La consulta analiza si los empleadores del régimen de la construcción comprendidos en la Ley 22.250 pueden utilizar la modalidad de contratación 710 para acceder al Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral (RIFL).

La consulta analiza si los sujetos que comienzan a actuar como empleadores pueden acceder al Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral (RIFL) respecto de los primeros trabajadores registrados.

La consulta analiza si las altas de trabajadores efectuadas desde el 1/05/2026 pueden rectificarse para incorporar el código de modalidad de contratación 710 del Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral (RIFL).

La consulta analiza el alcance de la obligación de canalizar operaciones mediante medios formales prevista en el Decreto 93/2026 y la RG (ARCA) 5820/2026 para los contribuyentes adheridos al régimen de declaración jurada simplificada. La respuesta abordada señala que existen actualmente distintas interpretaciones respecto del uso de efectivo, dado que la reglamentación parece exigir que la percepción y cancelación de operaciones se realice directamente a través del sistema financiero formal. También se indica que la cuestión no fue aún aclarada expresamente por ARCA y que subsisten las limitaciones previstas por la Ley 25.345 respecto del cómputo fiscal de pagos en efectivo.

La consulta analiza el tratamiento fiscal de una participación en una LLC del exterior que no tuvo aportes iniciales ni actividad durante el ejercicio. La respuesta abordada indica que la participación igualmente debe informarse tanto en el Impuesto sobre los Bienes Personales como en el Impuesto a las Ganancias. En Ganancias, puede declararse un valor simbólico cuando el aplicativo no admita importes nulos, mientras que en Bienes Personales la valuación debe efectuarse conforme al valor patrimonial proporcional existente al cierre, aun cuando el capital aportado haya sido inexistente.

La consulta analiza el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias de la venta de un inmueble situado en Uruguay adquirido antes del 1 de enero de 2018 por una persona humana residente en Argentina. La respuesta abordada señala que el resultado de la operación no se encuentra alcanzado por el impuesto, debido a la disposición transitoria incorporada por la Ley 27.430, que limitó el gravamen a inmuebles adquiridos desde dicha fecha. Asimismo, se indica que el régimen cedular del artículo 99 de la ley resulta aplicable únicamente a inmuebles ubicados en Argentina y que el ITI tampoco corresponde respecto de inmuebles situados en el exterior.

Se consulta cuál es el criterio aplicable para practicar el ajuste por inflación impositivo dinámico respecto de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, particularmente si corresponde ajustar todos los movimientos del ejercicio o únicamente las tenencias que permanecen en cartera al cierre del período fiscal.

La consulta se refiere a la posibilidad de computar la deducción de la ganancia mínima no imponible cuando el contribuyente no tiene cancelados todos los aportes de autónomos del ejercicio. La respuesta abordada indica que dicha deducción personal no está condicionada al pago de autónomos, ya que ese requisito aplica únicamente para el cómputo de la deducción especial vinculada a rentas de actividad independiente.

La consulta analiza el tratamiento de la deducción especial del Impuesto a las Ganancias en el caso de contribuyentes que perciben simultáneamente rentas de cuarta categoría y rentas de tercera categoría. La respuesta abordada señala que el importe computable debe determinarse conforme al artículo 30, inciso c), de la ley y su reglamentación, considerando especialmente el monto de las rentas de cuarta categoría y la correcta clasificación de los ingresos en el aplicativo.

Se analiza el tratamiento del saldo originado por la cancelación de anticipos del Impuesto a las Ganancias mediante el cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Se concluye que dicho crédito no genera saldo de libre disponibilidad, sino que mantiene un carácter restringido, utilizable únicamente contra obligaciones futuras del mismo impuesto. En cambio, las retenciones de Ganancias sí pueden originar saldo de libre disponibilidad.

Se analiza la operatoria del régimen de Ganancias Simplificada en cuanto a la posibilidad de adherir, visualizar los datos precargados y el impuesto determinado sin presentar la declaración jurada, y posteriormente desistir de la opción. Se concluye que la normativa permite desistir en cualquier momento antes de la presentación, e incluso el ingreso al régimen general mediante la presentación de la DDJJ implica el desistimiento automático.

