En la causa 'Pernod Ricard Argentina S.R.L. c/ Santa Fe, Provincia', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 6° y 7° de la ley local 3650, que establecían alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos según la radicación industrial. El tribunal fundamentó su decisión en la violación del principio de igualdad y en la creación de una 'aduana interior', lo que obstaculizaba el comercio interprovincial. En consecuencia, se hizo lugar a la demanda de la actora y se ordenó la cesación de la aplicación de dichas alícuotas discriminatorias.

Se analiza el régimen vigente de registración de contratos de locación en ARCA (RELI) tras la RG 5545/2024. Se concluye que la registración ya no resulta obligatoria con carácter general, sino únicamente para acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley 27.737. En ausencia de dicha finalidad, el registro es optativo.

Se analiza el encuadre en el Monotributo de un contribuyente que subdivide un inmueble destinado a alquiler. Se concluye que la actividad de locación se considera una única unidad de explotación, con independencia de la cantidad de unidades funcionales, siempre que se trate de una actividad homogénea. En consecuencia, la subdivisión no implica por sí misma la exclusión del régimen, debiendo verificarse además el cumplimiento de los parámetros generales del Monotributo y los requisitos formales de registración de contratos.

Se analiza el encuadre impositivo de una sociedad que invierte en CEDEARs y en un trust con criptomonedas. Se concluye que la venta de CEDEARs constituye renta de fuente argentina, con implicancias específicas en el ajuste por inflación impositivo —incluyendo efectos en el ajuste dinámico y en la determinación del costo computable—. En cuanto a las inversiones en criptomonedas a través de un trust, se establece que los resultados son de fuente extranjera y, tratándose de personas jurídicas, se encuentran gravados tanto por tenencia como por enajenación, bajo el criterio de lo devengado.

Se analiza el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias de una operación de venta facturada anticipadamente respecto de la entrega del bien. Se concluye que, conforme al criterio de lo devengado, la renta no se reconoce al momento de la facturación ni del cobro, sino cuando se perfecciona jurídicamente la operación, lo que ocurre con la entrega del bien. En consecuencia, los importes percibidos con anterioridad constituyen anticipos y no resultados gravados en el ejercicio en que se facturan.

Se analiza el tratamiento impositivo de los honorarios de directores cuando superan los límites previstos societariamente, distinguiendo su validez desde la Ley General de Sociedades y su deducibilidad en el Impuesto a las Ganancias. Se concluye que la decisión asamblearia no modifica el límite fiscal, el cual se rige por el artículo 91 inciso i) de la ley del tributo, generando diferencias permanentes entre el resultado contable y el impositivo, tanto en casos sin distribución de dividendos como con asignación parcial de utilidades.

La Comisión Nacional de Valores adecua el régimen aplicable a las operaciones con valores negociables vinculadas a las normas del BCRA sobre “Exterior y Cambios” e incorpora una nueva excepción al límite diario de $ 200.000.000 para transferencias de títulos a entidades depositarias del exterior. En particular, se habilita que puedan cursarse transferencias por encima de ese tope cuando los valores negociables, cualquiera sea su ley de emisión o plazo de amortización, hayan permanecido acreditados durante al menos 365 días corridos en subcuentas comitentes de titularidad del ordenante dentro del Agente Depositario Central de Valores Negociables.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo actualizó a $ 83.670,25 el importe equivalente al Módulo Previsional (MOPRE) aplicable al régimen sancionatorio previsto en la Ley 24.557 para empleadores autoasegurados, aseguradoras de riesgos del trabajo y compañías de seguros de retiro. La actualización se efectuó a partir del nuevo Haber Mínimo Garantizado fijado por la ANSES en $ 380.319,31 para abril de 2026, conforme la movilidad previsional vigente.

Se aprueba el Convenio entre la República Argentina y la República de Austria para eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión y la elusión fiscal, suscripto el 6 de diciembre de 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acuerdo incorpora reglas de distribución de potestades tributarias entre ambos Estados, define los sujetos alcanzados, los impuestos comprendidos y los mecanismos aplicables para evitar situaciones de doble imposición internacional en operaciones, inversiones y rentas obtenidas entre residentes de ambos países.

En la causa 'Armando Pettorossi e Hijos SA c/Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había admitido el acogimiento de la actora al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por la ley 27.743. El tribunal consideró que el Fisco Nacional no había presentado objeciones válidas en el momento oportuno para cuestionar el acogimiento, lo que llevó a desestimar el recurso interpuesto por la parte demandada.

