Se difiere la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hasta el 8 de marzo de 2027 para asegurar una implementación ordenada y sostenible del sistema acusatorio.

El Ministerio de Salud establece que las farmacias deberán utilizar sistemas de gestión con mecanismos digitales para la validación y registro del acto de dispensa de medicamentos ambulatorios, en el marco de la implementación de la receta electrónica y/o digital y de la interoperabilidad de la información sanitaria.

El Ministerio de Seguridad Nacional crea la Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objeto de fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia e infraestructuras críticas vinculadas.

El Ministerio de Economía aprobó el plan de acción y el presupuesto 2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que prevé un proceso de modernización tecnológica y reorganización integral del organismo, con foco en digitalización de servicios, inteligencia artificial, gobernanza de datos, simplificación normativa y fortalecimiento del cumplimiento voluntario. 

El Poder Ejecutivo aprobó un nuevo régimen de deducción de haberes para el personal de la Administración Pública Nacional comprendido en el artículo 8° de la Ley 24.156, aplicable a descuentos destinados al pago de préstamos, consumos y cuotas sociales. La medida deroga el Decreto 14/2012 y redefine las condiciones operativas para mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales, asociaciones sindicales y entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley 21.526.

El Ministerio de Justicia difiere el 15 de febrero de 2027 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La medida alcanza al tramo de implementación del sistema acusatorio previsto para la Justicia Federal Penal y Penal Económica con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, cuya puesta en marcha había sido previamente reprogramada para el 20 de abril de 2026.

La Unidad de Información Financiera (UIF) reemplaza el esquema de registración previsto en la Resolución UIF 50/2011 y profundiza la digitalización del trámite de inscripción de los sujetos obligados mediante el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+). La medida exige que, al momento de registrarse, los sujetos obligados adjunten en formato digital la documentación respaldatoria correspondiente, la cual quedará sujeta a revisión y validación por parte del organismo, con posibilidad de requerir rectificaciones o faltantes por la misma vía.

El Ministerio de Justicia dispone la prórroga por 90 días corridos de la entrada en vigencia del Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, originalmente prevista para el 29 de marzo de 2026 conforme al cronograma establecido por el Decreto 696/2025. La medida se adopta ante la necesidad de completar el desarrollo de funcionalidades críticas del sistema, así como de finalizar adecuaciones normativas, procesos administrativos y acciones de capacitación y difusión dirigidas a los actores del régimen de mediación.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa la implementación de un esquema para que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales discriminen en el monto total de cada operación la incidencia de ese tributo local. La medida se inscribe en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor previsto en la Ley 27.743 y apunta a extender a nivel local la identificación de la carga tributaria que incide en el precio final de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

El Ministerio de Seguridad Nacional aprueba el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia integral orientada a prevenir, detectar y responder a las estafas y delitos cometidos mediante herramientas digitales, redes sociales, plataformas financieras y otras tecnologías de información. 

El Ministerio de Seguridad Nacional crea el Consejo Federal de Delitos Económicos, un ámbito de coordinación interjurisdiccional destinado a fortalecer la prevención, investigación y análisis de la criminalidad económica en el territorio nacional. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que las áreas y organismos de la administración pública deberán potenciar y asegurar la incorporación de soluciones de inteligencia artificial (IA) en la gestión gubernamental y en la interacción con la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la calidad de los servicios públicos y aumentar la productividad del Estado.

Se redefine el cronograma de aplicación del sistema procesal penal federal, disponiendo su plena entrada en vigencia en la jurisdicción de Córdoba a partir del 15 de junio de 2026 y postergando su implementación en las jurisdicciones de Posadas y La Plata hasta el 24 de agosto y el 30 de noviembre de 2026, respectivamente. 

Se sustituye la reglamentación de la Ley 26.589 de mediación prejudicial obligatoria, aprobada por el Decreto 1467/2011, para adaptarla al uso de herramientas digitales. El nuevo esquema dispone que las audiencias podrán realizarse mediante videoconferencia u otros medios análogos, con plena validez jurídica y garantizando la identidad, confidencialidad y principios rectores del procedimiento.

El Poder Ejecutivo Nacional observa en su totalidad el Proyecto de Ley N.º 27.796, sancionado por el Congreso el 22 de agosto de 2025, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por un año.