El presente trabajo analiza el estado de situación normativa derivado de la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y su interacción con la medida cautelar dictada el 30 de marzo de 2026 en el marco de la causa “CGT c/ Estado Nacional”. Se examina el alcance de la suspensión judicial de determinados artículos, la vigencia residual del régimen reformado y las implicancias prácticas para la liquidación de haberes, la documentación laboral y los sistemas de registración. En tal sentido, se procura delimitar criterios de prudencia técnica en un contexto de inestabilidad normativa, identificando los institutos plenamente operativos, aquellos sujetos a reglamentación y los alcanzados por cuestionamiento judicial.

El régimen tributario aplicable a la locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, una configuración compleja en la que coexisten exenciones, deducciones y beneficios específicos según el sujeto interviniente y el tributo involucrado. A la exención en el Impuesto al Valor Agregado y a la incorporación —a partir del período fiscal 2026— de la exención en el Impuesto a las Ganancias para el locador, se suman los mecanismos de deducción vigentes para el locatario y, en determinados supuestos, también para el locador en ejercicios anteriores. Asimismo, el Monotributo contempla reglas particulares que inciden en el encuadre de la actividad. En tal contexto, el presente comentario aborda en forma sistemática el tratamiento fiscal integral de la locación habitacional, incorporando el análisis de las deducciones por alquileres, su evolución normativa y su impacto en la determinación del impuesto.

El régimen tributario aplicable a la locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, una configuración compleja en la que coexisten exenciones, deducciones y beneficios específicos según el sujeto interviniente y el tributo involucrado. A la exención en el Impuesto al Valor Agregado y a la incorporación —a partir del período fiscal 2026— de la exención en el Impuesto a las Ganancias para el locador, se suman los mecanismos de deducción vigentes para el locatario y, en determinados supuestos, también para el locador en ejercicios anteriores. Asimismo, el Monotributo contempla reglas particulares que inciden en el encuadre de la actividad. En tal contexto, el presente comentario aborda en forma sistemática el tratamiento fiscal integral de la locación habitacional, incorporando el análisis de las deducciones por alquileres, su evolución normativa y su impacto en la determinación del impuesto.

La locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, un tratamiento tributario particularmente diferenciado dentro del sistema fiscal argentino. A la exención prevista en el Impuesto al Valor Agregado para las locaciones destinadas exclusivamente a vivienda se suma, a partir de los ejercicios o años fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2026, la exención incorporada en el Impuesto a las Ganancias por la Ley 27.802 respecto de las rentas provenientes del alquiler de inmuebles con ese destino. Paralelamente, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes contiene previsiones específicas para la actividad locativa, tanto en materia de unidad de explotación como respecto del componente impositivo y previsional en determinados supuestos. En ese marco, el análisis del encuadre del propietario exige una visión integral que permita ponderar, en cada caso concreto, la incidencia del destino del inmueble, la cantidad de bienes locados, la existencia de otras actividades y el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la normativa vigente.

El presente trabajo analiza el Régimen General Simplificado del Impuesto a las Ganancias (RGS), destacando sus principales características, beneficios e implicancias prácticas para los contribuyentes. Se examinan, en particular, los efectos derivados de la presunción de exactitud, el efecto liberatorio del pago y la simplificación informativa, así como los riesgos asociados a su aplicación. Asimismo, se evalúa la conveniencia de adhesión en función del perfil del contribuyente —monotributistas y sujetos del régimen general—, considerando variables fiscales y patrimoniales, con especial atención a la formalización de activos y la trazabilidad de operaciones.

El presente trabajo examina el tratamiento contable del impuesto a las ganancias en el marco de la aplicación inicial de la Resolución Técnica N° 54 (RT 54), con especial énfasis en la posibilidad de discontinuar el método del impuesto diferido y adoptar el método del impuesto corriente. Se analizan los supuestos habilitantes según la categorización de la entidad, el alcance del criterio de “costo o esfuerzo desproporcionado”, y los efectos derivados del cambio de política contable bajo los enfoques retroactivo integral y simplificado. Asimismo, se desarrolla un caso práctico que permite dimensionar las implicancias en los estados contables y en la información comparativa, destacando su relevancia para la adecuada toma de decisiones y la transparencia informativa.

