Se deroga la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía y Minería, que establecía la obligación para los titulares de bocas de expendio de combustibles de informar al Estado los precios minoristas dentro de las ocho horas de producida una modificación en el surtidor. La medida se fundamenta en los principios de libre mercado, desregulación y competencia leal, previstos por el decreto 70/2023 y la ley 27.742, promoviendo la autonomía comercial y reduciendo costos operativos y burocráticos. La derogación entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.