La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había validado ajustes en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y el gravamen sobre salidas no documentadas, derivados de operaciones realizadas con un proveedor posteriormente incorporado a la Base APOC. El tribunal sostuvo que la sola circunstancia de que la inclusión del proveedor en dicha base hubiera ocurrido con posterioridad a las operaciones no impedía impugnar los créditos fiscales y gastos computados cuando existían múltiples indicios serios y concordantes que permitían cuestionar la realidad económica de las operaciones.

En la causa "BANCO MACRO SA c/ EN - AFIP - DGI s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA", la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicable la prohibición legal de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2018. El tribunal sostuvo que la imposibilidad de aplicar dicho ajuste implicaba una alícuota efectiva confiscatoria, conforme a la doctrina del precedente "Candy" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, rechazó los agravios de la demandada relativos a la validez del informe pericial contable y la aplicación del procedimiento administrativo previsto en la resolución general (DGI) n° 2224/1979.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había dejado sin efecto millonarios ajustes de IVA e Impuesto a las Ganancias practicados por la AFIP (actual ARCA) contra Nordelta S.A. y el Fideicomiso Nordelta. El Tribunal concluyó que la transferencia de lotes y la constitución de servidumbres sobre espacios comunes en barrios cerrados no configuran el hecho imponible de “obras sobre inmueble propio” previsto en la ley del IVA, ya que no existe una transferencia onerosa del dominio de dichos bienes. Asimismo, rechazó la aplicación de la figura de los “intereses presuntos” sobre préstamos entre sociedades vinculadas, al considerar acreditado que los fondos fueron destinados al desarrollo integral del emprendimiento inmobiliario y respondieron al interés empresarial de la sociedad controlante.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia que hizo lugar parcialmente al amparo promovido por un contribuyente contra ARCA por la limitación de su CUIT derivada de su inclusión en la Base de Contribuyentes No Confiables —base APOC—. El tribunal distinguió entre la inclusión en dicha base y la suspensión temporal de la CUIT, señalando que ambas medidas tienen distinta finalidad y efectos jurídicos. Si bien consideró que el amparo no era la vía idónea para revisar la legitimidad sustancial de la incorporación a la base APOC, entendió que la limitación de la CUIT no podía ejecutarse mientras se encontrara pendiente de resolución el reclamo administrativo previsto en el artículo 35, inciso h), de la Ley 11.683, que posee efecto suspensivo cuando se discute la suspensión de la condición de inscripto. En consecuencia, al no haber acreditado ARCA el dictado de un acto administrativo expreso que resolviera el reclamo del contribuyente, la Cámara tuvo por configurada una vía de hecho y ordenó mantener la rehabilitación provisoria de la CUIT hasta tanto recaiga resolución administrativa expresa. Asimismo, confirmó la imposición de costas por su orden.

La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había sometido a una sociedad anónima al régimen de fiscalización estatal permanente del artículo 299 inciso 2 de la Ley General de Sociedades, por contar con un capital social de exactamente $2.000.000.000.

La Sexta Cámara del Trabajo de Mendoza admitió el pedido de una empresa demandada para cancelar el capital de condena laboral en doce cuotas mensuales, en los términos del artículo 277 de la LCT, texto según Ley 27.802, por haber acreditado su condición de MiPyME y haber solicitado el beneficio dentro del plazo fijado en la sentencia, antes del inicio de la ejecución forzada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la condonación de pleno derecho de multas materiales prevista en el artículo 12 de la Ley 27.541 no exige el cumplimiento del requisito de repatriación de activos financieros situados en el exterior cuando la obligación tributaria principal había sido cancelada antes de la entrada en vigencia del régimen. El Tribunal sostuvo que la exigencia de repatriación prevista en el artículo 8° de la ley resulta aplicable únicamente a los supuestos de regularización de deudas mediante adhesión al régimen moratorio, pero no a la condonación automática de sanciones vinculadas con obligaciones ya canceladas. En consecuencia, rechazó la interpretación de la AFIP que pretendía extender ese requisito a un supuesto no contemplado expresamente por la norma.

En la causa 'Escobar c/ La Caja Aseguradora de Riesgos de Trabajo ART S.A.', la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la condena impuesta a la aseguradora por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La decisión se fundamentó en que la demanda de la actora se basaba exclusivamente en el derecho civil, sin que se hubieran planteado reclamos bajo la Ley de Riesgos del Trabajo. La Corte consideró que la aplicación de esta última ley por parte del tribunal inferior constituyó un exceso en el ejercicio de su jurisdicción, afectando las garantías constitucionales de la aseguradora.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que había suspendido provisoriamente la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por la Ley 26.854 para mantener una cautelar contra una ley sancionada por el Congreso Nacional, especialmente frente a la presunción de legitimidad de las normas y la complejidad del planteo de inconstitucionalidad formulado por la CGT. El fallo destaca que el análisis cautelar no puede convertirse en un adelanto de la sentencia definitiva ni reemplazar el examen profundo que requiere el control de constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral. Asimismo, el tribunal sostuvo que la amplitud de los temas involucrados —contratos individuales, negociación colectiva, huelga, tutela sindical, vacaciones, despidos y fondo de asistencia laboral, entre otros— excede el limitado marco cognoscitivo propio de una medida precautoria.

