En la causa “ARAUCO ARGENTINA SA c/ DGA”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala II, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 793/2018. Asimismo, se admitió la acción de repetición de derechos de exportación abonados sin causa, reconociendo el derecho de la actora a obtener el reintegro correspondiente. La decisión se fundamentó en la incompatibilidad del decreto con el texto constitucional y la falta de validez de los derechos de exportación establecidos por normas extralegales.

Escala de alícuotas vigente para el período fiscal 2025 según el artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019) correspondiente a personas humanas y sucesiones indivisas.

Se analiza el tratamiento en el impuesto a las ganancias de rendimientos financieros del exterior obtenidos por una persona humana monotributista, provenientes de bonos y ETF. Se concluye que dichas rentas constituyen ganancias de segunda categoría de fuente extranjera, deben declararse bajo criterio de lo percibido e integrarse al esquema general del impuesto. Asimismo, se aclara que la existencia de deducciones personales no exime de la obligación de presentar la declaración jurada si se obtuvieron rentas gravadas.

Se analiza el límite de deducción de honorarios de directorio en el impuesto a las ganancias y su vinculación con la distribución de utilidades. Se concluye que el tope del 25% solo resulta aplicable cuando existe distribución de dividendos, mientras que, en ausencia de distribución, el límite deducible se reduce al 5% de la utilidad contable ajustada. Asimismo, se destaca la posibilidad de aplicar un criterio proporcional cuando la distribución es parcial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que había admitido parcialmente la potestad de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para ejercer poderes de policía e imposición sobre el Aeropuerto Internacional de Bariloche. El Tribunal puso el eje en la invalidez constitucional de la ley provincial 3978 de Río Negro, que había anexado al ejido municipal el territorio donde se emplaza la estación aérea, ubicado dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi –Zona Gutiérrez–. Con remisión a su precedente de Fallos: 347:552, la Corte reiteró que esas tierras integran un establecimiento sometido a jurisdicción federal y que la provincia no podía realizar actos de disposición sobre ellas. En consecuencia, la pretensión municipal de exigir habilitación comercial, declaraciones de ingresos y el pago de la tasa de seguridad e higiene carece de causa jurídica suficiente. 

Se aprueba el Manual de Procedimientos de Auditoría aplicable al Régimen de Inversiones para la Actividad Minera previsto en la Ley 24.196, con el objetivo de estandarizar criterios de fiscalización, optimizar recursos y fortalecer el control sobre el uso de los beneficios fiscales y promocionales otorgados al sector.

La Cámara Federal de La Plata revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias aplicado sobre un haber previsional, al considerar que no se acreditaron en el caso concreto las condiciones de vulnerabilidad exigidas por el precedente “García” de la Corte Suprema. Si bien se reconoció la procedencia formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad sin necesidad de agotar la vía administrativa, el tribunal concluyó que la actora no demostró una situación de salud, económica o social que justificara excluirla del tributo. En consecuencia, se dejó sin efecto la orden de cesar retenciones y reintegrar sumas, manteniéndose la aplicación del impuesto. Las costas se impusieron por su orden.

La consulta analiza el tratamiento impositivo aplicable a la venta de un inmueble rural adquirido por una persona humana con posterioridad a enero de 2018 y destinado a alquiler no habitual. Se concluye que, si bien estas operaciones estaban alcanzadas por el impuesto cedular del 15% sobre la ganancia, a partir de la reforma introducida por la Ley 27.802, los resultados derivados de la enajenación de inmuebles quedan exentos en el Impuesto a las Ganancias para operaciones realizadas desde el 1° de enero de 2026. Asimismo, se recuerda que el ITI fue derogado, por lo que la operación no se encuentra alcanzada por ningún tributo nacional.

