El artículo analiza el alcance de los controles que deben realizar los contribuyentes al recibir comprobantes de sus proveedores, especialmente frente al riesgo de que estos sean posteriormente incorporados por ARCA a bases de sujetos o comprobantes no confiables. Se examinan la constatación de la autorización fiscal de las facturas, la consulta de proveedores observados, la verificación de la CBU utilizada para el pago y la conservación de la documentación comercial respaldatoria. Asimismo, se destaca que el cumplimiento de controles formales no reemplaza la necesidad de acreditar la existencia, efectiva ejecución y trazabilidad económica de la operación cuando esta es cuestionada por el organismo fiscal.

El artículo analiza la obligación de emitir comprobantes por los honorarios correspondientes al ejercicio de funciones de director de sociedades anónimas a partir del 1° de julio de 2026, como consecuencia de la eliminación de la excepción anteriormente prevista en el Anexo I de la Resolución General 1415. Se examina el alcance de las modificaciones introducidas por las Resoluciones Generales (ARCA) 5824 y 5866, el momento en que nace la obligación de facturar, la incidencia de la asignación individual de los honorarios y el tratamiento de los retiros efectuados a cuenta. Asimismo, se precisan los comprobantes que corresponde emitir según la condición fiscal del director y se destaca que el cambio reviste carácter exclusivamente formal, sin alterar la exención en el impuesto al valor agregado ni el encuadre de las retribuciones como rentas de cuarta categoría en el impuesto a las ganancias.

El artículo analiza el régimen de determinación tributaria sobre base presunta previsto en el artículo 18 de la Ley 11.683 y los límites que el nuevo marco de Inocencia Fiscal proyecta sobre su utilización para acreditar la existencia de una discrepancia significativa. En particular, se examina la exclusión de los incrementos patrimoniales no justificados y de los depósitos bancarios superiores a los ingresos declarados, así como la imposibilidad de emplear las restantes presunciones como fundamento exclusivo de dicha discrepancia. La modificación no suprime las facultades de estimación indirecta de ARCA, pero exige que las conclusiones fiscales se sustenten en una valoración integral de la información declarada, los datos disponibles en los sistemas del organismo y los elementos aportados por terceros.

Las recientes acciones de control electrónico de ARCA sobre comprobantes emitidos por proveedores incluidos en bases de contribuyentes no confiables reabren el debate acerca del verdadero alcance probatorio de la factura electrónica. En este análisis se examina el procedimiento aplicado por el organismo, las alternativas que tiene el contribuyente frente a un requerimiento, la importancia de acreditar la realidad económica de las operaciones mediante documentación respaldatoria y las posibles consecuencias tanto en el Impuesto al Valor Agregado como en el Impuesto a las Ganancias, incluyendo su eventual vinculación con el régimen de Salidas No Documentadas.

Las recientes intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas ponen de manifiesto que ARCA continúa profundizando los controles sistémicos sobre el cumplimiento de las obligaciones formales. En este análisis se examina cómo funciona actualmente el procedimiento de detección de incumplimientos, qué diferencias existen según el segmento asignado al contribuyente, cuáles son los plazos de espera antes de la registración de la multa y de qué manera puede accederse a la reducción del 50% prevista en el artículo 38 de la Ley 11.683 cuando la regularización se realiza dentro de los plazos establecidos.

El presente trabajo analiza el tratamiento de las rentas de cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias, abordando las distintas manifestaciones del trabajo personal comprendidas por la ley, tanto en relación de dependencia como en el ejercicio independiente de profesiones, oficios y actividades específicas. Asimismo, desarrolla los criterios para la determinación de la ganancia bruta y neta, el tratamiento de los beneficios en especie, las sumas derivadas de desvinculaciones laborales, las deducciones admitidas y las reglas de imputación temporal, brindando una visión integral de uno de los regímenes más relevantes para trabajadores, profesionales y empleadores.

El presente trabajo analiza el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que modifica el Régimen Simplificado de Ganancias incorporado por la Ley 27.799. La iniciativa amplía el universo de contribuyentes habilitados para adherir, redefine el concepto de discrepancia significativa, incorpora mecanismos de regularización voluntaria mediante declaraciones juradas rectificativas, limita el uso de determinadas presunciones fiscales y refuerza las garantías de permanencia dentro del régimen. Asimismo, introduce reglas de trazabilidad de operaciones, disposiciones vinculadas con la prevención del lavado de activos y beneficios asociados a la regularización de contingencias fiscales, configurando una reformulación integral del esquema originalmente previsto.

