El Poder Ejecutivo aprueba el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de la justicia nacional y federal y en procedimientos de extinción de dominio. La norma centraliza en el Ministerio de Justicia la administración y custodia de estos bienes, reservando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) su enajenación o concesión comercial.