La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba aprueba un nuevo marco reglamentario para la designación y actuación de veedores, inspectores y autoridades de presidencia en actos sociales de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones. La medida redefine el esquema de fiscalización administrativa, estableciendo pautas específicas para la intervención del organismo en asambleas, reuniones de órganos de administración y procesos de control.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba establece un régimen voluntario de anotación de instrumentos constitutivos para sociedades comprendidas en la Sección IV del Capítulo I de la Ley General de Sociedades y para simples asociaciones, brindando la posibilidad de inscribir modificaciones posteriores.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba modifica las Resoluciones Generales 50 T/2021 y 3 T/2023 para admitir documentos que contengan firmas ológrafas y digitales de forma conjunta, estableciendo que las firmas manuscritas deben incorporarse en primer término y luego las digitales, que deberán ser verificables según la Ley 25.506 de Firma Digital.

Se establece en la órbita de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba un registro destinado a iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas comprendidas en la Ley 21.745, que no integran la Iglesia Católica Apostólica Romana. La norma elimina la obligación de constituirse como asociación civil o fundación para poder rubricar libros contables conforme a lo dispuesto por los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial de la Nación, permitiendo que dichas organizaciones actúen bajo sus propios estatutos y accedan voluntariamente a la toma de razón.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba modifica los requisitos formales para la inscripción de sucursales de sociedades extranjeras en la provincia, adecuando su normativa a la Ley General de Sociedades, al régimen de incentivo a grandes inversiones y a los estándares de prevención del lavado de activos.