El trabajo analiza el tratamiento tributario aplicable a los retiros de fondos efectuados por accionistas y socios, abordando la interacción entre el régimen de dividendos fictos previsto en el artículo 50 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y el régimen de disposición de fondos regulado en el artículo 76. A partir de una interpretación sistemática de la ley y de su decreto reglamentario, se explica por qué ambos mecanismos no constituyen alternativas excluyentes sino instancias sucesivas de análisis, donde la existencia y magnitud de las utilidades acumuladas de la sociedad resultan determinantes para definir qué porción del retiro queda alcanzada por el impuesto cedular sobre dividendos y qué parte genera intereses presuntos. Asimismo, se desarrollan ejemplos prácticos que permiten visualizar el funcionamiento de estas reglas y los efectos fiscales que producen sobre los accionistas y sobre la sociedad.

El trabajo analiza si las personas humanas se encuentran obligadas a practicar el ajuste por inflación impositivo previsto en el Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias. A partir del examen de los artículos 53 y 105 de la ley, se explica que la procedencia del mecanismo no depende de la condición jurídica del contribuyente sino del encuadre fiscal de la actividad desarrollada. En particular, se aborda el tratamiento de las empresas unipersonales y se distinguen los supuestos en los que corresponde aplicar el ajuste respecto de aquellos en los que las personas humanas obtienen rentas de primera, segunda o cuarta categoría.

El trabajo analiza el tratamiento de las rentas comprendidas en la primera categoría del Impuesto a las Ganancias, abordando los principales aspectos vinculados con la determinación de la denominada renta del suelo. Se examinan las rentas alcanzadas, las reglas de imputación por el criterio de lo devengado, el tratamiento de las rentas presuntas y del valor locativo, las exenciones incorporadas a partir de 2026 para alquileres destinados a casa habitación y determinadas operaciones inmobiliarias, así como las deducciones admitidas por la ley, incluyendo amortizaciones, intereses, impuestos y gastos de mantenimiento. Asimismo, se desarrollan situaciones particulares como condominios, sublocaciones y mejoras efectuadas por locatarios, brindando una visión integral de las normas aplicables a la determinación de la ganancia neta de primera categoría.

El documento analiza las nuevas exenciones incorporadas al Impuesto a las Ganancias por la Ley 27.802 y reglamentadas por el Decreto 406/2026, referidas a las rentas provenientes de la locación de inmuebles destinados a casa habitación y a los resultados obtenidos por la venta de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles comprendidos en el artículo 99 de la ley. Se examinan los requisitos, alcances temporales y subjetivos de los beneficios, las precisiones introducidas por la reglamentación y las diferencias de tratamiento entre personas humanas, sucesiones indivisas y otros sujetos. Asimismo, se abordan los principales interrogantes interpretativos que subsisten respecto del alcance de las exenciones, especialmente en materia de alquileres habitacionales, y su impacto en la aplicación práctica del régimen tributario vigente.

El artículo analiza el régimen del Impuesto sobre los Bienes Personales aplicable a acciones y participaciones societarias, cuyo ingreso corresponde efectuar a las sociedades y demás sujetos obligados en carácter de responsables sustitutos. Se examinan los aspectos centrales de la determinación de la base imponible, la valuación del patrimonio neto, el tratamiento de sociedades con cierres especiales, las participaciones pertenecientes a sujetos del exterior, la posibilidad de compensar el impuesto con saldos a favor de libre disponibilidad y las particularidades aplicables a fideicomisos y sociedades constituidas durante el período fiscal.

En el presente documento, la autora analiza el tratamiento fiscal aplicable a los títulos públicos y privados del exterior cuando el rendimiento económico puede materializarse mediante la venta anticipada del bono o a través del cobro de su amortización. En particular, se examinan las diferencias existentes entre el resultado por compraventa gravado a la alícuota cedular del 15% y los rendimientos financieros sujetos a la escala progresiva del impuesto a las ganancias, destacándose la importancia de evaluar la tasa efectiva del contribuyente y las reglas específicas sobre intereses corridos previstas en el Decreto Reglamentario.