El presente comentario analiza las modificaciones introducidas por la Ley 27.799 al régimen de multas automáticas previsto en el artículo 38 de la Ley 11.683, con especial énfasis en la incorporación de mecanismos de aviso previo, la segmentación de plazos para la intimación administrativa y los beneficios de reducción de sanciones por cumplimiento espontáneo. Se examina el nuevo equilibrio entre automaticidad sancionatoria y garantías procedimentales, así como su impacto práctico en la gestión tributaria y en la prevención de contingencias fiscales.

El presente trabajo analiza el régimen simplificado de determinación del Impuesto a las Ganancias introducido por la Ley 27.799 —en el marco del denominado Régimen de Inocencia Fiscal—, su reglamentación por el Decreto 93/2026 y los lineamientos operativos derivados de su implementación. Se examinan los requisitos de acceso, las condiciones de permanencia, los efectos jurídicos derivados de la adhesión —especialmente la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago— y las implicancias prácticas en la relación fisco-contribuyente, destacando los desafíos interpretativos y operativos que presenta el nuevo esquema.

La Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, modifica varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y obliga a revisar los procedimientos de liquidación de haberes. Algunos cambios son inmediatos y visibles en el recibo; otros impactan en la estructura del paquete remunerativo y en la base de cálculo de aportes y contribuciones. A continuación, un repaso práctico de los puntos más relevantes.

El régimen simplificado de Ganancias permite facilitar la liquidación del impuesto y otorgar beneficios como la presunción de exactitud, sin embargo su conveniencia depende del perfil del contribuyente, en particular en el caso de empleados y monotributistas, donde pueden surgir ventajas operativas pero también riesgos asociados a inconsistencias, exclusiones o diferencias en períodos fiscales.

La implementación inicial de la RT 54 establece una secuencia obligatoria de análisis que comienza con la categorización de la entidad, continúa con la selección de políticas contables acordes y culmina con la definición del enfoque de transición; en ese marco, pueden generarse cambios en la medición y reconocimiento que impacten en el patrimonio neto, mientras que también se incorporan nuevas exigencias de revelación y criterios para la comparabilidad de la información.

De cara a los vencimientos de junio de 2026, se analizan algunos aspectos técnicos relevantes para la confección de la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2025, incluyendo criterios de valuación de activos, el impacto del REIBP y la vinculación del impuesto con el Régimen de Inocencia Fiscal.

El presente trabajo analiza las disposiciones contenidas en los artículos 189 a 196 de la Ley 27.802, que introducen modificaciones de diverso alcance al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto a las Ganancias y a los impuestos selectivos al consumo. En materia de IVA, la norma incorpora la provisión de energía eléctrica destinada al riego agroindustrial dentro del esquema de alícuota reducida del artículo 28 de la ley del gravamen. En el Impuesto a las Ganancias, las reformas comprenden la sustitución del índice de actualización de quebrantos —reemplazando el IPIM por el IPC y desvinculando la limitación histórica emergente del artículo 39 de la Ley 24.073—, la ampliación de exenciones aplicables a depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y a operaciones inmobiliarias vinculadas con la vivienda, la incorporación de un régimen optativo de valuación de existencias para establecimientos de engorde a corral, y la regulación de la residencia fiscal de extranjeros naturalizados por inversión. Finalmente, el Título XXV dispone la eliminación de determinados impuestos internos y la modificación del esquema de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico. La relevancia práctica del conjunto normativo reside tanto en su impacto sobre la determinación de los tributos en contextos inflacionarios como en la reconfiguración de incentivos sectoriales con vigencia diferenciada a partir de los ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025 y 2026, según corresponda.

El presente trabajo analiza las principales modificaciones introducidas por la Resolución Técnica N.° 54 de la FACPCE —Norma Unificada Argentina de Contabilidad (NUA)— en materia de presentación de los estados contables básicos. El autor examina las innovaciones vinculadas con el conjunto completo de estados contables, los cambios en la estructura y denominación de rubros del estado de situación patrimonial, la eliminación de la categoría de resultados extraordinarios en el estado de resultados, las alternativas de exposición de los resultados financieros y por tenencia, las nuevas modalidades de presentación del estado de evolución del patrimonio neto y las precisiones relativas al estado de flujos de efectivo. Asimismo, se destacan los modelos de presentación elaborados por el CENCyA como instrumentos interpretativos que facilitan la aplicación práctica de la norma.

