Se deroga el Decreto 2417/1993, que regulaba la presentación y autorización previa de matrículas y cuotas en los establecimientos de enseñanza de gestión privada, con el fin de eliminar los mecanismos de control estatal sobre los aranceles educativos, devolviendo a las instituciones la facultad de fijar libremente sus precios en función de los costos operativos y las condiciones del mercado.

Se establece la creación del Programa de Educación para el Consumo en el sistema educativo de la provincia de Tucumán, con carácter obligatorio para todas las instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles y modalidades.

Se promulga la Ley 27.795 que establece un régimen de financiamiento integral y actualizado para las universidades públicas, con actualización bimestral de partidas según IPC, recomposición salarial docente y no docente retroactiva a diciembre de 2023, incorporación de sumas no remunerativas al salario básico, paritarias obligatorias con cláusula de ajuste mensual por inflación y actualización automática de becas estudiantiles.

El Poder Ejecutivo Nacional observa en su totalidad el Proyecto de Ley N.º 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto de 2025, que establecía un régimen de financiamiento para universidades públicas y la recomposición salarial de su personal docente y no docente.

Se crea en la provincia de La Rioja el Programa de Educación Financiera y de los Derechos de Consumidores y Usuarios, de aplicación progresiva en todas las instituciones escolares públicas y privadas, en los distintos niveles y modalidades de la educación formal y no formal. La norma define a la educación financiera como un proceso pedagógico que brinda herramientas para comprender el mundo económico y financiero, fomentar hábitos responsables de consumo, ahorro, crédito e inversión, y fortalecer la protección de los derechos de consumidores y usuarios.

Se establece el procedimiento para la solicitud y otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a personas extranjeras que hayan realizado una inversión relevante en el país, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° bis de la Ley N° 346 de Ciudadanía, incorporado por el Decreto 366/2025.

Se dispone la modificación integral de la Ley de Migraciones N° 25.871, de la Ley de Educación Superior N° 24.521, de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, y de la Ley de Ciudadanía N° 346, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para gestionar los flujos migratorios, garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos y fomentar la inversión extranjera mediante mecanismos modernizados.

Se modifica el artículo 10° de la Ley N° 26.075 para redefinir la intervención del Estado Nacional en la negociación del convenio marco docente. A partir de esta reforma, la participación en la concertación de pautas generales sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente queda exclusivamente a cargo del Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales con representación nacional.

Se establece un régimen general para los institutos de enseñanza pública de gestión privada, tanto comprendidos como no comprendidos en el sistema de financiamiento del Decreto 2542/1991 disponiéndose la obligación de informar anualmente a los padres o responsables los valores de matrícula y cuotas, las condiciones de pago y la cantidad de cuotas, y determinó que los aranceles no podrían modificarse durante el ciclo lectivo sin autorización previa de la autoridad competente.