La SRT aprobó nuevos protocolos obligatorios para estudios médicos, determinación de incapacidades y prestaciones en salud mental, vigentes desde el 2 de febrero de 2026.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictó dos resoluciones complementarias que reformulan de manera integral los criterios médicos y procedimentales aplicables a la determinación de incapacidades laborales y al otorgamiento de prestaciones en salud mental dentro del sistema de riesgos del trabajo.
Por un lado, mediante la Resolución 7/2026, se aprobó un nuevo Protocolo de Estudios Mínimos para la valoración del daño corporal y la determinación del grado de incapacidad resultante de contingencias laborales. Este régimen actualiza los estudios diagnósticos obligatorios y los requisitos de los informes médicos e interconsultas ante las Comisiones Médicas, en consonancia con la nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales vigente desde 2025. El objetivo central es asegurar rigor técnico, coherencia normativa y mayor celeridad en los trámites administrativos.
En este marco, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los Empleadores Autoasegurados quedan obligados a garantizar que los estudios complementarios de diagnóstico médico se realicen en forma previa o concomitante al alta médica, al fin del tratamiento o al cese de la incapacidad laboral temporaria por vencimiento del plazo legal, evitando demoras innecesarias en la determinación de incapacidades.
De manera complementaria, a través de la Resolución 8/2026, la SRT aprobó un nuevo Protocolo de Prestaciones en Salud Mental, de cumplimiento obligatorio para las ART y los empleadores autoasegurados en el otorgamiento de prestaciones en especie. Este protocolo incorpora un enfoque biopsicosocial, reconociendo la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales en la configuración del daño psíquico, y prioriza intervenciones tempranas, integrales y basadas en evidencia clínica.
La norma también introduce nuevos informes y formularios específicos para el tratamiento en salud mental y redefine los encuadres diagnósticos aplicables a determinadas secuelas psíquicas crónicas con seguimiento mínimo prestacional, sin afectar los derechos adquiridos bajo el régimen anterior. En paralelo, se derogan los protocolos previos en materia de estudios médicos mínimos y prestaciones psiquiátricas, con el fin de evitar superposiciones normativas y garantizar un marco regulatorio actualizado.
Ambas resoluciones se inscriben en los principios de celeridad, economía, eficacia y eficiencia administrativa, y buscan fortalecer la calidad de las prestaciones, la seguridad jurídica del sistema y la adecuada tutela de los derechos de los trabajadores. La entrada en vigencia está prevista para el 2 de febrero de 2026.