El trabajo analiza el régimen informativo de Información Productiva II (IP2) previsto en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), destacando su carácter obligatorio para productores de granos y semillas en proceso de certificación, así como su relevancia operativa para la emisión de cartas de porte, registración de contratos y liquidaciones primarias de granos. Asimismo, se examinan los plazos de presentación y rectificación de la información, las consecuencias derivadas del incumplimiento del régimen y el procedimiento para modificar datos mediante presentaciones digitales. Finalmente, se comentan las principales novedades normativas introducidas por la Resolución General (ARCA) 5771/2025, que flexibiliza los parámetros de calificación del sistema y adecua los períodos de información productiva, así como las recientes reformas regulatorias que centralizan registros agroindustriales en el SISA y establecen nuevos procedimientos para la habilitación de plantas de almacenamiento y procesamiento de granos.

El trabajo analiza el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias incorporado por el Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 y reglamentado por el Decreto 93/2026 y la Resolución General (ARCA) 5820/2026. La autora examina su alcance subjetivo, los parámetros de ingresos y patrimonio exigidos para su adhesión, el procedimiento de opción en el “Sistema Registral” y la modalidad de determinación del impuesto mediante una declaración jurada precargada que prescinde de la información patrimonial y del cálculo del consumo. Asimismo, analiza los efectos jurídicos derivados de la adhesión —particularmente el efecto liberatorio del período base y la presunción de exactitud de los períodos no prescriptos—, las situaciones que configuran discrepancia significativa y la obligación de bancarización de las operaciones económicas.

La Ley N.° 27.799 introduce un cambio relevante en el paradigma de fiscalización tributaria al incorporar el denominado principio de “inocencia fiscal”, basado en la presunción de buena fe del contribuyente y en la segmentación del universo fiscal según niveles de riesgo. En tal contexto, se crea el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, se establece el denominado “tapón fiscal” para períodos anteriores, se modifican los plazos de prescripción en la Ley 11.683, se actualizan los montos de sanciones por infracciones formales y materiales y se introducen ajustes en el régimen penal tributario. La reforma procura orientar la fiscalización hacia conductas de mayor riesgo fiscal, al tiempo que simplifica el cumplimiento para contribuyentes considerados cumplidores.

El presente artículo inaugura una serie de trabajos de la misma autora dedicados al análisis integral de la Resolución Técnica N° 54 “Norma Unificada Argentina de Contabilidad” (NUA), abordando en esta primera entrega su estructura, objetivos, ámbito de aplicación y sistema de categorización de entidades, con especial referencia a su alcance práctico y a las implicancias técnicas derivadas de su implementación obligatoria en el marco de las normas contables profesionales argentinas.

El presente artículo inaugura una serie de trabajos del mismo autor dedicados al análisis integral de la Resolución Técnica 54 “Norma Unificada Argentina de Contabilidad” (NUA). En esta primera entrega se examina su entrada en vigencia obligatoria y su carácter estructural como culminación del proceso de unificación normativa consolidado por la RT 62. Se desarrolla su alcance, la articulación con las RT 56, 59 y 62, y su coexistencia con la RT 16 (Marco Conceptual) y la RT 26 (NIIF). Asimismo, se aborda en detalle el sistema de categorización obligatoria de entidades —pequeñas, medianas y resto— a partir de parámetros cualitativos y cuantitativos actualizados por FACPCE, junto con las implicancias prácticas de dicha clasificación, la posibilidad de aplicar políticas contables de categorías superiores y el rol interpretativo de la Interpretación 18 en cuestiones técnicas vinculadas con la determinación de ingresos y el encuadramiento.

Se desarrolla un análisis técnico-práctico de la Ley 27.799, destacando que la reforma implica un cambio de paradigma en el régimen penal tributario y en el procedimiento fiscal argentino. La autora explica que la norma actualiza significativamente los umbrales de punibilidad para adecuarlos al contexto inflacionario, introduce un mecanismo de actualización automática por UVA, redefine las causales de dispensa y extinción de la acción penal mediante el pago, incorpora supuestos reglados de no denuncia ante diferencias interpretativas o rectificaciones espontáneas, establece un régimen de prescripción abreviada para contribuyentes cumplidores condicionado a la inexistencia de “discrepancia significativa” y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada con efectos liberatorios. En este marco, el trabajo sostiene que la ley busca racionalizar el poder punitivo del Estado, fortalecer la seguridad jurídica y concentrar la persecución penal en conductas dolosas de significativa entidad económica.