En la causa 'Quiroga Ponce Horacio José c/ EN - AFIP - DGI - Reso. 2550/22 y 571/19', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo de la demanda del actor, quien buscaba la nulidad de resoluciones que lo excluían del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. El tribunal sostuvo que el actor no logró demostrar la ilegitimidad de los actos administrativos impugnados, que se basaron en la falta de respaldo documental para las locaciones de inmuebles realizadas entre 2015 y 2016. Asimismo, se destacó que la normativa vigente exigía la emisión de comprobantes, lo cual no fue cumplido por el demandante.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el trabajador y confirmó la sentencia que condenó a la aseguradora a abonar prestaciones dinerarias derivadas de la incapacidad laboral temporaria. El Tribunal sostuvo que, si bien el crédito tiene origen en la Ley de Riesgos del Trabajo, corresponde aplicar normas de la Ley de Contrato de Trabajo en virtud de la remisión legal existente, lo que habilita la utilización de sus pautas también respecto de los accesorios del crédito. Asimismo, consideró aplicable de manera inmediata el régimen de actualización e intereses previsto en la Ley 27802, por tratarse de consecuencias no agotadas de la obligación. En consecuencia, declaró abstracto el planteo sobre el tope del art. 276 LCT introducido por el DNU 70/2023 y confirmó el fallo de Cámara al entender que el criterio aplicado resultaba sustancialmente coincidente con el nuevo régimen legal vigente.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que corresponde a dicho fuero intervenir en la acción declarativa promovida contra el Decreto 149/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional prohibió la imposición de aportes obligatorios a cámaras empresariales por parte de empleadores no afiliados en el marco de convenios colectivos de trabajo. El tribunal consideró que la pretensión tiene naturaleza administrativa y constitucional, en tanto se dirige a cuestionar la validez de un acto estatal general, y no una controversia estrictamente laboral, por lo que hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 y el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 27.802. El tribunal estableció que corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, en virtud de la materia federal involucrada, la presencia del Estado Nacional como parte y la aplicación inmediata de las normas que modifican la competencia judicial. Asimismo, reafirmó su potestad para dirimir este tipo de conflictos conforme el artículo 20 de la ley 26.854 y la doctrina de la Corte Suprema.

En la causa 'YPF S.A. c/ Chubut Provincia del s/ acción declarativa de certeza', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la pretensión fiscal de la Provincia del Chubut de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de la exportación de productos hidrocarburíferos industrializados en otra jurisdicción. La Corte fundamentó su decisión en la existencia de una discriminación tributaria que vulnera la cláusula comercial de la Constitución Nacional, al afectar el comercio interprovincial. Asimismo, se destacó que la interpretación del Convenio Multilateral por parte de la provincia demandada contraviene los principios de coordinación tributaria y equidad fiscal entre jurisdicciones.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional contra la medida cautelar que había suspendido la vigencia de numerosos artículos de la Ley 27.802, promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. En consecuencia, la decisión implica que la suspensión dispuesta en primera instancia queda sin efecto mientras se sustancia la apelación, reestableciendo la vigencia de las disposiciones cuestionadas. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 13 de la Ley 26.854, que establece como regla el efecto suspensivo cuando se trata de medidas cautelares que afectan normas de jerarquía legal, salvo supuestos excepcionales que no se verificaron en el caso.

En la causa “Central Puerto SA c/ EN-AFIP-DGI”, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a la AFIP reintegrar a la actora la suma de $33.264.583,41, correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, por no haberse aplicado el ajuste por inflación. El tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema, destacando la confiscatoriedad del tributo en cuestión debido a la falta de ajuste inflacionario, lo que generó una alícuota efectiva superior al 100%. Asimismo, se rechazaron los agravios de la demandada sobre la prescripción y la tasa de interés aplicable.

En la causa “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Dirección General Impositiva”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado determinaciones de oficio sobre impuestos. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho de defensa de la actora, al haberse rechazado la producción de pruebas que eran esenciales para acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, se ordenó la producción de las pruebas y se dispuso un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

En el marco del conflicto suscitado entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal en la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dispuso la elevación de las actuaciones a la Cámara del fuero, conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley 26.854. El tribunal consideró que, ante un conflicto positivo de competencia entre jueces de distinto fuero, corresponde que la resolución sea adoptada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con independencia del tipo de proceso y del fuero que hubiera intervenido en primer término. Asimismo, se destacó que, pese al rechazo de la inhibitoria por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, subsiste el conflicto, lo que impone su remisión al tribunal de alzada competente.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la resolución de primera instancia que había rechazado la medida cautelar solicitada por Finadiet S.A. y ordenó a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y/o a su Comité de Administración abstenerse de efectuar, respecto de la actora, las detracciones y retenciones previstas en las Resoluciones Generales (C.A.) 104/2004 y 6/2020, aplicadas a través de los sistemas SIRCREB y SIRPEI, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la acción colectiva promovida por la CGT contra el Estado Nacional, resolvió que la inhibitoria planteada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 no se encuentra firme, por no haber sido aún aceptada ni rechazada. En consecuencia, el planteo de competencia no produce efectos suspensivos ni desplaza la jurisdicción, manteniéndose la competencia del fuero laboral. Además, admitió la intervención de la Unión Industrial Argentina como tercero necesario en el proceso y se suspendió el desarrollo del proceso hasta la incorporación de los litigantes omitidos.