En la causa Zannoner Eugenio Hector c/ Dirección General Impositiva, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala I) confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que había revocado la exclusión del actor del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), así como la determinación de IVA y Ganancias y las multas aplicadas por la AFIP. El tribunal sostuvo que la actividad desarrollada —representante técnico ascensorista— posee carácter individual e indelegable, por lo que encuadra en la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 19 del Decreto 885/98 (modificado por el Decreto 485/2000), que dispensa del requisito de contar con una cantidad mínima de empleados. En consecuencia, consideró inválida la exclusión del régimen basada en el incumplimiento de dicho requisito. Asimismo, reafirmó el criterio restrictivo respecto del control judicial sobre la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal, y desestimó los agravios del Fisco por carecer de crítica concreta y razonada.

En la causa 'Inspección General de Justicia c/ GYC Comunicaciones SA', la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución de la IGJ que impuso una multa de $4.000.000 a la empresa y su presidenta por la falta de presentación de estados contables correspondientes a varios ejercicios. El tribunal consideró que la apelante no logró desvirtuar la sanción, a pesar de argumentar imposibilidad material para presentar la documentación requerida debido a su incautación en un proceso penal. Asimismo, se evaluó la proporcionalidad de la multa en relación a la gravedad de la falta cometida.

La Comisión Nacional de Valores introduce una reforma integral de los Capítulos III y IV del Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.), orientada a la simplificación, actualización y armonización del régimen aplicable a emisoras bajo oferta pública. La medida redefine el marco regulatorio de los órganos de administración y fiscalización, auditoría externa y fiscalización societaria, incorporando criterios alineados con estándares internacionales, en particular en materia de independencia de auditores y divulgación de honorarios, y eliminando disposiciones consideradas obsoletas o redundantes.

La Comisión Nacional de Valores modificó el régimen aplicable a los Fondos Comunes de Dinero Clásicos y habilitó que estos vehículos puedan invertir hasta el 60% de su patrimonio neto en plazos fijos no precancelables, siempre que la vida promedio ponderada de la cartera compuesta por activos valuados a devengamiento no supere los 30 días corridos. En esos casos, además, el margen de liquidez exigido se reduce del 80% al 65% del porcentaje total que el fondo mantenga en cartera en activos valuados a devengamiento, en línea con los lineamientos solicitados por el BCRA.

Se analiza la posibilidad de adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con múltiples fuentes de ingresos (relación de dependencia, dividendos, monotributo e inversiones financieras). Se concluye que no existe exclusión por tipo de renta o condición societaria, pero la adhesión queda condicionada al cumplimiento de los parámetros de ingresos, patrimonio y demás requisitos previstos en la Ley 27.799 y su reglamentación.

Se analiza cómo aplicar el límite del 40% de la ganancia no imponible para la deducción de gastos educativos en el régimen de retención de cuarta categoría. Se concluye que el tope es anual pero su cómputo se prorratea mensualmente dentro del esquema de liquidación acumulativa de la RG 4003, no siendo posible imputar el total anual en un solo mes.

Se analiza el tratamiento de las jubilaciones en el Impuesto a las Ganancias cuando el contribuyente también obtiene rentas de tercera categoría. Se concluye que no existe una exención general por monto para jubilaciones, sino un esquema de deducciones personales —incluida una deducción incrementada específica— cuya aplicación depende de condiciones estrictas. En presencia de otras rentas relevantes, dicho beneficio puede quedar excluido, debiendo computarse las jubilaciones en la base imponible.

Se analiza si la venta de un inmueble —exenta o no alcanzada en el Impuesto a las Ganancias— debe considerarse para determinar la obligación de confeccionar el Formulario F.1359. Se concluye que dicha obligación se define exclusivamente en función de las rentas de cuarta categoría (relación de dependencia), por lo que ingresos extraordinarios como la venta de un inmueble no inciden en el umbral previsto por la RG 4003/2017.

Se analiza si corresponde el cálculo de anticipos del Impuesto a las Ganancias cuando la declaración jurada del período anterior arroja saldo cero debido a la utilización de pagos a cuenta —en particular, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios—. Se concluye que los anticipos se determinan sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo final, por lo que su generación resulta procedente aun cuando no haya impuesto a ingresar. Asimismo, se menciona la posibilidad de solicitar la reducción de anticipos cuando no reflejen la capacidad contributiva del período en curso.

En la causa colectiva promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Estado Nacional, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo n.° 63 revocó por contrario imperio la medida cautelar innovativa que había suspendido la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802. El juez señaló que, si bien el 30 de marzo de 2026 había dispuesto una cautelar de alcance federal respecto de la mayoría de los artículos impugnados, un nuevo análisis sobre el impacto concreto del artículo 55 lo llevó a modificar su decisión provisional. Destacó que la cautelar inicialmente dictada podía perjudicar a trabajadores de determinadas jurisdicciones donde la doctrina legal vigente prevé mecanismos de actualización de créditos laborales menos favorables que el esquema contemplado por esa norma. Sobre esa base, entendió que mantener la suspensión general del artículo 55 podía contrariar la tutela de los propios sujetos protegidos por el proceso. Por ello, dejó sin efecto la suspensión cautelar de esa disposición y estableció que cada jurisdicción deberá juzgar la pertinencia de aplicar los artículos 54 y 55 de la Ley 27.802 en los procesos en trámite, difiriendo el examen de fondo para la sentencia definitiva.