La Ley 27.799, conjuntamente con el Decreto 93/2026, la RG ARCA 5820/2026 y las Instrucciones Generales ARCA 2/2026 y 3/2026, consolida un modelo de control tributario sustentado en automatización, segmentación de contribuyentes y explotación intensiva de datos financieros. La reforma impacta operativamente en los estudios contables al redefinir la dinámica de aplicación de multas formales, introducir la prescripción abreviada condicionada y habilitar un régimen opcional de declaración jurada simplificada en el Impuesto a las Ganancias, configurando un escenario que exige gestión preventiva del riesgo fiscal y monitoreo permanente de consistencia sistémica.

La reforma introducida por la Ley 27.799 en materia de prescripción tributaria no constituye una mera modificación técnica del procedimiento fiscal, sino que impacta directamente en la gestión financiera y estratégica de las pequeñas y medianas empresas. Comprender cómo opera el nuevo plazo reducido de tres años —en reemplazo del tradicional plazo quinquenal previsto en el art. 56 de la Ley 11.683— permite dimensionar su incidencia en el horizonte de riesgo fiscal, en la previsibilidad económica y en la estructuración de políticas internas de cumplimiento.

La Ley 27.799, reglamentada por el Decreto 93/2026, instituye un régimen optativo de declaración jurada simplificada en el Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes, condicionado al cumplimiento de parámetros objetivos de ingresos y patrimonio. El régimen introduce un esquema de determinación asistida, elimina la obligación de exteriorizar la composición patrimonial y prevé efectos liberatorios sujetos a la inexistencia de discrepancias significativas, configurando un nuevo paradigma de relación fisco-contribuyente basado en presunción de exactitud condicionada y canalización financiera formal.

La Resolución General (ARCA) 5824/2026 introdujo una importante y profunda reforma al régimen de emisión de comprobantes regulado por la Resolución General 1.415, eliminando  excepciones históricas, ampliando el universo de sujetos obligados y creando la figura del comprobante de liquidación electrónica mensual. La norma se inserta en el proceso de implementación de declaraciones juradas simplificadas en el impuesto a las ganancias y en el IVA, fortaleciendo la trazabilidad de la información fiscal y vinculando el régimen de facturación con el cómputo de deducciones personales. Su aplicación operativa respecto de los nuevos sujetos alcanzados rige para operaciones concertadas desde el 1 de julio de 2026.

El Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 instituye un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas residentes que cumplan determinados parámetros de ingresos, patrimonio y perfil fiscal. El Decreto 93/2026 reglamenta sus aspectos operativos, estableciendo la modalidad de declaración jurada precargada, el concepto de “período fiscal base”, el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud respecto de períodos no prescriptos, así como los supuestos de discrepancia significativa que habilitan la impugnación y la extensión de la fiscalización. La reforma introduce una técnica legislativa orientada a fortalecer el cumplimiento voluntario mediante incentivos sustantivos de seguridad jurídica.

La Instrucción General (ARCA) 2/2026 reglamenta el procedimiento para la aplicación segmentada y gradual de la multa del artículo 38 de la Ley 11.683, conforme su actualización por la Ley 27.799, introduciendo un esquema de advertencia previa y plazos de espera diferenciados según el perfil de riesgo fiscal del contribuyente. La modificación no altera la configuración legal de la infracción ni el régimen de reducción por pago voluntario y, asimismo, no extiende su alcance al resto de las sanciones previstas en la ley procedimental, las cuales conservan su régimen sustantivo y operativo propio.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene actualmente dos regímenes de facilidades de pago activos para regularizar las deudas correspondientes al período fiscal 2024 de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales: el plan permanente (RG 5321/2023) y el plan transitorio (RG 5711/2025, modificado por RG 5777/2025). La reciente ampliación de este último —que extendió su alcance a obligaciones vencidas al 31 de agosto e incluyó los impuestos anuales— lo posiciona como la alternativa más conveniente en términos financieros. Se analizan las diferencias clave entre ambos regímenes, las posibilidades de aplicación y la conveniencia de permitir la refinanciación de planes vigentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un cambio en el sistema IVA Simple, que simplifica la carga del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL/ITC) como pago a cuenta. Desde ahora, basta con cargar el importe total computable, sin necesidad de ingresar comprobantes individuales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que los agentes de liquidación y percepción del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias podrán ingresar, de manera excepcional, las sumas correspondientes al período comprendido entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025 hasta el 24 de septiembre inclusive. La prórroga fue establecida a través de la Resolución General 5758/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició esta semana la devolución de percepciones por consumos en moneda extranjera.