La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había validado ajustes en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y el gravamen sobre salidas no documentadas, derivados de operaciones realizadas con un proveedor posteriormente incorporado a la Base APOC. El tribunal sostuvo que la sola circunstancia de que la inclusión del proveedor en dicha base hubiera ocurrido con posterioridad a las operaciones no impedía impugnar los créditos fiscales y gastos computados cuando existían múltiples indicios serios y concordantes que permitían cuestionar la realidad económica de las operaciones.

En la causa "BANCO MACRO SA c/ EN - AFIP - DGI s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA", la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicable la prohibición legal de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2018. El tribunal sostuvo que la imposibilidad de aplicar dicho ajuste implicaba una alícuota efectiva confiscatoria, conforme a la doctrina del precedente "Candy" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, rechazó los agravios de la demandada relativos a la validez del informe pericial contable y la aplicación del procedimiento administrativo previsto en la resolución general (DGI) n° 2224/1979.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había dejado sin efecto millonarios ajustes de IVA e Impuesto a las Ganancias practicados por la AFIP (actual ARCA) contra Nordelta S.A. y el Fideicomiso Nordelta. El Tribunal concluyó que la transferencia de lotes y la constitución de servidumbres sobre espacios comunes en barrios cerrados no configuran el hecho imponible de “obras sobre inmueble propio” previsto en la ley del IVA, ya que no existe una transferencia onerosa del dominio de dichos bienes. Asimismo, rechazó la aplicación de la figura de los “intereses presuntos” sobre préstamos entre sociedades vinculadas, al considerar acreditado que los fondos fueron destinados al desarrollo integral del emprendimiento inmobiliario y respondieron al interés empresarial de la sociedad controlante.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda aprueban una operación de conversión de deuda pública con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante la cual se canjean títulos con vencimiento el 30 de junio de 2026 por una canasta integrada en partes iguales por el Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 15 de enero de 2027 (BONCAP T15E7) y el Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 31 de mayo de 2027 (BONCAP T31Y7).

La consulta analiza la procedencia de la deducción de un crédito frente a un deudor concursado cuando la insinuación del crédito en el concurso preventivo fue realizada antes del cierre del ejercicio, pero la resolución verificatoria se produciría con posterioridad. Asimismo, se examina si la promoción de una acción individual de cobro podría considerarse suficiente para configurar el índice de incobrabilidad previsto por la reglamentación del Impuesto a las Ganancias.

La consulta analiza el alcance subjetivo del régimen de Facturación de Contingencia establecido por la Resolución General (ARCA) 5852/2026 y, en particular, si la obligación de adhesión e implementación alcanza también a los contribuyentes que emiten comprobantes exclusivamente mediante el servicio “Comprobantes en Línea”.

La consulta analiza el alcance de los plazos previstos en una Acción de Control Electrónico (SIACE) vinculada a inconsistencias detectadas en deducciones informadas mediante SIRADIG. En particular, se examina la diferencia entre el vencimiento para responder el requerimiento y el plazo para ingresar el impuesto resultante en caso de allanamiento.

La consulta analiza el tratamiento de la liquidación del Impuesto a las Ganancias cuando un trabajador renuncia durante el período fiscal y continúa prestando servicios para otro empleador que seguirá actuando como agente de retención. En particular, se examina la diferencia entre la liquidación final y la liquidación informativa, la confección del F.1359 y los parámetros que deben utilizarse para el cálculo.

La consulta analiza si la discrepancia significativa prevista por los artículos 40 y 41 de la Ley 27.799 puede configurarse cuando un contribuyente presenta la Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias exteriorizando ingresos superiores a los originalmente declarados, sin rectificar las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado.

La Comisión Arbitral dispone la entrada en vigencia del Registro Único Tributario-Padrón Federal para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral con jurisdicción sede en la provincia de San Luis a partir del 1° de julio de 2026..

ARCA modifica la Resolución General 3.885 y sus complementarias, adecuando el Cuadro I del Anexo I para ampliar el universo de destinaciones suspensivas habilitadas para el uso de declaración jurada según el Decreto 838/2025, que permite considerar como garantía suficiente la presentación de documentación firmada por los interesados en importaciones y exportaciones bajo regímenes suspensivos o definitivos.

El Ministerio de Justicia dispone la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desde las 00:00 horas del 21 de septiembre de 2026.

La consulta analiza las diferencias entre la transferencia del contrato de trabajo derivada de la transmisión de un establecimiento y la cesión de personal regulada por la Ley de Contrato de Trabajo. En particular, se examinan los requisitos para su procedencia, el consentimiento del trabajador y la responsabilidad de las empresas involucradas.

La consulta analiza el encuadramiento previsional de un socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada que ya aporta al régimen de trabajadores autónomos y, además, realiza tareas administrativas para la sociedad. En particular, se evalúa la posibilidad de registrarlo como trabajador en relación de dependencia sin efectuar aportes y contribuciones al SIPA.

La consulta analiza el alcance del artículo 253 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de un trabajador que obtuvo la jubilación y continuó prestando servicios para el mismo empleador, y determina qué antigüedad debe considerarse para calcular las vacaciones no gozadas y la indemnización sustitutiva de preaviso ante un posterior despido.

