La Ley 27.742 (Ley Bases) derogó la sanción económica prevista por la falta de entrega de certificados laborales establecida en el artículo 45 de la Ley 25.345. No obstante, se mantiene vigente la obligación del empleador de entregar la documentación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, aunque sin la penalidad indemnizatoria automática a favor del trabajador.

La falta de registración de empleados configura una infracción grave con consecuencias tanto laborales como previsionales. En el ámbito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Resolución General 4465/2019 establece multas vinculadas a la Base Imponible Mínima de aportes previsionales, mientras que la Ley 11.683 regula sanciones adicionales por incumplimientos formales y materiales. La regularización espontánea puede reducir significativamente las penalidades aplicables.

La Suprema Corte de Buenos Aires confirmó en lo sustancial la multa impuesta a Repartos Ya S.A. por infracciones laborales detectadas en inspecciones sobre repartidores vinculados a la plataforma, al considerar válida la actuación del Ministerio de Trabajo y la aplicación de la presunción de laboralidad respecto de quienes prestaban servicios reconocidos por la empresa. Sin embargo, revocó parcialmente la sentencia en relación con ocho personas respecto de las cuales la firma negó toda vinculación, al sostener que en esos casos no corresponde aplicar automáticamente la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y que la existencia del vínculo debía ser probada por quien la invocaba. Por ello, ordenó reenviar la causa al tribunal de origen, con nueva integración, para que dicte un nuevo pronunciamiento limitado a ese aspecto.

Se describe el procedimiento aplicable ante inspecciones del Ministerio de Trabajo en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, incluyendo las etapas de fiscalización, verificación registral, intimación a regularizar, audiencia de descargo y eventual imposición de sanciones. Asimismo, se detallan las alternativas del empleador frente a la multa, su posible reducción por regularización temprana y las consecuencias del incumplimiento, como la inclusión en el REPSAL y la determinación de deudas previsionales.