El Ministerio de Justicia difiere el 15 de febrero de 2027 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La medida alcanza al tramo de implementación del sistema acusatorio previsto para la Justicia Federal Penal y Penal Económica con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, cuya puesta en marcha había sido previamente reprogramada para el 20 de abril de 2026.

La Unidad de Información Financiera (UIF) reemplaza el esquema de registración previsto en la Resolución UIF 50/2011 y profundiza la digitalización del trámite de inscripción de los sujetos obligados mediante el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+). La medida exige que, al momento de registrarse, los sujetos obligados adjunten en formato digital la documentación respaldatoria correspondiente, la cual quedará sujeta a revisión y validación por parte del organismo, con posibilidad de requerir rectificaciones o faltantes por la misma vía.

El Ministerio de Justicia dispone la prórroga por 90 días corridos de la entrada en vigencia del Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, originalmente prevista para el 29 de marzo de 2026 conforme al cronograma establecido por el Decreto 696/2025. La medida se adopta ante la necesidad de completar el desarrollo de funcionalidades críticas del sistema, así como de finalizar adecuaciones normativas, procesos administrativos y acciones de capacitación y difusión dirigidas a los actores del régimen de mediación.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa la implementación de un esquema para que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales discriminen en el monto total de cada operación la incidencia de ese tributo local. La medida se inscribe en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor previsto en la Ley 27.743 y apunta a extender a nivel local la identificación de la carga tributaria que incide en el precio final de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

El Ministerio de Seguridad Nacional aprueba el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia integral orientada a prevenir, detectar y responder a las estafas y delitos cometidos mediante herramientas digitales, redes sociales, plataformas financieras y otras tecnologías de información. 

El Ministerio de Seguridad Nacional crea el Consejo Federal de Delitos Económicos, un ámbito de coordinación interjurisdiccional destinado a fortalecer la prevención, investigación y análisis de la criminalidad económica en el territorio nacional. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que las áreas y organismos de la administración pública deberán potenciar y asegurar la incorporación de soluciones de inteligencia artificial (IA) en la gestión gubernamental y en la interacción con la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la calidad de los servicios públicos y aumentar la productividad del Estado.

Se redefine el cronograma de aplicación del sistema procesal penal federal, disponiendo su plena entrada en vigencia en la jurisdicción de Córdoba a partir del 15 de junio de 2026 y postergando su implementación en las jurisdicciones de Posadas y La Plata hasta el 24 de agosto y el 30 de noviembre de 2026, respectivamente. 

Se sustituye la reglamentación de la Ley 26.589 de mediación prejudicial obligatoria, aprobada por el Decreto 1467/2011, para adaptarla al uso de herramientas digitales. El nuevo esquema dispone que las audiencias podrán realizarse mediante videoconferencia u otros medios análogos, con plena validez jurídica y garantizando la identidad, confidencialidad y principios rectores del procedimiento.

El Poder Ejecutivo Nacional observa en su totalidad el Proyecto de Ley N.º 27.796, sancionado por el Congreso el 22 de agosto de 2025, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por un año.

El Poder Ejecutivo Nacional observa en su totalidad el Proyecto de Ley N.º 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto de 2025, que establecía un régimen de financiamiento para universidades públicas y la recomposición salarial de su personal docente y no docente.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios modifica el Digesto de Normas Técnico-Registrales para adecuar el procedimiento de visualización de la Cédula de Identificación Digital en la aplicación “Mi Argentina”. Al respecto, se establece que el titular registral, persona humana o jurídica, puede habilitar a terceros para visualizar la cédula de su automotor, lo que no altera su responsabilidad civil por daños salvo en los casos de contratos de leasing, donde la responsabilidad recae en el tomador conforme al artículo 1243 del Código Civil y Comercial.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios introduce un nuevo procedimiento para la inscripción de contratos de leasing de automotores que incorpora la posibilidad de solicitar simultáneamente la transferencia de dominio sujeta a condición suspensiva.

La franquicia está regulada en los arts. 1512 a 1524 del Código Civil y Comercial. Si bien no es obligatorio tener la marca registrada en el INPI para firmar el contrato, es altamente recomendable para asegurar la protección jurídica del signo distintivo frente a terceros. El contrato firmado ante escribano le otorga fecha cierta, pero no sustituye el registro marcario.

El Ministerio de Justicia aprueba el Protocolo Operativo para la recepción de bienes provenientes de actividades ilícitas que hayan sido cautelados o recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal y en los procesos de extinción de dominio, en el marco del Régimen creado por el Decreto 575/2025.

Se crea la Oficina de Bienes Recuperados como organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, designada como autoridad de aplicación del régimen aprobado por el Decreto 575/25 para la conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal, así como en los de extinción de dominio.

El Poder Ejecutivo aprueba el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de la justicia nacional y federal y en procedimientos de extinción de dominio. La norma centraliza en el Ministerio de Justicia la administración y custodia de estos bienes, reservando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) su enajenación o concesión comercial.

Se dispone el diferimiento, por única vez y con carácter excepcional, de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, fijando la nueva fecha para el 10 de noviembre de 2025.

Se deroga la Sección 5ª del Capítulo XVIII, Título II del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, que regulaba la acreditación de la declaración jurada de bienes registrables para maquinaria agrícola, vial e industrial autopropulsada.