La consulta analiza el alcance de la obligación incorporada al artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo por la Ley 27.802, referida a la identificación en el recibo de haberes de las contribuciones y conceptos abonados por el empleador respecto de cada trabajador. La respuesta examina los posibles criterios interpretativos ante la ausencia de reglamentación específica, abordando qué conceptos podrían quedar comprendidos.

La consulta analiza si la antigüedad del empleador constituye un impedimento para acceder al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) respecto de nuevas relaciones laborales registradas dentro del período de vigencia del beneficio.

La consulta analiza el alcance temporal del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) respecto de las relaciones laborales que pueden acceder a la reducción de contribuciones patronales, particularmente en el caso de empleadores considerados “nuevos empleadores” desde el 10 de diciembre de 2025.

Se analiza la posible compatibilidad entre el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento. Asimismo, se estudia la situación de trabajadores monotributistas encubiertos que podrían regularizarse mediante el régimen de promoción del empleo registrado, destacándose la tensión normativa existente respecto de la posibilidad de acumular simultáneamente los beneficios del RIFL sobre relaciones laborales preexistentes.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que había suspendido provisoriamente la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por la Ley 26.854 para mantener una cautelar contra una ley sancionada por el Congreso Nacional, especialmente frente a la presunción de legitimidad de las normas y la complejidad del planteo de inconstitucionalidad formulado por la CGT. El fallo destaca que el análisis cautelar no puede convertirse en un adelanto de la sentencia definitiva ni reemplazar el examen profundo que requiere el control de constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral. Asimismo, el tribunal sostuvo que la amplitud de los temas involucrados —contratos individuales, negociación colectiva, huelga, tutela sindical, vacaciones, despidos y fondo de asistencia laboral, entre otros— excede el limitado marco cognoscitivo propio de una medida precautoria.

Se analiza si resulta aplicable el beneficio de reducción de contribuciones patronales del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) cuando existe un convenio de traspaso de personal entre empleadores.

Se analiza si el empleador puede consultar previamente si un trabajador registró empleo formal antes del 10 de diciembre de 2025 a los efectos de acceder al beneficio de reducción de contribuciones patronales del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).

La consulta analiza si los empleadores del régimen de la construcción comprendidos en la Ley 22.250 pueden utilizar la modalidad de contratación 710 para acceder al Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral (RIFL).

La consulta analiza si los sujetos que comienzan a actuar como empleadores pueden acceder al Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral (RIFL) respecto de los primeros trabajadores registrados.

La consulta analiza si las altas de trabajadores efectuadas desde el 1/05/2026 pueden rectificarse para incorporar el código de modalidad de contratación 710 del Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral (RIFL).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reglamenta el procedimiento operativo para la aplicación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), previsto en el Título XX de la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 315/2026. La norma establece las condiciones, formas y plazos para que los empleadores del sector privado accedan al beneficio de reducción de contribuciones patronales por nuevas relaciones laborales, fijando los mecanismos de registración, determinación e ingreso de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social.

Se reglamenta el Título XX de la Ley 27.802, que crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), estableciendo las condiciones operativas para la reducción de contribuciones patronales aplicable a nuevas relaciones laborales registradas entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El régimen alcanza a empleadores del sector privado que incorporen trabajadores sin empleo registrado previo al 10 de diciembre de 2025, desempleados en los últimos 6 meses, monotributistas o provenientes del sector público, y prevé beneficios durante los primeros 48 meses desde el alta.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 y el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 27.802. El tribunal estableció que corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, en virtud de la materia federal involucrada, la presencia del Estado Nacional como parte y la aplicación inmediata de las normas que modifican la competencia judicial. Asimismo, reafirmó su potestad para dirimir este tipo de conflictos conforme el artículo 20 de la ley 26.854 y la doctrina de la Corte Suprema.

La Ley 27.802 modificó el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, estableciendo la obligatoriedad del pago de remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria. La normativa del Banco Central de la República Argentina permite que una caja de ahorro preexistente sea utilizada como cuenta sueldo, ya sea mediante su conversión o asignación para tal fin, sin necesidad de apertura de una nueva cuenta.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional contra la medida cautelar que había suspendido la vigencia de numerosos artículos de la Ley 27.802, promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. En consecuencia, la decisión implica que la suspensión dispuesta en primera instancia queda sin efecto mientras se sustancia la apelación, reestableciendo la vigencia de las disposiciones cuestionadas. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 13 de la Ley 26.854, que establece como regla el efecto suspensivo cuando se trata de medidas cautelares que afectan normas de jerarquía legal, salvo supuestos excepcionales que no se verificaron en el caso.