En la causa 'Monteverde SA c/ GCBA-AGIP-DGR', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la inconstitucionalidad de la alícuota diferencial del impuesto sobre los ingresos brutos establecida por la Ley N° 5.723. El tribunal argumentó que la aplicación de una alícuota mayor a empresas radicadas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vulnera el principio de igualdad y la libertad de elección de los contribuyentes en el ejercicio de sus actividades económicas. En consecuencia, se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, manteniendo la decisión de primera instancia que favoreció a la actora.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 dispuso el sobreseimiento total de los imputados en una causa por evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social y retención indebida de aportes de empleados, al aplicar retroactivamente la Ley 27.799. La reforma elevó significativamente los umbrales de punibilidad —a $7.000.000 para evasión y $3.500.000 para retención indebida por cada período mensual—, lo que determinó que los montos imputados no alcanzaran el mínimo legal exigido. En consecuencia, el tribunal consideró que las conductas resultaban atípicas y extinguió la acción penal conforme al principio de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal) y la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal”.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dispuso el sobreseimiento de un imputado acusado de evasión tributaria agravada mediante el uso de facturas apócrifas, al considerar aplicable retroactivamente la Ley 27.799 (“Ley de Inocencia Fiscal”), que elevó el monto mínimo de punibilidad de $1.500.000 a $100.000.000. Dado que el monto presuntamente evadido resultaba significativamente inferior al nuevo umbral legal, el tribunal entendió que la conducta había perdido relevancia penal por ausencia de tipicidad. En consecuencia, aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal), en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal, y dispuso el sobreseimiento con costas por su orden.

La Suprema Corte de Buenos Aires confirmó en lo sustancial la multa impuesta a Repartos Ya S.A. por infracciones laborales detectadas en inspecciones sobre repartidores vinculados a la plataforma, al considerar válida la actuación del Ministerio de Trabajo y la aplicación de la presunción de laboralidad respecto de quienes prestaban servicios reconocidos por la empresa. Sin embargo, revocó parcialmente la sentencia en relación con ocho personas respecto de las cuales la firma negó toda vinculación, al sostener que en esos casos no corresponde aplicar automáticamente la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y que la existencia del vínculo debía ser probada por quien la invocaba. Por ello, ordenó reenviar la causa al tribunal de origen, con nueva integración, para que dicte un nuevo pronunciamiento limitado a ese aspecto.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos extraordinarios interpuestos por Rappi Argentina S.A.S. y confirmó la validez de la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo provincial por infracciones a la normativa laboral y de la seguridad social. El Tribunal consideró insuficientes los agravios planteados por la empresa, convalidó la actuación administrativa y judicial previa, y sostuvo que la autoridad laboral posee facultades para interpretar la existencia de relaciones laborales en el ejercicio del poder de policía. Asimismo, ratificó la aplicación de la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y la legitimidad de la multa determinada.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y declaró la competencia de dicho fuero para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la CGT contra diversos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La magistrada entendió que, al tratarse de una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional y centrada en normas de derecho público —incluyendo la modificación del régimen de competencia judicial—, corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, excluyendo a la justicia laboral. En consecuencia, se ordenó requerir la remisión del expediente en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 o su elevación para dirimir la contienda.

En la causa 'Pernod Ricard Argentina S.R.L. c/ Santa Fe, Provincia', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 6° y 7° de la ley local 3650, que establecían alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos según la radicación industrial. El tribunal fundamentó su decisión en la violación del principio de igualdad y en la creación de una 'aduana interior', lo que obstaculizaba el comercio interprovincial. En consecuencia, se hizo lugar a la demanda de la actora y se ordenó la cesación de la aplicación de dichas alícuotas discriminatorias.

En la causa 'Armando Pettorossi e Hijos SA c/Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había admitido el acogimiento de la actora al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por la ley 27.743. El tribunal consideró que el Fisco Nacional no había presentado objeciones válidas en el momento oportuno para cuestionar el acogimiento, lo que llevó a desestimar el recurso interpuesto por la parte demandada.

En la causa Zannoner Eugenio Hector c/ Dirección General Impositiva, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala I) confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que había revocado la exclusión del actor del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), así como la determinación de IVA y Ganancias y las multas aplicadas por la AFIP. El tribunal sostuvo que la actividad desarrollada —representante técnico ascensorista— posee carácter individual e indelegable, por lo que encuadra en la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 19 del Decreto 885/98 (modificado por el Decreto 485/2000), que dispensa del requisito de contar con una cantidad mínima de empleados. En consecuencia, consideró inválida la exclusión del régimen basada en el incumplimiento de dicho requisito. Asimismo, reafirmó el criterio restrictivo respecto del control judicial sobre la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal, y desestimó los agravios del Fisco por carecer de crítica concreta y razonada.