La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había dejado sin efecto millonarios ajustes de IVA e Impuesto a las Ganancias practicados por la AFIP (actual ARCA) contra Nordelta S.A. y el Fideicomiso Nordelta. El Tribunal concluyó que la transferencia de lotes y la constitución de servidumbres sobre espacios comunes en barrios cerrados no configuran el hecho imponible de “obras sobre inmueble propio” previsto en la ley del IVA, ya que no existe una transferencia onerosa del dominio de dichos bienes. Asimismo, rechazó la aplicación de la figura de los “intereses presuntos” sobre préstamos entre sociedades vinculadas, al considerar acreditado que los fondos fueron destinados al desarrollo integral del emprendimiento inmobiliario y respondieron al interés empresarial de la sociedad controlante.

En la causa 'Quiroga Ponce Horacio José c/ EN - AFIP - DGI - Reso. 2550/22 y 571/19', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo de la demanda del actor, quien buscaba la nulidad de resoluciones que lo excluían del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. El tribunal sostuvo que el actor no logró demostrar la ilegitimidad de los actos administrativos impugnados, que se basaron en la falta de respaldo documental para las locaciones de inmuebles realizadas entre 2015 y 2016. Asimismo, se destacó que la normativa vigente exigía la emisión de comprobantes, lo cual no fue cumplido por el demandante.

En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.