La Subsecretaría de Comercio Exterior establece el procedimiento aplicable a la emisión de la Declaración de Origen por parte de exportadores argentinos, en el marco del Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR aprobado por la Ley 27.800. La norma reglamenta los requisitos para acreditar el origen preferencial de las mercaderías destinadas a la Unión Europea, habilitando un mecanismo de autodeclaración por parte del exportador con carácter de declaración jurada y gestionado íntegramente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Se difiere parcialmente hasta el 1° de junio de 2026 la aplicación plena de los incrementos remanentes en los montos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono correspondientes a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, derivados de las actualizaciones acumuladas de los años calendario 2024 y 2025.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que corresponde a dicho fuero intervenir en la acción declarativa promovida contra el Decreto 149/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional prohibió la imposición de aportes obligatorios a cámaras empresariales por parte de empleadores no afiliados en el marco de convenios colectivos de trabajo. El tribunal consideró que la pretensión tiene naturaleza administrativa y constitucional, en tanto se dirige a cuestionar la validez de un acto estatal general, y no una controversia estrictamente laboral, por lo que hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 y el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 27.802. El tribunal estableció que corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, en virtud de la materia federal involucrada, la presencia del Estado Nacional como parte y la aplicación inmediata de las normas que modifican la competencia judicial. Asimismo, reafirmó su potestad para dirimir este tipo de conflictos conforme el artículo 20 de la ley 26.854 y la doctrina de la Corte Suprema.

Se actualizan las tarifas sustitutivas aplicables al Convenio de Corresponsabilidad Gremial del sector forestal en la Provincia del Chaco, celebrado entre la UATRE y entidades representativas de la actividad, en el marco de la Ley 26.377. La medida ajusta los valores utilizados para la determinación y recaudación de los recursos de la seguridad social conforme a las nuevas escalas salariales fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y a las modificaciones en materia de contribuciones patronales.

Se establece una nueva licitación de deuda pública del Tesoro Nacional, que incluye la emisión de instrumentos en pesos de corto y mediano plazo, la ampliación de títulos previamente emitidos y la implementación de un esquema de conversión voluntaria de deuda vigente. La medida se enmarca en el programa financiero autorizado por la Ley de Presupuesto 2026 y las normas del sistema de crédito público.

La Comisión Nacional de Valores modifica integralmente el Título XIII de las Normas (N.T. 2013 y mod.) para reorganizar el procedimiento de denuncias, investigaciones, sumarios administrativos y publicidad de resoluciones disciplinarias, con el objetivo de simplificar la tramitación, reducir plazos operativos y actualizar reglas aplicables a la fiscalización del mercado de capitales.

Se aprueba el procedimiento para la emisión de resoluciones anticipadas de origen de mercaderías en operaciones de importación, en el marco del artículo 226 del Código Aduanero y de los compromisos asumidos por la República Argentina en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC y del MERCOSUR.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convoca a sus integrantes a una sesión plenaria ordinaria para analizar la evolución de las remuneraciones mínimas del personal incluido en el Régimen especial de la Ley 26.844. La reunión se realizará el 30 de abril de 2026 a las 10 hs. El orden del día estará centrado en la evaluación salarial del sector, en el marco de las atribuciones de la Comisión para fijar las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares.

Se establece el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse en mayo de 2026, destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas administradas por ANSES, incluyendo titulares del SIPA, beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas. 

Se homologa el acuerdo salarial celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, entre otras entidades, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Se analiza el tratamiento del saldo originado por la cancelación de anticipos del Impuesto a las Ganancias mediante el cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Se concluye que dicho crédito no genera saldo de libre disponibilidad, sino que mantiene un carácter restringido, utilizable únicamente contra obligaciones futuras del mismo impuesto. En cambio, las retenciones de Ganancias sí pueden originar saldo de libre disponibilidad.

Se analiza la operatoria del régimen de Ganancias Simplificada en cuanto a la posibilidad de adherir, visualizar los datos precargados y el impuesto determinado sin presentar la declaración jurada, y posteriormente desistir de la opción. Se concluye que la normativa permite desistir en cualquier momento antes de la presentación, e incluso el ingreso al régimen general mediante la presentación de la DDJJ implica el desistimiento automático.

Se analiza la procedencia de solicitar la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias cuando el impuesto determinado en el período base se encuentra distorsionado por un resultado extraordinario, como la venta de un inmueble. Se concluye que la normativa permite ajustar los anticipos cuando se proyecta fundadamente que el impuesto del período siguiente será significativamente menor, debiendo sustentarse la solicitud en criterios de razonabilidad, habitualidad de resultados y documentación respaldatoria suficiente.

Se analiza el criterio de categorización de las rentas en el Impuesto a las Ganancias, en particular cuando un mismo contribuyente obtiene ingresos de distinta naturaleza. Se destaca que, tratándose de actividades desarrolladas bajo estructura empresaria, las rentas generadas por bienes afectados a dicha explotación se integran en la tercera categoría, desplazando el tratamiento autónomo de otras categorías como la primera.

