Se introducen modificaciones amplias al Código Fiscal provincial que abarcan el régimen sancionatorio, los plazos de prescripción, la determinación del impuesto inmobiliario, las exenciones y la base imponible, así como el tratamiento de operaciones alcanzadas por Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos.

Se incorporan modificaciones al Código Fiscal provincial que introducen un esquema progresivo de recargos por mora aplicable a agentes de retención, percepción y recaudación, con porcentajes crecientes según el tiempo de atraso y carácter liberatorio respecto de determinadas sanciones.

Se aprueba la Ley Impositiva que regirá a partir del período fiscal 2026, fijando nuevos parámetros, alícuotas y mínimos para los distintos impuestos locales. En ese marco, se actualizan los valores para las multas previstas en el Código Fiscal provincial, se mantiene la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos definiéndose tratamientos diferenciales para determinadas actividades económicas. 

La Provincia de Neuquén establece un régimen integral para la promoción de inversiones, orientado a incentivar el desarrollo económico, la innovación y la generación de empleo mediante beneficios fiscales, subsidios y acceso a infraestructura estatal. La ley alcanza a personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades en sectores estratégicos como turismo, industria, agroindustria, energía, salud, tecnología y economía del conocimiento, entre otros, y promueve la regionalización como modelo de gestión territorial.

Se crea el Sistema Público de Promoción del Empleo Neuquino, denominado Emplea Neuquén, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas desempleadas o en proceso de recalificación laboral mediante políticas activas, capacitaciones específicas y estímulos al sector privado.

Se aprueba la adhesión de la provincia de Neuquén al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) creado por la Ley nacional 27742, en su Título VII, Capítulos I al XII, artículos 164 al 228.

La Provincia del Neuquén exceptúa a las personas jurídicas privadas sin fines de lucro —cuyos ingresos brutos anuales no superen los parámetros de la categoría C del monotributo vigente— de la obligación de presentar estados contables con certificación de contador público. En su lugar, podrán cumplir con la presentación mediante un estado de situación patrimonial y un estado de recursos y gastos firmados por el presidente y tesorero de la entidad, con certificación de firmas, junto con un informe del órgano de fiscalización.