Se modifica la Ley de Asociaciones Sindicales disponiéndose que la intervención de la autoridad de aplicación en los procesos electorales sindicales quedará restringida exclusivamente a situaciones excepcionales de acefalía y sólo si el estatuto del sindicato o de la federación no prevé mecanismos de regularización. En estos casos, podrá designarse un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles, prorrogables fundadamente, para convocar a elecciones.

La Subsecretaría de Relaciones del Trabajo dispone que, desde la fecha de su firma, todos los documentos, presentaciones y notificaciones comprendidos en las competencias de la Dirección Nacional de Asociaciones del Trabajo, en el marco de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, deberán realizarse exclusivamente a través del Portal de Trámites Públicos del Ministerio de Capital Humano. Esta medida promueve la despapelización y la gestión digital integral de expedientes, facilitando el acceso remoto, transparente y eficiente a los trámites sindicales.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala V falló parcialmente a favor de dos trabajadores no afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), declarando la invalidez parcial de una cláusula convencional que establecía una cuota de solidaridad del 2% de su remuneración integral mensual. La Cámara consideró que dicha cuota, al ser superior a la cuota sindical de los afiliados (1.5%) y carecer de una limitación temporal clara, vulneraba la libertad sindical individual en su faz negativa, al implicar una afiliación forzada. Se rechazó la demanda de la UCRA en cuanto solicitaba la nulidad total de los acuerdos paritarios y la prohibición futura de incluir cláusulas similares.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por un grupo de trabajadores contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Río Negro, revocando una resolución que atribuía al sindicato la titularidad de los fondos retenidos en cuentas judiciales. El tribunal determinó que los montos descontados de los salarios, en virtud de un aporte sindical declarado inconstitucional, debían ser restituidos a los trabajadores, evitando un enriquecimiento sin causa del sindicato.