La consulta analiza cómo deben identificarse en Simplificación Registral y en la determinación nominativa los trabajadores contratados a tiempo parcial alcanzados por el Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral (RIFL), y si la utilización del código de modalidad de contratación 710 sustituye la identificación de la jornada reducida.

La consulta analiza si la indemnización prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo debe incluirse obligatoriamente en la liquidación final de un trabajador fallecido aun cuando no existan beneficiarios legitimados para percibirla, así como quiénes son las personas con derecho a reclamar dicha indemnización.

El Banco Central de la República Argentina adecua el texto ordenado sobre Política de Crédito e incorpora un nuevo supuesto para las financiaciones otorgadas a clientes que cuenten con garantías en moneda extranjera. La medida comprende a las garantías otorgadas por los sujetos previstos en el punto 2.1.2., siempre que estos se constituyan como principales pagadores con renuncia a los beneficios de excusión y división.

Se derogan las Resoluciones 109/06 y 1621/06 que establecían el registro de operadores lácteos bajo la órbita de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, fundamentando tal decisión en la falta de una base legal expresa para el ejercicio del régimen de fiscalización y sanción en el sector lácteo, lo que impedía aplicar controles efectivos y ejercer poder de policía, dejando el registro como un instrumento meramente declarativo sin efectos útiles.

Se difiere la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hasta el 8 de marzo de 2027 para asegurar una implementación ordenada y sostenible del sistema acusatorio.

Se establece el período de suspensión del cómputo de plazos en procedimientos relacionados con tributos, aduanas y seguridad social ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conforme al régimen de ferias judiciales.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia que hizo lugar parcialmente al amparo promovido por un contribuyente contra ARCA por la limitación de su CUIT derivada de su inclusión en la Base de Contribuyentes No Confiables —base APOC—. El tribunal distinguió entre la inclusión en dicha base y la suspensión temporal de la CUIT, señalando que ambas medidas tienen distinta finalidad y efectos jurídicos. Si bien consideró que el amparo no era la vía idónea para revisar la legitimidad sustancial de la incorporación a la base APOC, entendió que la limitación de la CUIT no podía ejecutarse mientras se encontrara pendiente de resolución el reclamo administrativo previsto en el artículo 35, inciso h), de la Ley 11.683, que posee efecto suspensivo cuando se discute la suspensión de la condición de inscripto. En consecuencia, al no haber acreditado ARCA el dictado de un acto administrativo expreso que resolviera el reclamo del contribuyente, la Cámara tuvo por configurada una vía de hecho y ordenó mantener la rehabilitación provisoria de la CUIT hasta tanto recaiga resolución administrativa expresa. Asimismo, confirmó la imposición de costas por su orden.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) con el objeto de incorporar la definición de “Sujeto Restringido” y establecer condiciones específicas para la operatoria de determinados sujetos vinculados al sector público, entes públicos no estatales, cajas previsionales y entidades que administran fondos previsionales obligatorios no estatales en el mercado de capitales.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) para ampliar el régimen de representación digital de valores negociables mediante tecnologías de registro distribuido (TRD) o tecnologías similares. La medida incorpora nuevos instrumentos tokenizables, admite la tokenización de valores negociables emitidos bajo distintos Regímenes de Oferta Pública con Autorización Automática y prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el sandbox regulatorio previsto para estas operaciones.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) para establecer un régimen de autorización automática aplicable a determinados trámites vinculados con Programas Globales, actualizaciones de prospectos, modificaciones de términos y condiciones, prórrogas y aumentos o disminuciones de monto. La medida permite que esas presentaciones se consideren aprobadas con su presentación por TAD y publicación en la AIF, sin requerir pronunciamiento previo de la CNV, sin perjuicio de sus facultades de fiscalización posterior.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) para incorporar un procedimiento de autorización automática de oferta pública aplicable a los fondos comunes de inversión cerrados (FCIC). La medida permite la constitución de nuevos FCIC destinados exclusivamente a Inversores Calificados y también de aquellos dirigidos al público general, siempre que la emisión no supere el monto de UVA 100.000.000 o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) para implementar un procedimiento de autorización automática de oferta pública aplicable a la constitución de fondos comunes de inversión abiertos (FCIA). La medida permite que la Sociedad Gerente dé de alta nuevos FCIA directamente a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF), sin autorización previa o posterior de la CNV, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del organismo.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) para actualizar los regímenes de oferta pública de fideicomisos financieros con autorización automática. La resolución eleva el monto máximo del régimen de mediano impacto de UVA 7.000.000 a UVA 15.000.000, crea el régimen de mediano impacto ampliado con emisiones de hasta UVA 100.000.000 y permite superar ese límite cuando las ofertas se dirijan exclusivamente a inversores calificados.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) con el objeto de ampliar y fortalecer los Regímenes de Oferta Pública con Autorización Automática de Valores Negociables por su Mediano Impacto. La resolución crea el nuevo régimen de “Oferta Pública de Valores Negociables con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado”, aplicable a emisiones de acciones y obligaciones negociables (ON), elevando los montos admitidos y permitiendo una mayor participación de emisores e inversores en el mercado de capitales.

La Comisión Arbitral aplaza al 1° de diciembre de 2026 la entrada en vigencia del Sistema Informático de Recaudación, Control e Información de Percepciones “SIRCIP”, aprobado por la Resolución General CA N° 9/2025 para los regímenes de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicables a contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral.