En la causa 'Quiroga Ponce Horacio José c/ EN - AFIP - DGI - Reso. 2550/22 y 571/19', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo de la demanda del actor, quien buscaba la nulidad de resoluciones que lo excluían del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. El tribunal sostuvo que el actor no logró demostrar la ilegitimidad de los actos administrativos impugnados, que se basaron en la falta de respaldo documental para las locaciones de inmuebles realizadas entre 2015 y 2016. Asimismo, se destacó que la normativa vigente exigía la emisión de comprobantes, lo cual no fue cumplido por el demandante.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el trabajador y confirmó la sentencia que condenó a la aseguradora a abonar prestaciones dinerarias derivadas de la incapacidad laboral temporaria. El Tribunal sostuvo que, si bien el crédito tiene origen en la Ley de Riesgos del Trabajo, corresponde aplicar normas de la Ley de Contrato de Trabajo en virtud de la remisión legal existente, lo que habilita la utilización de sus pautas también respecto de los accesorios del crédito. Asimismo, consideró aplicable de manera inmediata el régimen de actualización e intereses previsto en la Ley 27802, por tratarse de consecuencias no agotadas de la obligación. En consecuencia, declaró abstracto el planteo sobre el tope del art. 276 LCT introducido por el DNU 70/2023 y confirmó el fallo de Cámara al entender que el criterio aplicado resultaba sustancialmente coincidente con el nuevo régimen legal vigente.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que corresponde a dicho fuero intervenir en la acción declarativa promovida contra el Decreto 149/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional prohibió la imposición de aportes obligatorios a cámaras empresariales por parte de empleadores no afiliados en el marco de convenios colectivos de trabajo. El tribunal consideró que la pretensión tiene naturaleza administrativa y constitucional, en tanto se dirige a cuestionar la validez de un acto estatal general, y no una controversia estrictamente laboral, por lo que hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 y el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 27.802. El tribunal estableció que corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, en virtud de la materia federal involucrada, la presencia del Estado Nacional como parte y la aplicación inmediata de las normas que modifican la competencia judicial. Asimismo, reafirmó su potestad para dirimir este tipo de conflictos conforme el artículo 20 de la ley 26.854 y la doctrina de la Corte Suprema.

En la causa 'YPF S.A. c/ Chubut Provincia del s/ acción declarativa de certeza', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la pretensión fiscal de la Provincia del Chubut de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de la exportación de productos hidrocarburíferos industrializados en otra jurisdicción. La Corte fundamentó su decisión en la existencia de una discriminación tributaria que vulnera la cláusula comercial de la Constitución Nacional, al afectar el comercio interprovincial. Asimismo, se destacó que la interpretación del Convenio Multilateral por parte de la provincia demandada contraviene los principios de coordinación tributaria y equidad fiscal entre jurisdicciones.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional contra la medida cautelar que había suspendido la vigencia de numerosos artículos de la Ley 27.802, promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. En consecuencia, la decisión implica que la suspensión dispuesta en primera instancia queda sin efecto mientras se sustancia la apelación, reestableciendo la vigencia de las disposiciones cuestionadas. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 13 de la Ley 26.854, que establece como regla el efecto suspensivo cuando se trata de medidas cautelares que afectan normas de jerarquía legal, salvo supuestos excepcionales que no se verificaron en el caso.

En la causa “Central Puerto SA c/ EN-AFIP-DGI”, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a la AFIP reintegrar a la actora la suma de $33.264.583,41, correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, por no haberse aplicado el ajuste por inflación. El tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema, destacando la confiscatoriedad del tributo en cuestión debido a la falta de ajuste inflacionario, lo que generó una alícuota efectiva superior al 100%. Asimismo, se rechazaron los agravios de la demandada sobre la prescripción y la tasa de interés aplicable.

En la causa “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Dirección General Impositiva”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado determinaciones de oficio sobre impuestos. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho de defensa de la actora, al haberse rechazado la producción de pruebas que eran esenciales para acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, se ordenó la producción de las pruebas y se dispuso un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

En el marco del conflicto suscitado entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal en la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dispuso la elevación de las actuaciones a la Cámara del fuero, conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley 26.854. El tribunal consideró que, ante un conflicto positivo de competencia entre jueces de distinto fuero, corresponde que la resolución sea adoptada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con independencia del tipo de proceso y del fuero que hubiera intervenido en primer término. Asimismo, se destacó que, pese al rechazo de la inhibitoria por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, subsiste el conflicto, lo que impone su remisión al tribunal de alzada competente.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la resolución de primera instancia que había rechazado la medida cautelar solicitada por Finadiet S.A. y ordenó a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y/o a su Comité de Administración abstenerse de efectuar, respecto de la actora, las detracciones y retenciones previstas en las Resoluciones Generales (C.A.) 104/2004 y 6/2020, aplicadas a través de los sistemas SIRCREB y SIRPEI, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la acción colectiva promovida por la CGT contra el Estado Nacional, resolvió que la inhibitoria planteada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 no se encuentra firme, por no haber sido aún aceptada ni rechazada. En consecuencia, el planteo de competencia no produce efectos suspensivos ni desplaza la jurisdicción, manteniéndose la competencia del fuero laboral. Además, admitió la intervención de la Unión Industrial Argentina como tercero necesario en el proceso y se suspendió el desarrollo del proceso hasta la incorporación de los litigantes omitidos.