El trabajo analiza el tratamiento impositivo aplicable a las inversiones de personas humanas en CEDEARs y títulos del exterior, examinando sus diferencias conceptuales y fiscales tanto en el Impuesto a las Ganancias como en el Impuesto sobre los Bienes Personales. En particular, se desarrollan los criterios de fuente de la renta, el tratamiento de los rendimientos y resultados por venta, así como la incidencia de la titularidad directa del activo subyacente y la ubicación de los bienes al cierre del período fiscal. Asimismo, se destacan las diferencias prácticas entre ambos instrumentos en materia de exención, gravabilidad y valuación patrimonial.

Noelia Girardi analiza el tratamiento de las inversiones financieras en el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2025 para personas humanas, abordando los criterios de ubicación de bienes en el país y en el exterior, las principales exenciones previstas por la ley y las reglas aplicables para la valuación de distintos instrumentos financieros. Asimismo, examina el impacto del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) y la relevancia que mantiene la correcta determinación patrimonial a efectos del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

El creciente desarrollo del mercado financiero y la mayor participación de personas humanas en instrumentos de inversión obligan a revisar con especial detenimiento el tratamiento impositivo de la denominada “renta financiera” en el Impuesto a las Ganancias. La correcta identificación de la fuente de la renta, la naturaleza del instrumento financiero, el tipo de resultado obtenido y la existencia de exenciones específicas adquieren una relevancia central al momento de confeccionar las declaraciones juradas del período fiscal 2025. El presente trabajo analiza los principales criterios de encuadre, imputación, determinación del costo computable y tratamiento fiscal aplicable a las inversiones financieras más habituales, incorporando además un cuadro práctico comparativo entre rentas de fuente argentina y extranjera.

El tratamiento impositivo de los títulos públicos presenta particularidades relevantes dentro de la liquidación del Impuesto a las Ganancias de sociedades, especialmente en materia de valuación al cierre, reconocimiento de resultados por tenencia, determinación del costo computable y ajuste por inflación impositivo. En el presente análisis se desarrollan los principales aspectos normativos aplicables a estos instrumentos financieros, diferenciándolos de otras inversiones como los Fondos Comunes de Inversión, y se exponen casos prácticos que permiten visualizar el impacto fiscal derivado de su medición a valor corriente y de su tratamiento dentro del régimen de ajuste por inflación impositivo.

El presente comentario analiza el tratamiento fiscal aplicable a las cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión en cabeza de sociedades, con especial foco en la confección de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025. Se examina la tensión existente entre el criterio contable de valuación a valor razonable y el principio impositivo de realización, así como sus implicancias en la determinación del resultado fiscal, el ajuste por inflación impositivo y el régimen de quebrantos específicos. Se abordan asimismo los criterios de determinación del costo computable, la aplicación del método FIFO y su impacto en contextos inflacionarios, ilustrándose mediante casos prácticos que evidencian las principales contingencias y ajustes requeridos.

El presente comentario analiza los principales beneficios fiscales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con especial referencia a las bonificaciones aplicables al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, los incentivos para nuevos contribuyentes, jóvenes y personas con discapacidad, la exención para profesionales universitarios, la moratoria con vencimiento el 30 de abril de 2026, la devolución exprés de saldos a favor, las modificaciones en Sellos y la migración obligatoria al sistema miBA nivel 3.

El trabajo examina los principales aspectos que deben revisarse en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2025 de las sociedades que mantienen inversiones financieras, poniendo el foco en la necesaria distinción entre valuación impositiva al cierre, costo computable en caso de enajenación e incidencia en el ajuste por inflación impositivo. A partir de un abordaje sistemático de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se destacan las reglas diferenciales aplicables según la naturaleza del instrumento —FCI, acciones, fideicomisos financieros, CEDEARs, títulos públicos y obligaciones negociables—, así como la improcedencia de trasladar sin mayor análisis los criterios contables al plano fiscal. La cuestión presenta especial relevancia práctica en la medida en que una incorrecta clasificación o valuación de estas tenencias puede distorsionar la determinación de la ganancia neta imponible y generar contingencias fiscales.

