El acuerdo establece un incremento remunerativo de los salarios básicos para los meses de marzo, abril y mayo de 2026, cuyos valores específicos se detallan en los anexos correspondientes.

El acuerdo establece un incremento salarial remunerativo para los meses de marzo, abril y mayo de 2026, aplicable a los salarios básicos de cada categoría profesional.

El acuerdo establece un incremento salarial como cierre de la paritaria 2025/2026 y primer tramo bimestral de la paritaria anual 2026/2027. Se aplicará un aumento del 2% en marzo de 2026, un 1,9% en abril de 2026 y un 1,8% en mayo de 2026, todos acumulativos y sobre los salarios básicos vigentes.

El acuerdo establece un incremento salarial en cinco etapas para el período de febrero a junio de 2026. Las primeras tres etapas consisten en aumentos no remunerativos del 5%, 7.5% y 10.5% sobre el salario básico al 31 de enero de 2026, aplicables en febrero, marzo y abril respectivamente. Las dos etapas finales incluyen incrementos en el salario básico del 4% y 4.5% para mayo y junio, además de sumas no remunerativas del 7.5% y 5.5% sobre los nuevos básicos.

El acuerdo colectivo celebrado entre el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) establece un incremento salarial en cinco etapas para las categorías del CCT 501/07.

En la causa colectiva promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Estado Nacional, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo n.° 63 revocó por contrario imperio la medida cautelar innovativa que había suspendido la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802. El juez señaló que, si bien el 30 de marzo de 2026 había dispuesto una cautelar de alcance federal respecto de la mayoría de los artículos impugnados, un nuevo análisis sobre el impacto concreto del artículo 55 lo llevó a modificar su decisión provisional. Destacó que la cautelar inicialmente dictada podía perjudicar a trabajadores de determinadas jurisdicciones donde la doctrina legal vigente prevé mecanismos de actualización de créditos laborales menos favorables que el esquema contemplado por esa norma. Sobre esa base, entendió que mantener la suspensión general del artículo 55 podía contrariar la tutela de los propios sujetos protegidos por el proceso. Por ello, dejó sin efecto la suspensión cautelar de esa disposición y estableció que cada jurisdicción deberá juzgar la pertinencia de aplicar los artículos 54 y 55 de la Ley 27.802 en los procesos en trámite, difiriendo el examen de fondo para la sentencia definitiva.

En la causa 'Burgos Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios calle Cuenca 2379 s/ despido', el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 21 declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802, que permitía el fraccionamiento de los créditos laborales. El tribunal fundamentó su decisión en la violación de principios constitucionales y derechos humanos, destacando que el tratamiento diferenciado hacia los acreedores laborales resulta discriminatorio y confiscatorio. En consecuencia, se resolvió que el crédito reconocido debía ser abonado en un único pago, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva.

El acuerdo establece un incremento salarial como cierre de la paritaria 2025/2026 y primer tramo bimestral de la paritaria anual 2026/2027. Se aplicará un aumento del 2% en marzo de 2026 sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026, un 1,9% en abril de 2026 sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026, incluyendo la absorción de una fracción de la suma no remunerativa de marzo, y un 1,8% en mayo de 2026 sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026. Los incrementos son acumulativos.

En la causa 'Rosemberg Adrián Alberto c/ Universidad Tecnológica Nacional', la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó los reclamos de salarios caídos e indemnización por despido interpuestos por el actor. El tribunal fundamentó su decisión en la naturaleza de la relación contractual, que se encuadró en locaciones de servicios y no en un vínculo laboral dependiente. Asimismo, se destacó la falta de estabilidad en el empleo y la ausencia de prueba que acredite la existencia de una relación laboral encubierta.

El presente cuadro normativo ofrece una visualización completa y estructurada de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, integrando sus 218 artículos conforme a la organización real del texto legal y permitiendo su análisis mediante filtros por título, capítulo, tipo de modificación y estado de vigencia. A través de esta herramienta se identifican de manera clara las incorporaciones, modificaciones y derogaciones introducidas en el régimen laboral, facilitando una lectura técnica, ordenada y orientada a la práctica profesional. Asimismo, se incorpora el impacto de la suspensión cautelar parcial dispuesta en la causa “CGT RA c/ Estado Nacional” (CNT 10308/2026, 30/03/2026), que afecta la vigencia de un conjunto relevante de disposiciones hasta el dictado de sentencia definitiva, permitiendo distinguir con precisión el alcance efectivo actual de la reforma.

En la causa "Chiari Cesar Ulises c/ Ruben Teodoro Casares y/o Q.R.R. y propietario de cabañas hospedaje 'Rancho Pelo Largo' s/ indemnización laboral", el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor. La decisión revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había rechazado la extensión de la condena a un tercero, argumentando que no había sido parte en el proceso principal. El tribunal fundamentó que la continuidad de la explotación del establecimiento justifica la extensión de la responsabilidad, garantizando así el derecho del trabajador a cobrar su indemnización.

Se analiza el alcance de los mecanismos de cese laboral introducidos por la Ley 27.802, diferenciando entre el sistema sustitutivo por convenio colectivo, los fondos optativos del empleador y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se concluye que, en general, no existe una distinción entre empleados actuales y futuros, aunque la implementación depende del tipo de instrumento y, en algunos casos, de la negociación colectiva. Asimismo, el empleador mantiene la responsabilidad por las indemnizaciones.

Se analiza la vigencia de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 respecto del contenido del recibo de sueldo. Si bien la norma rige desde el 6 de marzo de 2026, la falta de reglamentación y de adecuación de los sistemas impide su aplicación inmediata. En consecuencia, no resultaría exigible implementar los nuevos recibos en la liquidación de marzo hasta que se definan formalmente los aspectos operativos.

