El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM)”, presentado por Transportadora de Gas del Sur SA Sucursal Dedicada 1 (TGS SD1), destinado a ampliar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte del gasoducto que une Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la condonación de pleno derecho de multas materiales prevista en el artículo 12 de la Ley 27.541 no exige el cumplimiento del requisito de repatriación de activos financieros situados en el exterior cuando la obligación tributaria principal había sido cancelada antes de la entrada en vigencia del régimen. El Tribunal sostuvo que la exigencia de repatriación prevista en el artículo 8° de la ley resulta aplicable únicamente a los supuestos de regularización de deudas mediante adhesión al régimen moratorio, pero no a la condonación automática de sanciones vinculadas con obligaciones ya canceladas. En consecuencia, rechazó la interpretación de la AFIP que pretendía extender ese requisito a un supuesto no contemplado expresamente por la norma.

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero “Diablillos”, presentado por Pacific Rim Mining Corporation Argentina S.A., destinado a la explotación de oro y plata en la zona limítrofe entre las provincias de Salta y Catamarca. El proyecto contempla una inversión total de USD 481,7 millones y prevé la construcción de una planta de procesamiento con capacidad de 3.150.000 toneladas anuales, además de infraestructura minera, energética, vial y operativa asociada.

El Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe actualiza las tasas de interés aplicables a las deudas tributarias provinciales, tanto para obligaciones en sede administrativa y judicial como para convenios de pago, adecuándolas al contexto económico y financiero vigente. La resolución fija un interés resarcitorio mensual del 3% para las deudas tributarias en sede administrativa y del 4% para aquellas que se encuentren en gestión judicial. 

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) modifica el procedimiento aplicable a la generación de Volantes Electrónicos de Pago (VEP) vinculados con deudas tributarias judicializadas, honorarios, costas y gastos reclamados en ejecuciones fiscales, habilitando que determinados VEP puedan ser generados directamente por los contribuyentes y responsables mediante el sitio web del organismo utilizando Clave miBA Nivel 3.

La Administración Tributaria Provincial del Chaco implementa la Boleta de Deuda Digital, que será expedida y suscripta con firma digital por el Administrador General del organismo y tendrá carácter de título ejecutivo suficiente para las ejecuciones fiscales tramitadas conforme al régimen de juicio de apremio previsto en el Código Tributario Provincial.

ARCA habilita una opción dentro del “Sistema de Información Simplificado Agrícola - SISA” para que los productores agrícolas con Certificado MiPyME vigente puedan compartir voluntariamente la información productiva declarada ante el organismo con la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, a fin de integrar el “Legajo Único Financiero y Económico” (LUFE).

Se analiza el criterio de categorización de las rentas en el Impuesto a las Ganancias, en particular cuando un mismo contribuyente obtiene ingresos de distinta naturaleza. Se destaca que, tratándose de actividades desarrolladas bajo estructura empresaria, las rentas generadas por bienes afectados a dicha explotación se integran en la tercera categoría, desplazando el tratamiento autónomo de otras categorías como la primera.

Se analiza el tratamiento fiscal aplicable a un menor de edad que adquiere la titularidad de un inmueble rural destinado a arrendamiento. Se concluye que el menor reviste la condición de contribuyente en los impuestos que graven dicha renta y patrimonio, debiendo inscribirse ante ARCA con CUIT propio. Las obligaciones fiscales —determinación, presentación y pago— son cumplidas por su representante legal en carácter de responsable por deuda ajena, mediante declaraciones juradas independientes de las del tutor.

En la causa “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Dirección General Impositiva”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado determinaciones de oficio sobre impuestos. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho de defensa de la actora, al haberse rechazado la producción de pruebas que eran esenciales para acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, se ordenó la producción de las pruebas y se dispuso un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

La Dirección General de Rentas de Tucumán establece que los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor quedan exceptuados de verificar la adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, prevista en la RG (DGR) 31/17, al momento de entregar la documentación registral, exclusivamente respecto de los trámites vinculados con vehículos de hasta 125 centímetros cúbicos de cilindrada comprendidos en el inciso 12 del artículo 307 del Código Tributario Provincial.

La Provincia de Córdoba reglamenta el procedimiento para que los productores que posean sistemas y/o equipos de riego con destino al sector agroindustrial puedan solicitar la aplicación de la alícuota reducida del 10,5% en el Impuesto al Valor Agregado sobre la provisión de energía eléctrica utilizada con ese fin. La solicitud deberá tramitarse mediante un formulario con carácter de declaración jurada, que será habilitado en la Plataforma Ciudadano Digital (CiDi) del Gobierno provincial.

