Se sustituye la reglamentación de la Ley 26.589 de mediación prejudicial obligatoria, aprobada por el Decreto 1467/2011, para adaptarla al uso de herramientas digitales. El nuevo esquema dispone que las audiencias podrán realizarse mediante videoconferencia u otros medios análogos, con plena validez jurídica y garantizando la identidad, confidencialidad y principios rectores del procedimiento.