Se analiza la procedencia de solicitar la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias cuando el impuesto determinado en el período base se encuentra distorsionado por un resultado extraordinario, como la venta de un inmueble. Se concluye que la normativa permite ajustar los anticipos cuando se proyecta fundadamente que el impuesto del período siguiente será significativamente menor, debiendo sustentarse la solicitud en criterios de razonabilidad, habitualidad de resultados y documentación respaldatoria suficiente.

Se analiza el criterio de categorización de las rentas en el Impuesto a las Ganancias, en particular cuando un mismo contribuyente obtiene ingresos de distinta naturaleza. Se destaca que, tratándose de actividades desarrolladas bajo estructura empresaria, las rentas generadas por bienes afectados a dicha explotación se integran en la tercera categoría, desplazando el tratamiento autónomo de otras categorías como la primera.

Se analiza el tratamiento fiscal aplicable a un menor de edad que adquiere la titularidad de un inmueble rural destinado a arrendamiento. Se concluye que el menor reviste la condición de contribuyente en los impuestos que graven dicha renta y patrimonio, debiendo inscribirse ante ARCA con CUIT propio. Las obligaciones fiscales —determinación, presentación y pago— son cumplidas por su representante legal en carácter de responsable por deuda ajena, mediante declaraciones juradas independientes de las del tutor.

La Ley 27.742 (Ley Bases) derogó la sanción económica prevista por la falta de entrega de certificados laborales establecida en el artículo 45 de la Ley 25.345. No obstante, se mantiene vigente la obligación del empleador de entregar la documentación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, aunque sin la penalidad indemnizatoria automática a favor del trabajador.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que la detención de un trabajador configura una suspensión de hecho de la relación laboral, sin obligación de pago de salarios mientras dure la imposibilidad de prestar tareas. La situación no habilita automáticamente el despido con causa, salvo que el hecho imputado constituya una injuria grave en los términos legales. En ausencia de dicha configuración, el despido se considera sin causa y genera derecho a indemnización.

La Ley 27.802 modificó el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, estableciendo la obligatoriedad del pago de remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria. La normativa del Banco Central de la República Argentina permite que una caja de ahorro preexistente sea utilizada como cuenta sueldo, ya sea mediante su conversión o asignación para tal fin, sin necesidad de apertura de una nueva cuenta.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que la registración del trabajador debe efectuarse desde el inicio de la relación laboral. Cuando el alta se realiza fuera de término, aun consignando la fecha real de ingreso y regularizando aportes, se considera que el empleador ha renunciado al período de prueba previsto en el artículo 92 bis. En consecuencia, ante un despido, corresponde aplicar el régimen indemnizatorio pleno, sin los beneficios propios de dicho período.

La falta de registración de empleados configura una infracción grave con consecuencias tanto laborales como previsionales. En el ámbito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Resolución General 4465/2019 establece multas vinculadas a la Base Imponible Mínima de aportes previsionales, mientras que la Ley 11.683 regula sanciones adicionales por incumplimientos formales y materiales. La regularización espontánea puede reducir significativamente las penalidades aplicables.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que la indemnización por antigüedad en despidos sin causa se calcula sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual. A tal efecto, deben incluirse todas las sumas que constituyan contraprestación por el trabajo, aun cuando hayan sido calificadas como “no remunerativas” si en los hechos reúnen habitualidad y regularidad. La jurisprudencia ha consolidado el criterio de primacía de la realidad, excluyendo únicamente aquellos conceptos que no tengan carácter salarial o no sean habituales.

Se analiza el procedimiento aplicable cuando, habiéndose emitido el Formulario 1359, queda un saldo del Impuesto a las Ganancias sin retener por parte del empleador. Se concluye que el trabajador puede cancelar dicho saldo mediante un VEP bajo el mecanismo de autorretención voluntaria —sin necesidad de inscribirse— o, alternativamente, inscribirse en el impuesto y presentar la declaración jurada anual bajo el régimen general, ingresando el saldo resultante.

