Se deroga el Decreto 2417/1993, que regulaba la presentación y autorización previa de matrículas y cuotas en los establecimientos de enseñanza de gestión privada, con el fin de eliminar los mecanismos de control estatal sobre los aranceles educativos, devolviendo a las instituciones la facultad de fijar libremente sus precios en función de los costos operativos y las condiciones del mercado.

Se establece un régimen general para los institutos de enseñanza pública de gestión privada, tanto comprendidos como no comprendidos en el sistema de financiamiento del Decreto 2542/1991 disponiéndose la obligación de informar anualmente a los padres o responsables los valores de matrícula y cuotas, las condiciones de pago y la cantidad de cuotas, y determinó que los aranceles no podrían modificarse durante el ciclo lectivo sin autorización previa de la autoridad competente.