Se establece el período de suspensión del cómputo de plazos en procedimientos relacionados con tributos, aduanas y seguridad social ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conforme al régimen de ferias judiciales.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia que hizo lugar parcialmente al amparo promovido por un contribuyente contra ARCA por la limitación de su CUIT derivada de su inclusión en la Base de Contribuyentes No Confiables —base APOC—. El tribunal distinguió entre la inclusión en dicha base y la suspensión temporal de la CUIT, señalando que ambas medidas tienen distinta finalidad y efectos jurídicos. Si bien consideró que el amparo no era la vía idónea para revisar la legitimidad sustancial de la incorporación a la base APOC, entendió que la limitación de la CUIT no podía ejecutarse mientras se encontrara pendiente de resolución el reclamo administrativo previsto en el artículo 35, inciso h), de la Ley 11.683, que posee efecto suspensivo cuando se discute la suspensión de la condición de inscripto. En consecuencia, al no haber acreditado ARCA el dictado de un acto administrativo expreso que resolviera el reclamo del contribuyente, la Cámara tuvo por configurada una vía de hecho y ordenó mantener la rehabilitación provisoria de la CUIT hasta tanto recaiga resolución administrativa expresa. Asimismo, confirmó la imposición de costas por su orden.

La consulta analiza la procedencia de las multas automáticas previstas por la Ley 11.683 cuando las declaraciones juradas de IVA y Ganancias son presentadas con un día de atraso, el momento a partir del cual se computa el plazo para acceder a la reducción del 50% de la sanción y el tratamiento aplicable a la presentación extemporánea del balance mediante el servicio PUB.

El Ministerio de Seguridad Nacional crea la Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objeto de fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia e infraestructuras críticas vinculadas.

La Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero reglamentan aspectos operativos del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 242/2026, estableciendo el procedimiento para la registración de inversiones, la selección de beneficios y la gestión integral del régimen a través del “Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)” que implementará ARCA.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la condonación de pleno derecho de multas materiales prevista en el artículo 12 de la Ley 27.541 no exige el cumplimiento del requisito de repatriación de activos financieros situados en el exterior cuando la obligación tributaria principal había sido cancelada antes de la entrada en vigencia del régimen. El Tribunal sostuvo que la exigencia de repatriación prevista en el artículo 8° de la ley resulta aplicable únicamente a los supuestos de regularización de deudas mediante adhesión al régimen moratorio, pero no a la condonación automática de sanciones vinculadas con obligaciones ya canceladas. En consecuencia, rechazó la interpretación de la AFIP que pretendía extender ese requisito a un supuesto no contemplado expresamente por la norma.

Se analiza el criterio de categorización de las rentas en el Impuesto a las Ganancias, en particular cuando un mismo contribuyente obtiene ingresos de distinta naturaleza. Se destaca que, tratándose de actividades desarrolladas bajo estructura empresaria, las rentas generadas por bienes afectados a dicha explotación se integran en la tercera categoría, desplazando el tratamiento autónomo de otras categorías como la primera.

Se analiza el tratamiento fiscal aplicable a un menor de edad que adquiere la titularidad de un inmueble rural destinado a arrendamiento. Se concluye que el menor reviste la condición de contribuyente en los impuestos que graven dicha renta y patrimonio, debiendo inscribirse ante ARCA con CUIT propio. Las obligaciones fiscales —determinación, presentación y pago— son cumplidas por su representante legal en carácter de responsable por deuda ajena, mediante declaraciones juradas independientes de las del tutor.

En la causa “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Dirección General Impositiva”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado determinaciones de oficio sobre impuestos. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho de defensa de la actora, al haberse rechazado la producción de pruebas que eran esenciales para acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, se ordenó la producción de las pruebas y se dispuso un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.

Se analiza el régimen vigente de registración de contratos de locación en ARCA (RELI) tras la RG 5545/2024. Se concluye que la registración ya no resulta obligatoria con carácter general, sino únicamente para acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley 27.737. En ausencia de dicha finalidad, el registro es optativo.

En la causa 'Armando Pettorossi e Hijos SA c/Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había admitido el acogimiento de la actora al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por la ley 27.743. El tribunal consideró que el Fisco Nacional no había presentado objeciones válidas en el momento oportuno para cuestionar el acogimiento, lo que llevó a desestimar el recurso interpuesto por la parte demandada.

