La medida incorpora el cruce de datos entre Salud y ANSES, simplifica trámites y refuerza el vínculo entre políticas sanitarias y de protección social.

El Ministerio de Capital Humano introdujo cambios relevantes en el régimen de Asignaciones Familiares al establecer un nuevo mecanismo de verificación automática del cumplimiento de las condicionalidades sanitarias y educativas vinculadas a la Asignación Universal por Hijo y a la Asignación por Embarazo.

A partir de la Resolución (STEYSS) 1170/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, el cumplimiento de los controles de salud y del calendario de vacunación de niños y niñas de hasta cuatro años podrá acreditarse mediante el intercambio mensual de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES. Cuando dicha información resulte suficiente, el veinte por ciento del monto que hasta ahora se retenía se liquidará de manera automática y mensual junto con el pago habitual de la asignación, eliminando la necesidad de gestiones adicionales por parte de los titulares.

En los casos en que la información sanitaria no se encuentre disponible o requiera complementarse, se mantiene la posibilidad de presentar la documentación correspondiente ante la ANSES, conforme los procedimientos que establezca el organismo. Para niños y niñas en edad escolar, continúa vigente la exigencia de acreditar la asistencia al ciclo lectivo correspondiente.

En relación con la Asignación por Embarazo, se adecua el procedimiento para el cobro del veinte por ciento acumulado, permitiendo que el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento también pueda verificarse a partir de la información remitida por el Ministerio de Salud. Se mantiene, además, el plazo máximo de doce meses para acreditar el nacimiento, la defunción o la interrupción del embarazo, vencido el cual caduca el derecho al cobro del monto retenido.

La resolución se enmarca en los principios de simplificación administrativa, eficiencia y garantía de derechos, y busca fortalecer el sistema de protección social mediante una mayor articulación entre la política sanitaria y la política de ingresos, con impacto directo en la primera infancia y la reducción de la pobreza infantil.