El Ministerio de Justicia difiere el 15 de febrero de 2027 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La medida alcanza al tramo de implementación del sistema acusatorio previsto para la Justicia Federal Penal y Penal Económica con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, cuya puesta en marcha había sido previamente reprogramada para el 20 de abril de 2026.

El Ministerio de Justicia dispone la prórroga por 90 días corridos de la entrada en vigencia del Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, originalmente prevista para el 29 de marzo de 2026 conforme al cronograma establecido por el Decreto 696/2025. La medida se adopta ante la necesidad de completar el desarrollo de funcionalidades críticas del sistema, así como de finalizar adecuaciones normativas, procesos administrativos y acciones de capacitación y difusión dirigidas a los actores del régimen de mediación.

En la causa “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional s/ medida cautelar”, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 hizo lugar a la medida precautoria solicitada por el sindicato actor y dispuso la suspensión de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la función judicial laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado como Anexo I de la Ley 27.802.

Se redefine el cronograma de aplicación del sistema procesal penal federal, disponiendo su plena entrada en vigencia en la jurisdicción de Córdoba a partir del 15 de junio de 2026 y postergando su implementación en las jurisdicciones de Posadas y La Plata hasta el 24 de agosto y el 30 de noviembre de 2026, respectivamente. 

Se aprueban los términos y condiciones de uso del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), tanto para el módulo destinado a ciudadanos como para comerciantes habitualistas, los cuales pasan a constituir un requisito obligatorio para operar dentro del sistema digital de registración automotor.

El Ministerio de Justicia dispone diferir hasta el 20 de abril de 2026 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (texto ordenado 2019) en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.

La Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal unifica y actualiza la normativa sobre inscripción de segundas y ulteriores copias de actos ya inscriptos, precisando requisitos operativos a la luz del artículo 308 del Código Civil y Comercial y contemplando expresamente los documentos nativos digitales.

Se sustituye la reglamentación de la Ley 26.589 de mediación prejudicial obligatoria, aprobada por el Decreto 1467/2011, para adaptarla al uso de herramientas digitales. El nuevo esquema dispone que las audiencias podrán realizarse mediante videoconferencia u otros medios análogos, con plena validez jurídica y garantizando la identidad, confidencialidad y principios rectores del procedimiento.

La Legislatura de Santa Cruz sancionó la Ley 3946 que modifica los artículos 293 y 294 del Código Procesal Civil y Comercial provincial (Ley 1418 y modif.). La norma introduce la intimación previa, por única vez, a la parte incidentada para que en un plazo de 5 días manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil, antes de que se decrete la caducidad de instancia. También habilita la declaración de caducidad de oficio.

El Ministerio de Justicia aprueba el Protocolo Operativo para la recepción de bienes provenientes de actividades ilícitas que hayan sido cautelados o recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal y en los procesos de extinción de dominio, en el marco del Régimen creado por el Decreto 575/2025.

La Legislatura de Mendoza introduce una modificación al inciso III del artículo 219 de la Ley 9.001, precisando que en los amparos por mora el informe circunstanciado exigido por el artículo 222 debe ser evacuado por el órgano o agentes administrativos competentes según lo previsto en la Ley 9.003. De este modo, se incorpora expresamente que dichos responsables podrán ser alcanzados por las costas en caso de prosperar la acción, reforzando la obligación de la administración provincial y municipal de responder en plazo las peticiones de los administrados.

Se crea la Oficina de Bienes Recuperados como organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, designada como autoridad de aplicación del régimen aprobado por el Decreto 575/25 para la conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal, así como en los de extinción de dominio.

El Poder Ejecutivo aprueba el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de la justicia nacional y federal y en procedimientos de extinción de dominio. La norma centraliza en el Ministerio de Justicia la administración y custodia de estos bienes, reservando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) su enajenación o concesión comercial.

Se dispone el diferimiento, por única vez y con carácter excepcional, de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, fijando la nueva fecha para el 10 de noviembre de 2025.

El Poder Ejecutivo designa en comisión a los doctores Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.