Se establece un régimen general para los institutos de enseñanza pública de gestión privada, tanto comprendidos como no comprendidos en el sistema de financiamiento del Decreto 2542/1991 disponiéndose la obligación de informar anualmente a los padres o responsables los valores de matrícula y cuotas, las condiciones de pago y la cantidad de cuotas, y determinó que los aranceles no podrían modificarse durante el ciclo lectivo sin autorización previa de la autoridad competente.