Se establece la implementación de la Mesa de Entradas Virtual como canal oficial para la presentación de documentos, peticiones y comunicaciones electrónicas por parte de contribuyentes, responsables y usuarios en general, otorgándole plena validez legal y efectos administrativos equivalentes a la mesa de entradas presencial, conforme al Código Fiscal Provincial y las normas de procedimiento vigentes.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 242/2026, establece un esquema de promoción dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas —y determinadas entidades sin fines de lucro— orientado a incentivar inversiones productivas mediante beneficios fiscales condicionados. El presente trabajo analiza el alcance subjetivo del régimen, los requisitos de acceso, el concepto de inversión elegible, los montos mínimos exigidos, el criterio de puesta en marcha y el funcionamiento de los beneficios —en particular la devolución del crédito fiscal de IVA—, así como las principales exclusiones y el estado actual de implementación, destacando la relevancia práctica de la reglamentación operativa pendiente para su efectiva aplicación.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 dispuso el sobreseimiento total de los imputados en una causa por evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social y retención indebida de aportes de empleados, al aplicar retroactivamente la Ley 27.799. La reforma elevó significativamente los umbrales de punibilidad —a $7.000.000 para evasión y $3.500.000 para retención indebida por cada período mensual—, lo que determinó que los montos imputados no alcanzaran el mínimo legal exigido. En consecuencia, el tribunal consideró que las conductas resultaban atípicas y extinguió la acción penal conforme al principio de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal) y la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal”.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dispuso el sobreseimiento de un imputado acusado de evasión tributaria agravada mediante el uso de facturas apócrifas, al considerar aplicable retroactivamente la Ley 27.799 (“Ley de Inocencia Fiscal”), que elevó el monto mínimo de punibilidad de $1.500.000 a $100.000.000. Dado que el monto presuntamente evadido resultaba significativamente inferior al nuevo umbral legal, el tribunal entendió que la conducta había perdido relevancia penal por ausencia de tipicidad. En consecuencia, aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal), en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal, y dispuso el sobreseimiento con costas por su orden.

La Administración Tributaria Provincial del Chaco ratifica la obligatoriedad del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) local como canal principal de notificación para todos los contribuyentes y responsables, incluyendo aquellos alcanzados por el régimen de Convenio Multilateral, y adopta el Domicilio Fiscal Electrónico Federal (DFEF) como medio válido con carácter supletorio. 

Se redefinen las condiciones bajo las cuales resulta obligatoria la obtención del Código de Operación de Transporte (COT) para el traslado de bienes dentro del territorio provincial. La norma establece nuevos parámetros vinculados al tipo de bienes, su peso y su valor, en el marco del artículo 36 bis del Código Tributario provincial.

El régimen tributario aplicable a la locación de inmuebles destinados a casa-habitación presenta, en la actualidad, una configuración compleja en la que coexisten exenciones, deducciones y beneficios específicos según el sujeto interviniente y el tributo involucrado. A la exención en el Impuesto al Valor Agregado y a la incorporación —a partir del período fiscal 2026— de la exención en el Impuesto a las Ganancias para el locador, se suman los mecanismos de deducción vigentes para el locatario y, en determinados supuestos, también para el locador en ejercicios anteriores. Asimismo, el Monotributo contempla reglas particulares que inciden en el encuadre de la actividad. En tal contexto, el presente comentario aborda en forma sistemática el tratamiento fiscal integral de la locación habitacional, incorporando el análisis de las deducciones por alquileres, su evolución normativa y su impacto en la determinación del impuesto.

Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la Comuna de La Criolla, Departamento Concordia (Entre Ríos), para la producción de plantines de citrus certificados conforme la Resolución 930/2009 del SENASA, como consecuencia del evento de granizo ocurrido el 15 de diciembre de 2025, que afectó significativamente la capacidad productiva de los viveros bajo cubierta. La medida rige desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 14 de diciembre de 2026, dentro de un polígono geográfico determinado.

La Dirección General de Rentas de Tucumán dispuso la suspensión transitoria de la aplicación obligatoria del sistema informático “Guía Electrónica de Traslado de Azúcar y sus Derivados”, aprobado por la RG (DGR) 18/2026, el cual había establecido la emisión del Formulario F.3000 para el transporte de estos productos con origen en la provincia. La medida posterga la exigibilidad del régimen hasta el 31 de mayo de 2026, inclusive.

La Dirección General de Rentas de Tucumán aprobó la versión 56.0 del programa aplicativo correspondiente al Régimen de Regularización de Deudas Fiscales previsto en el Decreto 1243/3 (ME)-2021, con el objetivo de adecuarlo a la prórroga dispuesta hasta el 30 de abril de 2026 incorporando como deudas regularizables aquellas vencidas y exigibles al 31 de enero de 2026, inclusive. 

El Ministerio de Economía modifica el criterio para determinar el carácter de largo plazo de las inversiones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), elevando del 30% al 35% el umbral del cociente entre el valor presente del flujo neto de caja esperado —excluidas inversiones— durante los primeros 3 años y el valor presente neto de las inversiones de capital en ese mismo período. La adecuación se aplica de manera uniforme a todos los sectores alcanzados por el régimen, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 172 de la Ley 27.742.

Se analiza el régimen vigente de registración de contratos de locación en ARCA (RELI) tras la RG 5545/2024. Se concluye que la registración ya no resulta obligatoria con carácter general, sino únicamente para acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley 27.737. En ausencia de dicha finalidad, el registro es optativo.