La Suprema Corte de Buenos Aires confirmó en lo sustancial la multa impuesta a Repartos Ya S.A. por infracciones laborales detectadas en inspecciones sobre repartidores vinculados a la plataforma, al considerar válida la actuación del Ministerio de Trabajo y la aplicación de la presunción de laboralidad respecto de quienes prestaban servicios reconocidos por la empresa. Sin embargo, revocó parcialmente la sentencia en relación con ocho personas respecto de las cuales la firma negó toda vinculación, al sostener que en esos casos no corresponde aplicar automáticamente la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y que la existencia del vínculo debía ser probada por quien la invocaba. Por ello, ordenó reenviar la causa al tribunal de origen, con nueva integración, para que dicte un nuevo pronunciamiento limitado a ese aspecto.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos extraordinarios interpuestos por Rappi Argentina S.A.S. y confirmó la validez de la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo provincial por infracciones a la normativa laboral y de la seguridad social. El Tribunal consideró insuficientes los agravios planteados por la empresa, convalidó la actuación administrativa y judicial previa, y sostuvo que la autoridad laboral posee facultades para interpretar la existencia de relaciones laborales en el ejercicio del poder de policía. Asimismo, ratificó la aplicación de la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y la legitimidad de la multa determinada.

En la causa 'Burgos Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios calle Cuenca 2379 s/ despido', el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 21 declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802, que permitía el fraccionamiento de los créditos laborales. El tribunal fundamentó su decisión en la violación de principios constitucionales y derechos humanos, destacando que el tratamiento diferenciado hacia los acreedores laborales resulta discriminatorio y confiscatorio. En consecuencia, se resolvió que el crédito reconocido debía ser abonado en un único pago, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva.

En la causa 'Rosemberg Adrián Alberto c/ Universidad Tecnológica Nacional', la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó los reclamos de salarios caídos e indemnización por despido interpuestos por el actor. El tribunal fundamentó su decisión en la naturaleza de la relación contractual, que se encuadró en locaciones de servicios y no en un vínculo laboral dependiente. Asimismo, se destacó la falta de estabilidad en el empleo y la ausencia de prueba que acredite la existencia de una relación laboral encubierta.

En la causa "Chiari Cesar Ulises c/ Ruben Teodoro Casares y/o Q.R.R. y propietario de cabañas hospedaje 'Rancho Pelo Largo' s/ indemnización laboral", el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor. La decisión revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había rechazado la extensión de la condena a un tercero, argumentando que no había sido parte en el proceso principal. El tribunal fundamentó que la continuidad de la explotación del establecimiento justifica la extensión de la responsabilidad, garantizando así el derecho del trabajador a cobrar su indemnización.

En la causa 'Meza Jorge Alberto c/ Seguvip Argentina SRL', la Cámara del Trabajo de Cipolletti resolvió a favor del actor, reconociendo su situación de despido indirecto. El tribunal fundamentó su decisión en la negativa de la empresa a asignar tareas efectivas y la falta de pago de salarios correspondientes a los meses de marzo y abril de 2022. Asimismo, se destacó que el cambio de destino laboral propuesto por la demandada no cumplía con los requisitos legales, constituyendo un ejercicio abusivo del ius variandi.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.

En la causa “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27.802 —modificatorio del art. 277 de la LCT— en cuanto permite cancelar las sentencias laborales en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para pymes). El tribunal rechazó la pretensión de la demandada de aplicar dicho régimen de pago diferido, aun cuando acreditó su condición de PyME. La decisión se funda en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales y en la afectación directa que la modalidad de pago en cuotas genera sobre su integridad.

En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.

En la causa “MENDIGUREN, MAXIMILIANO HERNAN c/ LAVADERO TORINO S.A. s/DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. La decisión se fundamentó en que dicha norma vulnera derechos constitucionales, afectando el derecho de propiedad y el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, se dispuso que el crédito reconocido al trabajador debe ser actualizado conforme a la regla general prevista en el artículo 54 de la misma ley.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.742 por parte del trabajador, quien impugnó la derogación de sanciones laborales previstas en la ley 25.323 y el art. 80 de la LCT. El tribunal consideró que la norma no vulnera derechos fundamentales ni el principio de progresividad. No obstante, hizo lugar parcialmente al reclamo de reparación integral por daño derivado del incumplimiento indemnizatorio, basándose en el Código Civil y Comercial. En este sentido, impuso al empleador una condena adicional equivalente a seis salarios, pese a la derogación del régimen sancionatorio anterior. La sentencia reafirma que, si bien el Congreso puede reformar el esquema de sanciones, ello no impide al Poder Judicial reconocer daños reales conforme a principios generales del derecho.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la empresa COSEME S.A. y revocó la sentencia que había reconocido la existencia de una relación laboral entre la firma y el médico traumatólogo Tristán Manuel López Lozano. El fallo concluyó que durante más de once años el vínculo se desarrolló bajo un esquema de autonomía e independencia, sin reclamos laborales ni subordinación típica, por lo que no corresponde aplicar la presunción del art. 23 de la LCT. Se descartó la relación de dependencia y se rechazó íntegramente la demanda, con costas por su orden.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a los recursos de queja interpuestos por tres directores de Telecom Argentina S.A. condenados solidariamente al pago de créditos laborales por despido, junto a la empresa y dos contratistas. La Cámara Nacional del Trabajo había extendido la condena a los miembros del directorio con fundamento en un presunto fraude laboral, sin examinar en forma razonada las circunstancias concretas de su gestión. La Corte consideró arbitraria esa decisión por no evaluar pruebas clave ni el contexto propio de grandes sociedades anónimas, y revocó la sentencia. Reenvió el caso para un nuevo pronunciamiento.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala X resolvió las apelaciones interpuestas por ambas partes en un caso de despido que la empleadora justificó por fuerza mayor. Confirmó que el despido fue injustificado, ratificó la aplicación del agravante del artículo 2° de la Ley 25.323, sostuvo la procedencia de la indemnización del artículo 80 de la LCT y rechazó el reclamo por daño moral al no configurarse un acto ilícito adicional. Según el fallo, para que se configure la "fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador" se debe acreditar no solamente las circunstancias que determinaron la situación por la que atravesó la empresa, sino que además el empleador que invoca tal circunstancia debe alegar y probar la adopción de medidas concretas tendientes a paliar la situación que atraviesa.

La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche rechazó la demanda de una trabajadora, quien había sido suspendida sin goce de sueldo en 2022 por no cumplir con el requisito del pase sanitario. El tribunal consideró que la exigencia empresarial fue razonable en el contexto sanitario de la pandemia y que la suspensión del salario se ajustó a derecho, dado que no hubo prestación efectiva de servicios.