Se otorga un poder general a letrados integrantes de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para actuar en representación del Tribunal ante cualquier fuero o jurisdicción en todos los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, en trámite o que se inicien en el futuro, en los que la Corte sea parte actora, demandada o citada como tercero.