La consulta trata sobre el tratamiento fiscal de bienes totalmente amortizados, específicamente un automotor, en las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales. Se aclara que, en el Impuesto a las Ganancias, estos bienes deben mantenerse valuados a su costo histórico sin deducir la amortización acumulada, ya que esta solo impacta en el resultado impositivo. En cambio, en Bienes Personales, una vez superada la vida útil (5 años para automotores), el bien continúa informándose en el patrimonio pero con valor residual cero, sin aplicar comparación con valores de mercado, hasta su baja definitiva.

La consulta analiza en qué período fiscal deben declararse los honorarios y dividendos asignados por acta de socios cuando no fueron percibidos en el mismo ejercicio. Se concluye que los honorarios de directores o socios administradores se imputan al período en que fueron asignados por la asamblea, aun sin pago, salvo que la asignación haya sido global y se individualice posteriormente. En cambio, los dividendos siguen el criterio del percibido, por lo que se declaran en el ejercicio en que se ponen a disposición o se cobran. La respuesta distingue así el tratamiento diferencial entre ambas rentas dentro del Impuesto a las Ganancias.

La consulta aborda el tratamiento impositivo del rescate total de un seguro de retiro en el Impuesto a las Ganancias, en el caso de un contribuyente inscripto por su condición de director de sociedad. Se analiza la determinación del resultado gravado conforme al artículo 48 inciso e) de la ley, concluyendo que el beneficio se calcula como la diferencia entre el monto cobrado y los aportes no deducidos sin actualización, dado que la normativa no habilita el ajuste por inflación. Asimismo, se indica que el resultado constituye renta de segunda categoría y que la retención practicada por la aseguradora debe computarse como pago a cuenta en la declaración jurada.

La consulta se refiere al tratamiento fiscal del alquiler de inmuebles destinados a casa-habitación en el impuesto a las ganancias y a la obligación de registrar el contrato en el servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI”. Se menciona que el artículo 85, inciso k), de la Ley del Impuesto a las Ganancias permite deducir el 10% del monto anual del alquiler, y que la RG 5545/2024 exige la registración previa del contrato para acceder a determinados beneficios fiscales. También se detallan el plazo, la modalidad y los datos requeridos para efectuar dicha registración.

Se analiza si un monotributista que renuncia al régimen simplificado e inicia una actividad distinta al incorporarse al régimen general puede acceder a los beneficios del “IVA puente” previstos por la Ley 27.618. Se concluye que el cambio de actividad no impide la aplicación de la reducción progresiva del saldo deudor de IVA, siempre que se cumplan los requisitos generales. Sin embargo, limita el acceso al beneficio adicional del cómputo de créditos fiscales y deducciones vinculadas a los 12 meses previos, por la exigencia de continuidad de la actividad.

Se analiza el encuadre impositivo de los ingresos por alquiler de un inmueble explotado en condominio por personas humanas. Se concluye que el condominio no actúa como sujeto fiscal independiente, sino que cada condómino tributa individualmente por su participación. Se detallan las opciones de facturación y el tratamiento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, donde también corresponde la inscripción individual de cada titular.

Se analiza el régimen sancionatorio aplicable a la recategorización de oficio en el Monotributo, aclarando que la normativa establece una sanción del 50% sobre el impuesto integrado y el componente previsional omitidos, con posibilidad de reducción si el contribuyente acepta la determinación dentro del plazo legal o evita la infracción mediante recategorización voluntaria previa.

Los profesionales que obtienen rentas por el ejercicio de su actividad pueden computar la deducción especial prevista en el artículo 30, inciso c), apartado 1 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Para ello, la norma exige como condición el cumplimiento de los aportes previsionales correspondientes al período fiscal. Este requisito se considera satisfecho tanto cuando se realizan aportes al régimen de trabajadores autónomos como cuando el profesional aporta a una caja previsional profesional que actúa como régimen sustitutivo del sistema previsional general. 

El socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada debe inscribirse en el régimen de trabajadores autónomos por el ejercicio de funciones de administración dentro de la sociedad. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la obligación de inscripción y de presentación de declaración jurada anual no surge únicamente por el hecho de ocupar el cargo, sino por la obtención de rentas gravadas atribuibles, como honorarios por la función o utilidades societarias. 

Las micro y pequeñas empresas con certificado MiPyME pueden computar el 100% del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, conforme al artículo 6° de la Ley 27.264. Sin embargo, dicho cómputo solo puede aplicarse contra el impuesto determinado del mismo ejercicio. Cuando el período fiscal arroja quebranto y no existe impuesto a las ganancias a ingresar, ese beneficio no puede trasladarse a ejercicios futuros. No obstante, la normativa general del impuesto al cheque permite trasladar únicamente el porcentaje computable previsto en el régimen general (por ejemplo, el 33% del gravamen), que sí puede aplicarse como pago a cuenta en períodos fiscales posteriores hasta su agotamiento.

En los juicios de ejecución fiscal iniciados conforme al artículo 92 de la Ley 11.683, el mandamiento de intimación de pago suele incluir el capital de la deuda tributaria, los intereses devengados y una estimación de intereses y costas del proceso. El capital y los intereses pueden regularizarse mediante planes de facilidades de pago previstos por ARCA (como el régimen permanente), lo que generalmente requiere el allanamiento o desistimiento de la acción y derecho. En cambio, las costas judiciales tienen un tratamiento diferenciado: los gastos del proceso deben abonarse al contado una vez firme su liquidación, mientras que los honorarios de los representantes o apoderados del Fisco pueden cancelarse al contado o financiarse en cuotas mediante el procedimiento específico previsto para ejecuciones fiscales.

A partir del 2 de marzo de 2026, la Resolución General (ARCA) 5809/2026 modificó el procedimiento de registración y validación del domicilio fiscal en el sistema registral. La norma reemplazó el esquema previo de validación automática o sistémica —que en ciertos casos permitía confirmar o modificar domicilios sin presentar documentación— por un modelo de verificación administrativa basado en respaldo documental. En consecuencia, cuando el domicilio declarado no se encuentra previamente validado en las bases de ARCA o en registros externos, el sistema exige adjuntar documentación probatoria para su confirmación, quedando el domicilio en estado “Declarado por Internet” hasta su validación por el organismo.

Se analiza si un contribuyente que cesó su actividad en diciembre de 2023 como responsable inscripto puede adherirse nuevamente al Monotributo para iniciar una actividad distinta. Se concluye que la restricción de permanencia fuera del régimen simplificado prevista en el artículo 19 del Anexo de la Ley 24.977 solo aplica cuando hubo renuncia al Monotributo. Si el contribuyente simplemente cesó su actividad como responsable inscripto y posteriormente inicia una actividad diferente —perteneciente a otro grupo económico según la clasificación de actividades—, puede considerarse un nuevo inicio de actividad y resultar procedente la adhesión al Monotributo.

Se analiza la posibilidad de rectificar una declaración jurada de IVA cuando se omitió trasladar el saldo técnico del período anterior, aun cuando el impuesto determinado resulte cero por existir mayor crédito fiscal que débito fiscal. Se concluye que la rectificación es procedente para reflejar correctamente el saldo técnico a trasladar. No obstante, cuando la rectificativa implica una modificación “en menos” desde el punto de vista formal y no se cumplen las condiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 11.683 (presentación dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento y variación menor al 5%), su registración en el sistema de cuentas tributarias requiere la validación del organismo fiscal mediante una Presentación Digital solicitando la registración de la declaración jurada rectificativa.

Se analiza si una factura emitida en un mes que hace referencia a operaciones realizadas en un mes previo, puede computarse como crédito fiscal en el IVA de este último período fiscal. Se concluye que, conforme a los artículos 5, 12, 37 y 41 de la Ley de IVA, el crédito fiscal debe imputarse al período en el que se emite la factura o documento equivalente.