En la causa 'Monteverde SA c/ GCBA-AGIP-DGR', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la inconstitucionalidad de la alícuota diferencial del impuesto sobre los ingresos brutos establecida por la Ley N° 5.723. El tribunal argumentó que la aplicación de una alícuota mayor a empresas radicadas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vulnera el principio de igualdad y la libertad de elección de los contribuyentes en el ejercicio de sus actividades económicas. En consecuencia, se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, manteniendo la decisión de primera instancia que favoreció a la actora.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 dispuso el sobreseimiento total de los imputados en una causa por evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social y retención indebida de aportes de empleados, al aplicar retroactivamente la Ley 27.799. La reforma elevó significativamente los umbrales de punibilidad —a $7.000.000 para evasión y $3.500.000 para retención indebida por cada período mensual—, lo que determinó que los montos imputados no alcanzaran el mínimo legal exigido. En consecuencia, el tribunal consideró que las conductas resultaban atípicas y extinguió la acción penal conforme al principio de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal) y la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal”.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dispuso el sobreseimiento de un imputado acusado de evasión tributaria agravada mediante el uso de facturas apócrifas, al considerar aplicable retroactivamente la Ley 27.799 (“Ley de Inocencia Fiscal”), que elevó el monto mínimo de punibilidad de $1.500.000 a $100.000.000. Dado que el monto presuntamente evadido resultaba significativamente inferior al nuevo umbral legal, el tribunal entendió que la conducta había perdido relevancia penal por ausencia de tipicidad. En consecuencia, aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal), en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal, y dispuso el sobreseimiento con costas por su orden.

La Suprema Corte de Buenos Aires confirmó en lo sustancial la multa impuesta a Repartos Ya S.A. por infracciones laborales detectadas en inspecciones sobre repartidores vinculados a la plataforma, al considerar válida la actuación del Ministerio de Trabajo y la aplicación de la presunción de laboralidad respecto de quienes prestaban servicios reconocidos por la empresa. Sin embargo, revocó parcialmente la sentencia en relación con ocho personas respecto de las cuales la firma negó toda vinculación, al sostener que en esos casos no corresponde aplicar automáticamente la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y que la existencia del vínculo debía ser probada por quien la invocaba. Por ello, ordenó reenviar la causa al tribunal de origen, con nueva integración, para que dicte un nuevo pronunciamiento limitado a ese aspecto.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos extraordinarios interpuestos por Rappi Argentina S.A.S. y confirmó la validez de la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo provincial por infracciones a la normativa laboral y de la seguridad social. El Tribunal consideró insuficientes los agravios planteados por la empresa, convalidó la actuación administrativa y judicial previa, y sostuvo que la autoridad laboral posee facultades para interpretar la existencia de relaciones laborales en el ejercicio del poder de policía. Asimismo, ratificó la aplicación de la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y la legitimidad de la multa determinada.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y declaró la competencia de dicho fuero para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la CGT contra diversos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La magistrada entendió que, al tratarse de una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional y centrada en normas de derecho público —incluyendo la modificación del régimen de competencia judicial—, corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, excluyendo a la justicia laboral. En consecuencia, se ordenó requerir la remisión del expediente en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 o su elevación para dirimir la contienda.

En la causa 'Pernod Ricard Argentina S.R.L. c/ Santa Fe, Provincia', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 6° y 7° de la ley local 3650, que establecían alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos según la radicación industrial. El tribunal fundamentó su decisión en la violación del principio de igualdad y en la creación de una 'aduana interior', lo que obstaculizaba el comercio interprovincial. En consecuencia, se hizo lugar a la demanda de la actora y se ordenó la cesación de la aplicación de dichas alícuotas discriminatorias.

En la causa 'Armando Pettorossi e Hijos SA c/Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había admitido el acogimiento de la actora al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por la ley 27.743. El tribunal consideró que el Fisco Nacional no había presentado objeciones válidas en el momento oportuno para cuestionar el acogimiento, lo que llevó a desestimar el recurso interpuesto por la parte demandada.

En la causa Zannoner Eugenio Hector c/ Dirección General Impositiva, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala I) confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que había revocado la exclusión del actor del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), así como la determinación de IVA y Ganancias y las multas aplicadas por la AFIP. El tribunal sostuvo que la actividad desarrollada —representante técnico ascensorista— posee carácter individual e indelegable, por lo que encuadra en la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 19 del Decreto 885/98 (modificado por el Decreto 485/2000), que dispensa del requisito de contar con una cantidad mínima de empleados. En consecuencia, consideró inválida la exclusión del régimen basada en el incumplimiento de dicho requisito. Asimismo, reafirmó el criterio restrictivo respecto del control judicial sobre la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal, y desestimó los agravios del Fisco por carecer de crítica concreta y razonada.

