El presente trabajo analiza el estado de situación normativa derivado de la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y su interacción con la medida cautelar dictada el 30 de marzo de 2026 en el marco de la causa “CGT c/ Estado Nacional”. Se examina el alcance de la suspensión judicial de determinados artículos, la vigencia residual del régimen reformado y las implicancias prácticas para la liquidación de haberes, la documentación laboral y los sistemas de registración. En tal sentido, se procura delimitar criterios de prudencia técnica en un contexto de inestabilidad normativa, identificando los institutos plenamente operativos, aquellos sujetos a reglamentación y los alcanzados por cuestionamiento judicial.

El presente comentario analiza las modificaciones introducidas por la Ley 27.799 al régimen de multas automáticas previsto en el artículo 38 de la Ley 11.683, con especial énfasis en la incorporación de mecanismos de aviso previo, la segmentación de plazos para la intimación administrativa y los beneficios de reducción de sanciones por cumplimiento espontáneo. Se examina el nuevo equilibrio entre automaticidad sancionatoria y garantías procedimentales, así como su impacto práctico en la gestión tributaria y en la prevención de contingencias fiscales.