Se derogan las Resoluciones Generales 3.285 y 3.364 de la entonces AFIP, que establecían un régimen de información sobre operaciones económicas, incluso gratuitas, entre residentes en el país y representantes de sujetos o entes del exterior. La abrogación mantiene la validez de las obligaciones por hechos ocurridos durante la vigencia de las normas derogadas y rige a partir del 1 de septiembre de 2025.