La consulta analiza el encuadramiento previsional de un socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada que ya aporta al régimen de trabajadores autónomos y, además, realiza tareas administrativas para la sociedad. En particular, se evalúa la posibilidad de registrarlo como trabajador en relación de dependencia sin efectuar aportes y contribuciones al SIPA.

Se establece un régimen de presentación simplificada para asociaciones civiles de primer grado inscriptas y sujetas al control y/o fiscalización de la Inspección General de Justicia de la Provincia del Chubut, a los fines de obtener o mantener el certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La Inspección General de Justicia implementa un procedimiento de inscripción registral con generación y remisión de la plancha de inscripción en soporte digital, aplicable de manera gradual a los sujetos y actos registrables que sean incorporados al Cronograma de Implementación del organismo.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos reglamenta el Registro Provincial de Iglesias, Confesiones, Comunidades o Entidades Religiosas creado por el Decreto Provincial N° 2559/2025 GOB, destinado a la inscripción voluntaria de entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba reglamenta los aportes de activos virtuales en la constitución de sociedades y en aumentos de capital, estableciendo requisitos de identificación, acreditación de titularidad, integración y valuación.

La Inspección General de Justicia adecúa el régimen registral aplicable a las sociedades constituidas en el extranjero a los principios de simplificación, proporcionalidad, seguridad jurídica y apertura a la inversión.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social modifica la Resolución N° 2362/2019 y actualiza los requisitos aplicables a las solicitudes de otorgamiento de personería jurídica de cooperativas y mutuales.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social establece que determinadas mutuales deberán arbitrar las medidas necesarias para identificar a sus asociados y beneficiarios alcanzados por los estándares internacionales de intercambio automático de información de cuentas financieras.

La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había sometido a una sociedad anónima al régimen de fiscalización estatal permanente del artículo 299 inciso 2 de la Ley General de Sociedades, por contar con un capital social de exactamente $2.000.000.000.

La Inspección General de Justicia modificó diversos artículos de la Resolución General IGJ 15/2024 con el objetivo de simplificar los trámites registrales vinculados con sociedades comerciales, reducir cargas formales y flexibilizar requisitos aplicables a designaciones y cesaciones de administradores, reuniones a distancia, garantías societarias y procedimientos internos ante observaciones registrales. 

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires amplía la tramitación digital obligatoria para determinados procedimientos vinculados con asociaciones civiles, fundaciones y mutuales, que deberán ingresar y sustanciarse en forma digital y remota desde el 1 de junio de 2026 mediante la plataforma de Formularios Digitales del Gobierno bonaerense.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos adecua los requisitos formales para la presentación digital de documentación contable en trámites de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de asociaciones civiles y reuniones ordinarias y extraordinarias de fundaciones, efectuadas a través del Portal “Mi Entre Ríos”.

Se establece un régimen simplificado de presentación contable para asociaciones civiles inscriptas y fiscalizadas por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, categorizadas como “categoría 1”, a los efectos de facilitar la obtención del certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias ante ARCA. La norma habilita la utilización de un Estado de Recursos y Gastos como único estado contable, en reemplazo de los estados tradicionales, siempre que refleje fielmente los registros contables de la entidad y se ajuste al modelo aprobado en el Anexo.

La Inspección General de Justicia dispone la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, para el tratamiento de proyectos de resoluciones generales y propuestas de modificación a la normativa vigente del organismo. La medida se enmarca en un proceso de revisión integral del régimen regulatorio, orientado a simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y adecuar la normativa a estándares de transparencia y gobierno abierto.

Se aprueba un procedimiento especial de regularización para asociaciones civiles que acumulen más de 5 ejercicios económicos sin tratamiento ni aprobación, incluyendo aquellas que se encuentren en situación de acefalía total o con autoridades con mandato vencido. La norma establece los mecanismos, requisitos y condiciones para que estas entidades puedan normalizar su situación jurídica y contable ante el organismo de control.

La Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Sociedades de la Provincia de Mendoza dispuso el inicio del reempadronamiento digital obligatorio para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). El trámite debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma “Mendoza por Mi” (M x M) y tiene carácter de declaración jurada.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos reglamenta la regularización de períodos adeudados por parte de asociaciones civiles encuadradas en la Categoría I del régimen de simplificación contable y precisa la forma en que debe efectuarse la autodeclaración para acreditar ese encuadramiento. 

Se establece el carácter declarativo de la inscripción de designaciones y cesaciones de administradores y representantes societarios, aclarando que dichos actos producen efectos desde su aprobación por el órgano social y no desde su registración. En este marco, la norma precisa que la falta de inscripción no invalida ni priva de eficacia a los actos realizados por autoridades válidamente designadas, ni impide el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la obligación legal de registrarlos.