El presente trabajo analiza el estado de situación normativa derivado de la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y su interacción con la medida cautelar dictada el 30 de marzo de 2026 en el marco de la causa “CGT c/ Estado Nacional”. Se examina el alcance de la suspensión judicial de determinados artículos, la vigencia residual del régimen reformado y las implicancias prácticas para la liquidación de haberes, la documentación laboral y los sistemas de registración. En tal sentido, se procura delimitar criterios de prudencia técnica en un contexto de inestabilidad normativa, identificando los institutos plenamente operativos, aquellos sujetos a reglamentación y los alcanzados por cuestionamiento judicial.