Se analiza el tratamiento fiscal aplicable a un menor de edad que adquiere la titularidad de un inmueble rural destinado a arrendamiento. Se concluye que el menor reviste la condición de contribuyente en los impuestos que graven dicha renta y patrimonio, debiendo inscribirse ante ARCA con CUIT propio. Las obligaciones fiscales —determinación, presentación y pago— son cumplidas por su representante legal en carácter de responsable por deuda ajena, mediante declaraciones juradas independientes de las del tutor.

La Gerencia de Control Prestacional de la SRT actualiza a $1.724 el valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto 590/1997, destinada al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), para el devengado abril de 2026.

La Comisión Nacional de Valores incorpora un régimen informativo mensual para los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), vinculado a indicadores financieros de liquidez y apalancamiento, tenencias diarias de moneda extranjera de cartera propia y nuevos lineamientos contables aplicables a la registración de saldos, garantías, financiaciones y operaciones con clientes, mercados, cámaras compensadoras e intermediarios del exterior.

La Ley 27.742 (Ley Bases) derogó la sanción económica prevista por la falta de entrega de certificados laborales establecida en el artículo 45 de la Ley 25.345. No obstante, se mantiene vigente la obligación del empleador de entregar la documentación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, aunque sin la penalidad indemnizatoria automática a favor del trabajador.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que la detención de un trabajador configura una suspensión de hecho de la relación laboral, sin obligación de pago de salarios mientras dure la imposibilidad de prestar tareas. La situación no habilita automáticamente el despido con causa, salvo que el hecho imputado constituya una injuria grave en los términos legales. En ausencia de dicha configuración, el despido se considera sin causa y genera derecho a indemnización.

La Ley 27.802 modificó el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, estableciendo la obligatoriedad del pago de remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria. La normativa del Banco Central de la República Argentina permite que una caja de ahorro preexistente sea utilizada como cuenta sueldo, ya sea mediante su conversión o asignación para tal fin, sin necesidad de apertura de una nueva cuenta.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que la registración del trabajador debe efectuarse desde el inicio de la relación laboral. Cuando el alta se realiza fuera de término, aun consignando la fecha real de ingreso y regularizando aportes, se considera que el empleador ha renunciado al período de prueba previsto en el artículo 92 bis. En consecuencia, ante un despido, corresponde aplicar el régimen indemnizatorio pleno, sin los beneficios propios de dicho período.

La falta de registración de empleados configura una infracción grave con consecuencias tanto laborales como previsionales. En el ámbito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Resolución General 4465/2019 establece multas vinculadas a la Base Imponible Mínima de aportes previsionales, mientras que la Ley 11.683 regula sanciones adicionales por incumplimientos formales y materiales. La regularización espontánea puede reducir significativamente las penalidades aplicables.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que la indemnización por antigüedad en despidos sin causa se calcula sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual. A tal efecto, deben incluirse todas las sumas que constituyan contraprestación por el trabajo, aun cuando hayan sido calificadas como “no remunerativas” si en los hechos reúnen habitualidad y regularidad. La jurisprudencia ha consolidado el criterio de primacía de la realidad, excluyendo únicamente aquellos conceptos que no tengan carácter salarial o no sean habituales.

El Banco Central introduce adecuaciones al régimen de Exterior y Cambios para permitir que los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) puedan computar como ingresos propios determinadas divisas liquidadas en el mercado de cambios por terceros residentes, siempre que se cumplan condiciones específicas vinculadas al origen de los fondos, su transferencia al VPU y su afectación al proyecto.

Se prorroga hasta el 30 de junio de 2026 inclusive el plazo de aplicación del esquema transitorio previsto para la constitución de la “Reserva de Siniestros Ocurridos y No Reportados” (IBNR), correspondiente al punto 33.4.1.4. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

Se crea el “Programa KIT 4.0”, un esquema de cofinanciamiento destinado a promover la transformación digital de las PyMEs industriales mediante la incorporación de soluciones tecnológicas estandarizadas de Industria 4.0, financiado a través del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC). 

En la causa 'YPF S.A. c/ Chubut Provincia del s/ acción declarativa de certeza', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la pretensión fiscal de la Provincia del Chubut de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de la exportación de productos hidrocarburíferos industrializados en otra jurisdicción. La Corte fundamentó su decisión en la existencia de una discriminación tributaria que vulnera la cláusula comercial de la Constitución Nacional, al afectar el comercio interprovincial. Asimismo, se destacó que la interpretación del Convenio Multilateral por parte de la provincia demandada contraviene los principios de coordinación tributaria y equidad fiscal entre jurisdicciones.

La Disposición (DNRYRT) 21/2026 homologa el acuerdo de escalas salariales celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y la Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 743/16.

Se homologa el acuerdo celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 459/06.