La nueva regulación apunta a bajar costos, acortar plazos y facilitar el financiamiento, sin afectar las obligaciones de transparencia y supervisión.

La Comisión Nacional de Valores dispuso una reforma integral del Régimen de Oferta Pública para las Emisoras, en el marco del proceso de desregulación y simplificación normativa que el organismo viene impulsando durante 2025. La medida se instrumentó mediante la Resolución General (CNV) 1095/2025 y constituye la quinta etapa de un proceso de flexibilización del marco regulatorio del mercado de capitales.

La reforma tiene como objetivo central simplificar y agilizar los procedimientos aplicables a las emisoras, eliminando cargas regulatorias obsoletas o innecesarias y reduciendo los costos y plazos asociados a la autorización de ofertas públicas. De este modo, se busca que las empresas puedan acceder al financiamiento en mejores condiciones y aprovechar con mayor rapidez las oportunidades del mercado.

En concreto, se simplifica de manera integral el Título II del régimen, con excepción de algunos capítulos que continúan en revisión, abarcando disposiciones vinculadas a acciones, asambleas, oferta pública, pequeñas y medianas empresas, entidades de garantía, CEDEARs y CEVAs, prospectos y reorganizaciones societarias. Esta modificación complementa normas dictadas con anterioridad que iniciaron el proceso de flexibilización para las emisoras.

La reforma elimina o reformula ocho regímenes completos, suprime quince anexos y deja sin efecto cinco informes de profesionales independientes que se exigían en distintos trámites. Asimismo, se incorporan más de quince disposiciones nuevas, se reorganiza la estructura del texto y se trasladan definiciones al título específico de conceptos generales, con el fin de mejorar la coherencia y claridad normativa.

Como resultado, la normativa aplicable al régimen de oferta pública para emisoras se reduce aproximadamente en un veinte por ciento, tanto en cantidad de artículos como en extensión. Según destacó la conducción del organismo, el nuevo esquema procura un equilibrio entre la simplificación regulatoria y el mantenimiento del rol de supervisión, las obligaciones de transparencia y la protección de los participantes del mercado, con el objetivo de favorecer el desarrollo del mercado de capitales y el financiamiento de la economía real.