Se analiza la obligación de confeccionar y presentar el Formulario 1359 para el período fiscal 2025 conforme la RG 4003 (t.o. RG 5531/2024). Se establece que resulta obligatorio cuando los ingresos brutos anuales del trabajador igualan o superan $26.143.532,02, determinado en función de las deducciones personales. Asimismo, la obligación subsiste aun por debajo de ese umbral cuando no se haya practicado la totalidad de las retenciones correspondientes.

Se analiza el tratamiento fiscal de la indemnización por finalización de un contrato a plazo fijo. Se concluye que, en la medida en que se trate de la compensación legal prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, tiene carácter indemnizatorio y no se encuentra alcanzada por el Impuesto a las Ganancias. Solo podría quedar gravado el eventual excedente en casos de personal directivo o ejecutivo.

Se actualizan los valores de la prestación por desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo instituido por la Ley 25.191 para los trabajadores rurales, con vigencia desde el 1 de abril de 2026. En ese marco, el RENATRE aprueba un incremento del 2% sobre el beneficio ordinario y fija un monto máximo de $374.954 y un monto mínimo de $187.477, dejando sin efecto la escala anterior aprobada a comienzos de marzo.

La ANSES dispone la actualización de los montos de las asignaciones familiares, así como de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, aplicable a partir de abril de 2026, en el marco del régimen establecido por la Ley 24.714 y la movilidad prevista en la Ley 27.160. El ajuste se fija en un 2,90%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026, conforme el esquema de movilidad mensual vigente.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

El acuerdo establece un incremento salarial para el personal comprendido en el CCT 434/06, vigente del 1 de enero al 30 de abril de 2026. Se pacta una suma fija de $100,000 de carácter no remunerativo, a abonarse en marzo de 2026, que solo devengará contribución a la obra social. Además, se acuerda un incremento remunerativo para abril de 2026, detallado en el Anexo I. Los incrementos absorberán pagos a cuenta de paritarias desde enero de 2026. Las partes se comprometen a reunirse en abril de 2026 para evaluar variables económicas. Se solicita homologación del acuerdo.

El acuerdo establece incrementos salariales acumulativos para los trabajadores comprendidos en el CCT N° 56/75, aplicables desde el 1° de marzo hasta el 30 de junio de 2026. Los incrementos se calculan sobre las retribuciones básicas vigentes al cierre del mes anterior, con valores específicos detallados en los anexos correspondientes. Además, se fija un presentismo mensual y quincenal para cada periodo, con una suma adicional de $20.000 por mes. Los importes impactan en el cálculo de adicionales como el presentismo. En junio, se revisará el acuerdo en función del índice de inflación oficial. Se establecen reglas de absorción para importes abonados previamente. Finalmente, se ratifican los porcentajes por zona desfavorable y se acuerda mantener la paz social.

En la causa 'Sindicato Empleados de Comercio de San Martín c/ Estado Nacional', el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato. La decisión implica la suspensión de la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y otros convenios vinculados. El tribunal fundamentó su resolución en la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora, considerando la inminencia del vencimiento del convenio colectivo y los efectos adversos que la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar sobre la estructura económica del sindicato y la representación de los trabajadores.

Se analiza el alcance de la reforma laboral (Ley 27.802) respecto de la posibilidad de contratar trabajadores bajo la figura de monotributo. Se concluye que la norma no habilita la utilización del monotributo para encubrir relaciones laborales en actividades comerciales, como un ayudante de pizzero. La figura del colaborador independiente está limitada a supuestos específicos —principalmente profesionales— y no elimina los criterios clásicos de relación de dependencia previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, subsiste el riesgo de reclamos laborales si se utiliza indebidamente.

El acuerdo establece un incremento salarial escalonado del 5% sobre las remuneraciones básicas del CCT 130/75, aplicable entre abril y junio de 2026. Este incremento es de carácter remunerativo y se distribuye en un 2% en abril, 1.5% en mayo y 1.5% en junio, calculado sobre los básicos de marzo de 2026. Además, se acuerda una suma fija no remunerativa de $20.000 para los mismos meses, incorporándose al básico en julio de 2026.

El acuerdo establece una nueva escala de salarios básicos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, distribuidos en tres tramos. Los incrementos son de carácter remunerativo y se aplican a diversas categorías laborales. Además, se pacta una suma no remunerativa mensual de $80.000 para febrero, $85.000 para marzo y $90.000 desde abril de 2026. Asimismo, se acuerda una asignación no remunerativa de pago único de $65.950 para el Día de la Sanidad en septiembre de 2026. Las empresas podrán absorber aumentos salariales otorgados unilateralmente durante 2026. Finalmente, se establece una cláusula de revisión para mayo de 2026 y se permite la negociación de pagos en caso de dificultades económicas de las empresas.

El acuerdo establece incrementos salariales en tres tramos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, con una nueva escala de salarios básicos. Los incrementos son remunerativos y se aplican a todas las categorías. Además, se acuerda una suma no remunerativa mensual para los mismos meses, comenzando con $80.000 en febrero y aumentando a $90.000 en abril. Se incluye una asignación no remunerativa de pago único para el Día de la Sanidad en septiembre de 2026. Se contempla una contribución extraordinaria destinada a FATSA, pagadera en cuotas mensuales. El acuerdo prevé una revisión de las escalas salariales en mayo de 2026 y establece mecanismos de absorción para aumentos otorgados unilateralmente. Finalmente, se estipula un aporte solidario del 1% de la remuneración integral mensual durante la vigencia del acuerdo.