Se analiza la posibilidad de utilizar el crédito del impuesto a los débitos y créditos bancarios de períodos anteriores para cancelar anticipos del Impuesto a las Ganancias, así como su tratamiento en ejercicios con quebranto. Se concluye que los saldos no utilizados pueden trasladarse a ejercicios futuros y aplicarse a anticipos, y que su cómputo como pago a cuenta no depende del resultado fiscal del período sino de la categorización del contribuyente (micro, pequeña, mediana o general), siendo del 33% con carácter general y pudiendo alcanzar el 100% para micro y pequeñas empresas.

Se analiza si los fondos exteriorizados bajo el régimen de “Inocencia Fiscal” pueden destinarse a una sociedad, ya sea mediante préstamo o aporte de capital, incluyendo el caso de entidades del exterior. Se concluye que, en principio, el régimen no restringe el destino de los fondos, siempre que se cumplan las condiciones de bancarización y trazabilidad. Sin embargo, en operaciones con sociedades extranjeras deben considerarse adicionalmente aspectos cambiarios, fiscales internacionales y de prevención de lavado, lo que exige un análisis integral del caso.

Se analiza el caso de un contribuyente que, tras facturar una operación significativa como responsable inscripto, intenta adherirse al Monotributo bajo una actividad distinta. Se concluye que, conforme a la Ley 24.977, los ingresos brutos deben computarse en forma global por contribuyente —sin distinción de actividades— a efectos de la categorización y permanencia en el régimen. En consecuencia, los ingresos facturados previamente integran el parámetro de los últimos 12 meses, pudiendo generar exclusión o impedir la adhesión, aun cuando exista un cambio de actividad o se invoque un “nuevo inicio”.

Se analiza el encuadre tributario de las inversiones realizadas a nombre de menores de edad, particularmente en cuentas comitentes habilitadas por normativa de la CNV. Se concluye que el menor es el sujeto contribuyente tanto en el Impuesto a las Ganancias como en Bienes Personales, debiendo declarar las rentas y bienes a su nombre. Los padres o representantes legales actúan únicamente como responsables por deuda ajena, cumpliendo las obligaciones formales sin incorporar dichos activos o ingresos en sus propias declaraciones juradas.

Se analiza el efecto de la incorporación de un nuevo local comercial con contrato de alquiler en el régimen de Monotributo. Se concluye que el parámetro “alquileres devengados” debe evaluarse en forma acumulada considerando los últimos 12 meses, por lo que el exceso individual de un nuevo contrato no obliga a una recategorización inmediata, salvo que configure una causal de exclusión. La adecuación corresponde efectuarse en la recategorización semestral.

Se analiza el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias de los importes percibidos en un juicio laboral con sentencia favorable por despido indirecto. Se concluye que las indemnizaciones derivadas de la desvinculación laboral no se encuentran gravadas, salvo en el caso de cargos directivos o ejecutivos. Asimismo, se aclara que los conceptos remunerativos o accesorios sí pueden quedar alcanzados y sujetos a retención, la cual debe practicarse en el marco del pago judicial conforme al régimen vigente.

Se analiza la determinación del ajuste por inflación impositivo en sociedades simples y su imputación a los socios. Se concluye que el ajuste —tanto estático como dinámico— se calcula a nivel de la sociedad como un único resultado impositivo, sin segmentación por socio, y luego se atribuye íntegramente según la participación societaria, sin considerar consumos individuales.

Se analiza el alcance del cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, ante un cambio de categorización MiPyME durante el ejercicio. Se concluye que el beneficio del cómputo del 100% se mantiene hasta el mes inclusive en que se conserva la condición de pequeña empresa, y que a partir de su pérdida corresponde aplicar el porcentaje general. En el anticipo, debe considerarse el crédito acumulado hasta el mes anterior al vencimiento, diferenciando los porcentajes según el período en que se generó el impuesto.

Se analiza el tratamiento en el Impuesto sobre los Bienes Personales de un inmueble adquirido mediante cesión de derechos de boleto de compraventa, cuando no se ha otorgado la escritura traslativa de dominio al cierre del período fiscal. Se concluye que, conforme a la normativa vigente, la posesión del bien al 31 de diciembre resulta suficiente para su incorporación al patrimonio del cesionario, aun sin escritura, debiendo declararse como inmueble.