ARCA elimina del “Sistema Registral” el estado administrativo de la CUIT denominado “Limitado por incumplimiento a las Acciones de Control Electrónico”, adecuando la Resolución General 3.832 al nuevo esquema de fiscalización electrónica vigente. La modificación responde a la sustitución del SIACE por el “Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario”, implementado por la Resolución General 5.823, régimen que ya no prevé la limitación de la Clave Única de Identificación Tributaria por falta de respuesta a requerimientos electrónicos o fiscalizaciones electrónicas.

La Ley N.° 27.799 introduce un cambio relevante en el paradigma de fiscalización tributaria al incorporar el denominado principio de “inocencia fiscal”, basado en la presunción de buena fe del contribuyente y en la segmentación del universo fiscal según niveles de riesgo. En tal contexto, se crea el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, se establece el denominado “tapón fiscal” para períodos anteriores, se modifican los plazos de prescripción en la Ley 11.683, se actualizan los montos de sanciones por infracciones formales y materiales y se introducen ajustes en el régimen penal tributario. La reforma procura orientar la fiscalización hacia conductas de mayor riesgo fiscal, al tiempo que simplifica el cumplimiento para contribuyentes considerados cumplidores.

La consulta analiza si el impuesto sobre los Bienes Personales –acciones o participaciones– ingresado por la sociedad como responsable sustituto puede cancelarse mediante compensación con saldos a favor de IVA. Se concluye que la compensación es procedente siempre que el saldo sea de libre disponibilidad, exista identidad subjetiva entre el titular del crédito y el obligado al ingreso del impuesto, y no haya prohibición específica en la normativa del gravamen.

Se desarrolla un análisis técnico-práctico de la Ley 27.799, destacando que la reforma implica un cambio de paradigma en el régimen penal tributario y en el procedimiento fiscal argentino. La autora explica que la norma actualiza significativamente los umbrales de punibilidad para adecuarlos al contexto inflacionario, introduce un mecanismo de actualización automática por UVA, redefine las causales de dispensa y extinción de la acción penal mediante el pago, incorpora supuestos reglados de no denuncia ante diferencias interpretativas o rectificaciones espontáneas, establece un régimen de prescripción abreviada para contribuyentes cumplidores condicionado a la inexistencia de “discrepancia significativa” y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada con efectos liberatorios. En este marco, el trabajo sostiene que la ley busca racionalizar el poder punitivo del Estado, fortalecer la seguridad jurídica y concentrar la persecución penal en conductas dolosas de significativa entidad económica.

La Ley 27.799, conjuntamente con el Decreto 93/2026, la RG ARCA 5820/2026 y las Instrucciones Generales ARCA 2/2026 y 3/2026, consolida un modelo de control tributario sustentado en automatización, segmentación de contribuyentes y explotación intensiva de datos financieros. La reforma impacta operativamente en los estudios contables al redefinir la dinámica de aplicación de multas formales, introducir la prescripción abreviada condicionada y habilitar un régimen opcional de declaración jurada simplificada en el Impuesto a las Ganancias, configurando un escenario que exige gestión preventiva del riesgo fiscal y monitoreo permanente de consistencia sistémica.

La reforma introducida por la Ley 27.799 en materia de prescripción tributaria no constituye una mera modificación técnica del procedimiento fiscal, sino que impacta directamente en la gestión financiera y estratégica de las pequeñas y medianas empresas. Comprender cómo opera el nuevo plazo reducido de tres años —en reemplazo del tradicional plazo quinquenal previsto en el art. 56 de la Ley 11.683— permite dimensionar su incidencia en el horizonte de riesgo fiscal, en la previsibilidad económica y en la estructuración de políticas internas de cumplimiento.

Se analiza si la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de la Ley 27.799 produce un “tapón fiscal” respecto de períodos anteriores. Te contamos cómo funciona el efecto liberatorio del período base, en qué condiciones opera la presunción de exactitud y cuáles son los supuestos en los que el beneficio puede decaer.

Te contamos cómo funciona la baja impositiva por cese de actividades sin disolución societaria. Se analiza el alcance del trámite en el Sistema Registral, las obligaciones que subsisten y las limitaciones respecto de ciertos impuestos y regímenes de información.

Te contamos cómo queda el régimen de multas por falta de presentación tras la reforma introducida por la Ley 27.799 y su reglamentación. Se analiza el momento de configuración de la infracción, el plazo segmentado previo a la intimación y el alcance de la reducción del 50% por pago voluntario.

Te contamos cómo opera, según nuestro criterio interpretativo de la IG 2/2026 de ARCA, el nuevo régimen segmentado de multas por falta de presentación: se analiza el plazo previo a la intimación, el momento en que la multa se torna exigible y cuándo corresponde la reducción del 50% por pago voluntario dentro de los quince días.