La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que corresponde a dicho fuero intervenir en la acción declarativa promovida contra el Decreto 149/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional prohibió la imposición de aportes obligatorios a cámaras empresariales por parte de empleadores no afiliados en el marco de convenios colectivos de trabajo. El tribunal consideró que la pretensión tiene naturaleza administrativa y constitucional, en tanto se dirige a cuestionar la validez de un acto estatal general, y no una controversia estrictamente laboral, por lo que hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 y el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 27.802. El tribunal estableció que corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, en virtud de la materia federal involucrada, la presencia del Estado Nacional como parte y la aplicación inmediata de las normas que modifican la competencia judicial. Asimismo, reafirmó su potestad para dirimir este tipo de conflictos conforme el artículo 20 de la ley 26.854 y la doctrina de la Corte Suprema.

Se actualizan las tarifas sustitutivas aplicables al Convenio de Corresponsabilidad Gremial del sector forestal en la Provincia del Chaco, celebrado entre la UATRE y entidades representativas de la actividad, en el marco de la Ley 26.377. La medida ajusta los valores utilizados para la determinación y recaudación de los recursos de la seguridad social conforme a las nuevas escalas salariales fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y a las modificaciones en materia de contribuciones patronales.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convoca a sus integrantes a una sesión plenaria ordinaria para analizar la evolución de las remuneraciones mínimas del personal incluido en el Régimen especial de la Ley 26.844. La reunión se realizará el 30 de abril de 2026 a las 10 hs. El orden del día estará centrado en la evaluación salarial del sector, en el marco de las atribuciones de la Comisión para fijar las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares.

Se establece el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse en mayo de 2026, destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas administradas por ANSES, incluyendo titulares del SIPA, beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas. 

Se homologa el acuerdo salarial celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, entre otras entidades, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El acuerdo establece un incremento salarial escalonado del 5% sobre las remuneraciones básicas del C.C.T. 130/75, aplicable en abril, mayo y junio de 2026. Este incremento es de carácter remunerativo y se liquidará sobre los básicos de marzo de 2026.

El acuerdo establece que durante los meses de abril, mayo y junio de 2026, el personal comprendido en el CCT 454/06 recibirá una Gratificación Extraordinaria No Remunerativa (GENR), calculada sobre los salarios básicos de convenio de cada categoría al 1 de abril de 2026.

El acuerdo establece que a partir del 1 de abril de 2026 se reconocerán y abonarán sumas no remunerativas que serán consideradas para el cálculo de horas extras y otros adicionales. Estas sumas se incorporarán a los salarios básicos el 1 de julio de 2026.

El acuerdo establece nuevos salarios básicos conformados con vigencia a partir del 1 de abril de 2026, los cuales impactarán en los adicionales convencionales. Asimismo, se dispone una gratificación extraordinaria no remunerativa, pagadera en dos cuotas con los haberes de abril y mayo de 2026, sin incidencia en adicionales ni sujeción a aportes o contribuciones.

La Gerencia de Control Prestacional de la SRT actualiza a $1.724 el valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto 590/1997, destinada al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), para el devengado abril de 2026.

La Ley 27.742 (Ley Bases) derogó la sanción económica prevista por la falta de entrega de certificados laborales establecida en el artículo 45 de la Ley 25.345. No obstante, se mantiene vigente la obligación del empleador de entregar la documentación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, aunque sin la penalidad indemnizatoria automática a favor del trabajador.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que la detención de un trabajador configura una suspensión de hecho de la relación laboral, sin obligación de pago de salarios mientras dure la imposibilidad de prestar tareas. La situación no habilita automáticamente el despido con causa, salvo que el hecho imputado constituya una injuria grave en los términos legales. En ausencia de dicha configuración, el despido se considera sin causa y genera derecho a indemnización.

La Ley 27.802 modificó el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, estableciendo la obligatoriedad del pago de remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria. La normativa del Banco Central de la República Argentina permite que una caja de ahorro preexistente sea utilizada como cuenta sueldo, ya sea mediante su conversión o asignación para tal fin, sin necesidad de apertura de una nueva cuenta.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que la registración del trabajador debe efectuarse desde el inicio de la relación laboral. Cuando el alta se realiza fuera de término, aun consignando la fecha real de ingreso y regularizando aportes, se considera que el empleador ha renunciado al período de prueba previsto en el artículo 92 bis. En consecuencia, ante un despido, corresponde aplicar el régimen indemnizatorio pleno, sin los beneficios propios de dicho período.

La falta de registración de empleados configura una infracción grave con consecuencias tanto laborales como previsionales. En el ámbito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Resolución General 4465/2019 establece multas vinculadas a la Base Imponible Mínima de aportes previsionales, mientras que la Ley 11.683 regula sanciones adicionales por incumplimientos formales y materiales. La regularización espontánea puede reducir significativamente las penalidades aplicables.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que la indemnización por antigüedad en despidos sin causa se calcula sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual. A tal efecto, deben incluirse todas las sumas que constituyan contraprestación por el trabajo, aun cuando hayan sido calificadas como “no remunerativas” si en los hechos reúnen habitualidad y regularidad. La jurisprudencia ha consolidado el criterio de primacía de la realidad, excluyendo únicamente aquellos conceptos que no tengan carácter salarial o no sean habituales.

El acuerdo establece nuevas escalas salariales básicas para el CCT 120/75 a partir del 1 de abril de 2026, con revisiones previstas para agosto y noviembre de 2026 y enero de 2027.

El acuerdo establece nuevas escalas salariales básicas a partir del 1 de abril de 2026, aplicables a todos los trabajadores comprendidos en el CCT 42/89.

La Disposición (DNRYRT) 21/2026 homologa el acuerdo de escalas salariales celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y la Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 743/16.

Se homologa el acuerdo celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 459/06.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo adecua los datos mínimos de los Formularios A “Constancia de Alta Médica” y B “Constancia de Fin de Tratamiento”, a fin de incorporar referencias al nuevo marco regulatorio aplicable a la valoración de secuelas incapacitantes y a las prestaciones en salud mental.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional contra la medida cautelar que había suspendido la vigencia de numerosos artículos de la Ley 27.802, promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. En consecuencia, la decisión implica que la suspensión dispuesta en primera instancia queda sin efecto mientras se sustancia la apelación, reestableciendo la vigencia de las disposiciones cuestionadas. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 13 de la Ley 26.854, que establece como regla el efecto suspensivo cuando se trata de medidas cautelares que afectan normas de jerarquía legal, salvo supuestos excepcionales que no se verificaron en el caso.

Se establece la obligatoriedad de un reempadronamiento general para todas las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades en la jurisdicción, en el marco del régimen previsto por la Ley 3468, implementando para tal fin el Registro Informático de Empleadores (RIdE) como plataforma digital integral de registración y gestión laboral.

En el marco del conflicto suscitado entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal en la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dispuso la elevación de las actuaciones a la Cámara del fuero, conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley 26.854. El tribunal consideró que, ante un conflicto positivo de competencia entre jueces de distinto fuero, corresponde que la resolución sea adoptada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con independencia del tipo de proceso y del fuero que hubiera intervenido en primer término. Asimismo, se destacó que, pese al rechazo de la inhibitoria por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, subsiste el conflicto, lo que impone su remisión al tribunal de alzada competente.