La Secretaría de Educación abrió la convocatoria 2026 del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” y fijó el 30 de abril de 2026 como fecha límite para la inscripción, al tiempo que aprobó una modificación del reglamento general que rige su implementación. El programa mantiene su esquema de prestación temporaria destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal, siempre que el ingreso del grupo familiar no supere los 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

En la causa 'Burgos Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios calle Cuenca 2379 s/ despido', el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 21 declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802, que permitía el fraccionamiento de los créditos laborales. El tribunal fundamentó su decisión en la violación de principios constitucionales y derechos humanos, destacando que el tratamiento diferenciado hacia los acreedores laborales resulta discriminatorio y confiscatorio. En consecuencia, se resolvió que el crédito reconocido debía ser abonado en un único pago, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva.

En la causa 'Pajón, Francisco Agapito s/ incidente de verificación de crédito', la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había desestimado el carácter laboral del crédito del trabajador. El tribunal consideró que la indemnización por accidente de trabajo, aunque derivada de un contrato de seguros, debe ser tratada como un crédito laboral, otorgándole así los privilegios correspondientes en el marco de la ley concursal. En consecuencia, se ordenó el reconocimiento de intereses compensatorios devengados tras la quiebra de la aseguradora.

En la causa 'Prete, Pablo y otros s/ incidente de recurso extraordinario', la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. La Corte destacó que los tribunales no pueden apartarse del principio de sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones en la aplicación de las penas. En consecuencia, se dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había modificado las penas impuestas en el caso de asociación ilícita fiscal.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) introduce modificaciones al régimen de oferta pública con autorización automática, incorporando formalmente la modalidad de financiamiento colectivo (crowdfunding) para emisiones de bajo y mediano impacto. La norma habilita la participación de inversores no calificados bajo límites objetivos de inversión, establece condiciones de información en lenguaje claro y define nuevos esquemas de colocación a través de plataformas de financiamiento colectivo (PFC), manteniendo la estructura técnica de los regímenes vigentes.

El Ministerio de Capital Humano establece precisiones sobre el refuerzo adicional dispuesto por el Decreto 115/2026 en el marco de la Asignación por Ayuda Escolar Anual prevista en la Ley 24.714. La norma aclara que dicho refuerzo, destinado a complementar el monto de la asignación hasta alcanzar los $85.000, tiene carácter extraordinario, se abona por única vez y corresponde exclusivamente al ciclo lectivo 2026, comprendido entre marzo de ese año y el próximo pago masivo de la prestación.

En la causa 'Biondi María Luz - TF 49573-I c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que admitió el cómputo de créditos fiscales por operaciones realizadas antes de que la actora fuera responsable inscripta en el IVA. El tribunal consideró que exigir la discriminación del IVA en los comprobantes resultaba irrazonable, dado que los proveedores no estaban obligados a hacerlo en el contexto de la condición de monotributista de la actora. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la demandada y se confirmaron las costas a su cargo.

En la causa 'Rosemberg Adrián Alberto c/ Universidad Tecnológica Nacional', la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó los reclamos de salarios caídos e indemnización por despido interpuestos por el actor. El tribunal fundamentó su decisión en la naturaleza de la relación contractual, que se encuadró en locaciones de servicios y no en un vínculo laboral dependiente. Asimismo, se destacó la falta de estabilidad en el empleo y la ausencia de prueba que acredite la existencia de una relación laboral encubierta.

En la causa 'Tedeshi, Mara Yael del Valle c/ AFIP-DGI', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la exclusión de la actora del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) por parte de la AFIP-DGI. La decisión se basa en la constatación de irregularidades en la emisión de facturas, específicamente por utilizar comprobantes con CAI vencido, lo que constituye una causal de exclusión según la normativa vigente. Asimismo, se desestimaron los agravios presentados por la actora, quien no logró demostrar la arbitrariedad de la resolución administrativa impugnada.

El presente cuadro normativo ofrece una visualización completa y estructurada de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, integrando sus 218 artículos conforme a la organización real del texto legal y permitiendo su análisis mediante filtros por título, capítulo, tipo de modificación y estado de vigencia. A través de esta herramienta se identifican de manera clara las incorporaciones, modificaciones y derogaciones introducidas en el régimen laboral, facilitando una lectura técnica, ordenada y orientada a la práctica profesional. Asimismo, se incorpora el impacto de la suspensión cautelar parcial dispuesta en la causa “CGT RA c/ Estado Nacional” (CNT 10308/2026, 30/03/2026), que afecta la vigencia de un conjunto relevante de disposiciones hasta el dictado de sentencia definitiva, permitiendo distinguir con precisión el alcance efectivo actual de la reforma.