalidad de las retenciones correspondientes.

Se analiza el tratamiento fiscal de la indemnización por finalización de un contrato a plazo fijo. Se concluye que, en la medida en que se trate de la compensación legal prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, tiene carácter indemnizatorio y no se encuentra alcanzada por el Impuesto a las Ganancias. Solo podría quedar gravado el eventual excedente en casos de personal directivo o ejecutivo.

Se analiza el alcance de la reforma laboral (Ley 27.802) respecto de la posibilidad de contratar trabajadores bajo la figura de monotributo. Se concluye que la norma no habilita la utilización del monotributo para encubrir relaciones laborales en actividades comerciales, como un ayudante de pizzero. La figura del colaborador independiente está limitada a supuestos específicos —principalmente profesionales— y no elimina los criterios clásicos de relación de dependencia previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, subsiste el riesgo de reclamos laborales si se utiliza indebidamente.

Se analiza el tratamiento de los saldos a favor del componente impositivo del Monotributo en casos de exclusión de oficio con efectos retroactivos. Conforme la RG (AFIP) 4309/2018, dichos saldos no pueden aplicarse libremente, sino que deben seguir un orden de imputación obligatorio: primero a deudas del propio régimen simplificado, luego a aportes de autónomos y, en caso de remanente, a otros impuestos como IVA o Ganancias. 

Se analiza el tratamiento de los saldos a favor del componente impositivo del Monotributo en casos de exclusión de oficio con efectos retroactivos. Conforme la RG (AFIP) 4309/2018, dichos saldos no pueden aplicarse libremente, sino que deben seguir un orden de imputación obligatorio: primero a deudas del propio régimen simplificado, luego a aportes de autónomos y, en caso de remanente, a otros impuestos como IVA o Ganancias. 

Se detallan los contribuyentes que no pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias según la Ley 27.799, el Decreto 93/2026 y la RG (ARCA) 5820/2026. La exclusión se configura por incumplimiento de requisitos objetivos (niveles de ingresos, patrimonio, categorización como gran contribuyente) y formales (estado de CUIT y alta en el impuesto). Asimismo, se aclara que los socios de SRL, SA o SAS no están excluidos por su condición.

Se analiza la condición previa de inscripción en el Impuesto a las Ganancias para poder optar por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada correspondiente al período fiscal 2025. Se concluye que, en caso de no estar inscripto, el contribuyente debe gestionar el alta retroactiva en el impuesto con efecto en dicho período mediante Presentaciones Digitales de ARCA. 

Se analiza el tratamiento en el impuesto a las ganancias de rendimientos financieros del exterior obtenidos por una persona humana monotributista, provenientes de bonos y ETF. Se concluye que dichas rentas constituyen ganancias de segunda categoría de fuente extranjera, deben declararse bajo criterio de lo percibido e integrarse al esquema general del impuesto. Asimismo, se aclara que la existencia de deducciones personales no exime de la obligación de presentar la declaración jurada si se obtuvieron rentas gravadas.

Se analiza la posibilidad de computar el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de contribuciones patronales al SIPA en el marco del régimen vigente. Se concluye que este beneficio se encuentra limitado exclusivamente a microempresas, quedando excluidas las pequeñas empresas aun cuando cuenten con certificado MiPyME vigente. Asimismo, se aclara que estas últimas solo pueden aplicar el cómputo general contra el impuesto a las ganancias.

Se analiza el límite de deducción de honorarios de directorio en el impuesto a las ganancias y su vinculación con la distribución de utilidades. Se concluye que el tope del 25% solo resulta aplicable cuando existe distribución de dividendos, mientras que, en ausencia de distribución, el límite deducible se reduce al 5% de la utilidad contable ajustada. Asimismo, se destaca la posibilidad de aplicar un criterio proporcional cuando la distribución es parcial.

Se analiza la validez contable de presentar estados contables con patrimonio neto negativo en una sociedad sin actividad, así como sus implicancias societarias en términos de causal de disolución. Asimismo, se aborda el tratamiento impositivo aplicable a la venta del único bien del activo (inmueble rural), concluyendo que la operación se encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias, sin gravabilidad en IVA en condiciones generales, y con posibles efectos en el impuesto de sellos.