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La Disposición 125 establece los controles, el trámite y las condiciones de pago para aplicar los beneficios del Régimen Penal Tributario.
Leer más →ARCA sustituye los procedimientos administrativos vinculados con los artículos 16 y 19 del Régimen Penal Tributario para adecuarlos a la Ley de Inocencia Fiscal. Regula el acogimiento mediante el F. 3200, la verificación del pago total y del adicional exigido en sede penal, y los informes requeridos para no formular denuncia. Abroga las Disposiciones AFIP 192/2018, 53/2021 y 85/2023, manteniendo la validez del formulario F. 3200.
Leer más →El pago deberá efectuarse mediante un VEP por cada impuesto y período, utilizando el formulario 2712 y los códigos de concepto y subconcepto 762. La documentación tendrá que incorporarse al expediente judicial correspondiente.
Leer más →La Agencia de Recaudación y Control Aduanero establece el procedimiento que deberán observar los contribuyentes y responsables para ingresar y acreditar el importe adicional exigido por el segundo párrafo del artículo 16 del Régimen Penal Tributario como condición para la extinción de la acción penal.
Leer más →La decisión se fundamenta en los avances alcanzados en infraestructura, tecnología, capacitación y coordinación institucional para la puesta en marcha del sistema acusatorio en uno de los distritos judiciales de mayor complejidad del país.
Leer más →El Ministerio de Justicia dispone la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desde las 00:00 horas del 21 de septiembre de 2026.
Leer más →La medida responde a requerimientos operativos, tecnológicos, edilicios y de capacitación vinculados con la puesta en marcha del sistema acusatorio en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad.
Leer más →Se difiere la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hasta el 8 de marzo de 2027 para asegurar una implementación ordenada y sostenible del sistema acusatorio.
Leer más →El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dispuso el sobreseimiento de un imputado acusado de evasión tributaria agravada mediante el uso de facturas apócrifas, al considerar aplicable retroactivamente la Ley 27.799 (“Ley de Inocencia Fiscal”), que elevó el monto mínimo de punibilidad de $1.500.000 a $100.000.000. Dado que el monto presuntamente evadido resultaba significativamente inferior al nuevo umbral legal, el tribunal entendió que la conducta había perdido relevancia penal por ausencia de tipicidad. En consecuencia, aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal), en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal, y dispuso el sobreseimiento con costas por su orden.
Leer más →En la causa 'Prete, Pablo y otros s/ incidente de recurso extraordinario', la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. La Corte destacó que los tribunales no pueden apartarse del principio de sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones en la aplicación de las penas. En consecuencia, se dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había modificado las penas impuestas en el caso de asociación ilícita fiscal.
Leer más →De verificarse -ya sea por acciones de fiscalización como por la rectificación de los datos declarados - que un agente de información, en el marco del régimen de la Resolución General N° 160 y sus modificatorias, aportó datos inexactos, erróneos o falsos, o bien omitió declarar información que estaba obligado a brindar, se verá configurado el aspecto material de la infracción tipificada en el artículo 39, tercer párrafo, de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Leer más →A) El inciso b) del artículo 18 del Decreto N° 1384/01 y sus modificaciones, prevé una causal de exclusión subjetiva, para quienes quieran acogerse a los beneficios de dicha normativa, que comprende a todos aquellos contribuyentes que hayan sido denunciados o querellados, pero se requiere que al menos ya se haya formulado en la causa penal respectiva, el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Dicha exclusión no viola el principio de igualdad.
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