En el marco del conflicto suscitado entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal en la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dispuso la elevación de las actuaciones a la Cámara del fuero, conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley 26.854. El tribunal consideró que, ante un conflicto positivo de competencia entre jueces de distinto fuero, corresponde que la resolución sea adoptada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con independencia del tipo de proceso y del fuero que hubiera intervenido en primer término. Asimismo, se destacó que, pese al rechazo de la inhibitoria por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, subsiste el conflicto, lo que impone su remisión al tribunal de alzada competente.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la acción colectiva promovida por la CGT contra el Estado Nacional, resolvió que la inhibitoria planteada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 no se encuentra firme, por no haber sido aún aceptada ni rechazada. En consecuencia, el planteo de competencia no produce efectos suspensivos ni desplaza la jurisdicción, manteniéndose la competencia del fuero laboral. Además, admitió la intervención de la Unión Industrial Argentina como tercero necesario en el proceso y se suspendió el desarrollo del proceso hasta la incorporación de los litigantes omitidos.

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 242/2026, establece un esquema de promoción dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas —y determinadas entidades sin fines de lucro— orientado a incentivar inversiones productivas mediante beneficios fiscales condicionados. El presente trabajo analiza el alcance subjetivo del régimen, los requisitos de acceso, el concepto de inversión elegible, los montos mínimos exigidos, el criterio de puesta en marcha y el funcionamiento de los beneficios —en particular la devolución del crédito fiscal de IVA—, así como las principales exclusiones y el estado actual de implementación, destacando la relevancia práctica de la reglamentación operativa pendiente para su efectiva aplicación.

La Ley 27.802 establece la obligatoriedad de abonar las remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria, conforme la modificación del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dado que la norma no prevé un régimen transitorio y reviste carácter de orden público, su aplicación es inmediata desde su entrada en vigencia (6/3/2026), alcanzando tanto a nuevas contrataciones como a relaciones laborales ya existentes. En consecuencia, desde dicha fecha, todos los empleadores deben adecuar la modalidad de pago, independientemente de cuándo se haya iniciado el vínculo laboral.

En el régimen de personal de casas particulares, el recibo de sueldo continúa siendo obligatorio, manteniéndose los requisitos formales de contenido establecidos por la normativa vigente, aun cuando se avanza hacia esquemas de registración electrónica. En cuanto al medio de pago, la ley establece que la remuneración debe abonarse en efectivo y, en caso de imposibilidad, mediante cheque o depósito en cuenta bancaria a nombre del trabajador. Las billeteras virtuales no se encuentran contempladas como medio de pago válido, por lo que su utilización no se ajusta al marco legal vigente.

La Ley 27.802 modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que las remuneraciones deben abonarse exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria, eliminando la posibilidad de pago en efectivo en el régimen general. No obstante, el régimen de personal de casas particulares (Ley 26.844) mantiene la validez del pago en efectivo, permitiéndolo como modalidad principal, con opción de bancarización en caso de imposibilidad. En consecuencia, la obligación de pago mediante cuenta bancaria no resulta aplicable a este régimen especial.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el pago de remuneraciones mediante acreditación bancaria debe realizarse en una cuenta sueldo a nombre del trabajador, con las condiciones específicas de gratuidad y disponibilidad previstas por la normativa. No resulta válido utilizar cualquier cuenta bancaria común, salvo que sea previamente reconvertida a cuenta sueldo por la entidad financiera. La reglamentación del BCRA permite transformar una cuenta existente en cuenta sueldo a solicitud del trabajador, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.

El régimen de reducción de contribuciones patronales para nuevas contrataciones, incorporado por la Ley 27.802 (RIFL), se encuentra formalmente vigente pero no resulta aplicable en la práctica. La norma establece alícuotas reducidas durante los primeros 48 meses de la relación laboral, sin embargo, su operatividad depende de la reglamentación por parte de ARCA y de su implementación en los sistemas de liquidación (F. 931), lo cual aún no ha ocurrido. En consecuencia, al momento de dar de alta a un trabajador, deben aplicarse las alícuotas generales vigentes hasta tanto se habilite el régimen.