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 242/2026, establece un esquema de promoción dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas —y determinadas entidades sin fines de lucro— orientado a incentivar inversiones productivas mediante beneficios fiscales condicionados. El presente trabajo analiza el alcance subjetivo del régimen, los requisitos de acceso, el concepto de inversión elegible, los montos mínimos exigidos, el criterio de puesta en marcha y el funcionamiento de los beneficios —en particular la devolución del crédito fiscal de IVA—, así como las principales exclusiones y el estado actual de implementación, destacando la relevancia práctica de la reglamentación operativa pendiente para su efectiva aplicación.

El régimen tributario aplicable a la locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, una configuración compleja en la que coexisten exenciones, deducciones y beneficios específicos según el sujeto interviniente y el tributo involucrado. A la exención en el Impuesto al Valor Agregado y a la incorporación —a partir del período fiscal 2026— de la exención en el Impuesto a las Ganancias para el locador, se suman los mecanismos de deducción vigentes para el locatario y, en determinados supuestos, también para el locador en ejercicios anteriores. Asimismo, el Monotributo contempla reglas particulares que inciden en el encuadre de la actividad. En tal contexto, el presente comentario aborda en forma sistemática el tratamiento fiscal integral de la locación habitacional, incorporando el análisis de las deducciones por alquileres, su evolución normativa y su impacto en la determinación del impuesto.

El régimen tributario aplicable a la locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, una configuración compleja en la que coexisten exenciones, deducciones y beneficios específicos según el sujeto interviniente y el tributo involucrado. A la exención en el Impuesto al Valor Agregado y a la incorporación —a partir del período fiscal 2026— de la exención en el Impuesto a las Ganancias para el locador, se suman los mecanismos de deducción vigentes para el locatario y, en determinados supuestos, también para el locador en ejercicios anteriores. Asimismo, el Monotributo contempla reglas particulares que inciden en el encuadre de la actividad. En tal contexto, el presente comentario aborda en forma sistemática el tratamiento fiscal integral de la locación habitacional, incorporando el análisis de las deducciones por alquileres, su evolución normativa y su impacto en la determinación del impuesto.

La locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, un tratamiento tributario particularmente diferenciado dentro del sistema fiscal argentino. A la exención prevista en el Impuesto al Valor Agregado para las locaciones destinadas exclusivamente a vivienda se suma, a partir de los ejercicios o años fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2026, la exención incorporada en el Impuesto a las Ganancias por la Ley 27.802 respecto de las rentas provenientes del alquiler de inmuebles con ese destino. Paralelamente, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes contiene previsiones específicas para la actividad locativa, tanto en materia de unidad de explotación como respecto del componente impositivo y previsional en determinados supuestos. En ese marco, el análisis del encuadre del propietario exige una visión integral que permita ponderar, en cada caso concreto, la incidencia del destino del inmueble, la cantidad de bienes locados, la existencia de otras actividades y el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la normativa vigente.

El presente trabajo analiza el régimen simplificado de determinación del Impuesto a las Ganancias introducido por la Ley 27.799 —en el marco del denominado Régimen de Inocencia Fiscal—, su reglamentación por el Decreto 93/2026 y los lineamientos operativos derivados de su implementación. Se examinan los requisitos de acceso, las condiciones de permanencia, los efectos jurídicos derivados de la adhesión —especialmente la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago— y las implicancias prácticas en la relación fisco-contribuyente, destacando los desafíos interpretativos y operativos que presenta el nuevo esquema.

De cara a los vencimientos de junio de 2026, se analizan algunos aspectos técnicos relevantes para la confección de la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2025, incluyendo criterios de valuación de activos, el impacto del REIBP y la vinculación del impuesto con el Régimen de Inocencia Fiscal.

La Ley 27.799, reglamentada por el Decreto 93/2026, instituye un régimen optativo de declaración jurada simplificada en el Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes, condicionado al cumplimiento de parámetros objetivos de ingresos y patrimonio. El régimen introduce un esquema de determinación asistida, elimina la obligación de exteriorizar la composición patrimonial y prevé efectos liberatorios sujetos a la inexistencia de discrepancias significativas, configurando un nuevo paradigma de relación fisco-contribuyente basado en presunción de exactitud condicionada y canalización financiera formal.