En la causa 'Inspección General de Justicia c/ GYC Comunicaciones SA', la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución de la IGJ que impuso una multa de $4.000.000 a la empresa y su presidenta por la falta de presentación de estados contables correspondientes a varios ejercicios. El tribunal consideró que la apelante no logró desvirtuar la sanción, a pesar de argumentar imposibilidad material para presentar la documentación requerida debido a su incautación en un proceso penal. Asimismo, se evaluó la proporcionalidad de la multa en relación a la gravedad de la falta cometida.

En la causa colectiva promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Estado Nacional, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo n.° 63 revocó por contrario imperio la medida cautelar innovativa que había suspendido la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802. El juez señaló que, si bien el 30 de marzo de 2026 había dispuesto una cautelar de alcance federal respecto de la mayoría de los artículos impugnados, un nuevo análisis sobre el impacto concreto del artículo 55 lo llevó a modificar su decisión provisional. Destacó que la cautelar inicialmente dictada podía perjudicar a trabajadores de determinadas jurisdicciones donde la doctrina legal vigente prevé mecanismos de actualización de créditos laborales menos favorables que el esquema contemplado por esa norma. Sobre esa base, entendió que mantener la suspensión general del artículo 55 podía contrariar la tutela de los propios sujetos protegidos por el proceso. Por ello, dejó sin efecto la suspensión cautelar de esa disposición y estableció que cada jurisdicción deberá juzgar la pertinencia de aplicar los artículos 54 y 55 de la Ley 27.802 en los procesos en trámite, difiriendo el examen de fondo para la sentencia definitiva.

En la causa 'Burgos Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios calle Cuenca 2379 s/ despido', el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 21 declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802, que permitía el fraccionamiento de los créditos laborales. El tribunal fundamentó su decisión en la violación de principios constitucionales y derechos humanos, destacando que el tratamiento diferenciado hacia los acreedores laborales resulta discriminatorio y confiscatorio. En consecuencia, se resolvió que el crédito reconocido debía ser abonado en un único pago, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva.

En la causa 'Pajón, Francisco Agapito s/ incidente de verificación de crédito', la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había desestimado el carácter laboral del crédito del trabajador. El tribunal consideró que la indemnización por accidente de trabajo, aunque derivada de un contrato de seguros, debe ser tratada como un crédito laboral, otorgándole así los privilegios correspondientes en el marco de la ley concursal. En consecuencia, se ordenó el reconocimiento de intereses compensatorios devengados tras la quiebra de la aseguradora.

En la causa 'Prete, Pablo y otros s/ incidente de recurso extraordinario', la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. La Corte destacó que los tribunales no pueden apartarse del principio de sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones en la aplicación de las penas. En consecuencia, se dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había modificado las penas impuestas en el caso de asociación ilícita fiscal.

En la causa 'Biondi María Luz - TF 49573-I c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que admitió el cómputo de créditos fiscales por operaciones realizadas antes de que la actora fuera responsable inscripta en el IVA. El tribunal consideró que exigir la discriminación del IVA en los comprobantes resultaba irrazonable, dado que los proveedores no estaban obligados a hacerlo en el contexto de la condición de monotributista de la actora. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la demandada y se confirmaron las costas a su cargo.

En la causa 'Rosemberg Adrián Alberto c/ Universidad Tecnológica Nacional', la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó los reclamos de salarios caídos e indemnización por despido interpuestos por el actor. El tribunal fundamentó su decisión en la naturaleza de la relación contractual, que se encuadró en locaciones de servicios y no en un vínculo laboral dependiente. Asimismo, se destacó la falta de estabilidad en el empleo y la ausencia de prueba que acredite la existencia de una relación laboral encubierta.

En la causa 'Tedeshi, Mara Yael del Valle c/ AFIP-DGI', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la exclusión de la actora del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) por parte de la AFIP-DGI. La decisión se basa en la constatación de irregularidades en la emisión de facturas, específicamente por utilizar comprobantes con CAI vencido, lo que constituye una causal de exclusión según la normativa vigente. Asimismo, se desestimaron los agravios presentados por la actora, quien no logró demostrar la arbitrariedad de la resolución administrativa impugnada.

En la causa "Chiari Cesar Ulises c/ Ruben Teodoro Casares y/o Q.R.R. y propietario de cabañas hospedaje 'Rancho Pelo Largo' s/ indemnización laboral", el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor. La decisión revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había rechazado la extensión de la condena a un tercero, argumentando que no había sido parte en el proceso principal. El tribunal fundamentó que la continuidad de la explotación del establecimiento justifica la extensión de la responsabilidad, garantizando así el derecho del trabajador a cobrar su indemnización.