La Inspección General de Justicia modificó diversos artículos de la Resolución General IGJ 15/2024 con el objetivo de simplificar los trámites registrales vinculados con sociedades comerciales, reducir cargas formales y flexibilizar requisitos aplicables a designaciones y cesaciones de administradores, reuniones a distancia, garantías societarias y procedimientos internos ante observaciones registrales. 

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires amplía la tramitación digital obligatoria para determinados procedimientos vinculados con asociaciones civiles, fundaciones y mutuales, que deberán ingresar y sustanciarse en forma digital y remota desde el 1 de junio de 2026 mediante la plataforma de Formularios Digitales del Gobierno bonaerense.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos adecua los requisitos formales para la presentación digital de documentación contable en trámites de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de asociaciones civiles y reuniones ordinarias y extraordinarias de fundaciones, efectuadas a través del Portal “Mi Entre Ríos”.

Se establece un régimen simplificado de presentación contable para asociaciones civiles inscriptas y fiscalizadas por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, categorizadas como “categoría 1”, a los efectos de facilitar la obtención del certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias ante ARCA. La norma habilita la utilización de un Estado de Recursos y Gastos como único estado contable, en reemplazo de los estados tradicionales, siempre que refleje fielmente los registros contables de la entidad y se ajuste al modelo aprobado en el Anexo.

La Inspección General de Justicia dispone la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, para el tratamiento de proyectos de resoluciones generales y propuestas de modificación a la normativa vigente del organismo. La medida se enmarca en un proceso de revisión integral del régimen regulatorio, orientado a simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y adecuar la normativa a estándares de transparencia y gobierno abierto.

Se aprueba un procedimiento especial de regularización para asociaciones civiles que acumulen más de 5 ejercicios económicos sin tratamiento ni aprobación, incluyendo aquellas que se encuentren en situación de acefalía total o con autoridades con mandato vencido. La norma establece los mecanismos, requisitos y condiciones para que estas entidades puedan normalizar su situación jurídica y contable ante el organismo de control.

La Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Sociedades de la Provincia de Mendoza dispuso el inicio del reempadronamiento digital obligatorio para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). El trámite debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma “Mendoza por Mi” (M x M) y tiene carácter de declaración jurada.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos reglamenta la regularización de períodos adeudados por parte de asociaciones civiles encuadradas en la Categoría I del régimen de simplificación contable y precisa la forma en que debe efectuarse la autodeclaración para acreditar ese encuadramiento. 

Se establece el carácter declarativo de la inscripción de designaciones y cesaciones de administradores y representantes societarios, aclarando que dichos actos producen efectos desde su aprobación por el órgano social y no desde su registración. En este marco, la norma precisa que la falta de inscripción no invalida ni priva de eficacia a los actos realizados por autoridades válidamente designadas, ni impide el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la obligación legal de registrarlos.

En la causa 'Inspección General de Justicia c/ GYC Comunicaciones SA', la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución de la IGJ que impuso una multa de $4.000.000 a la empresa y su presidenta por la falta de presentación de estados contables correspondientes a varios ejercicios. El tribunal consideró que la apelante no logró desvirtuar la sanción, a pesar de argumentar imposibilidad material para presentar la documentación requerida debido a su incautación en un proceso penal. Asimismo, se evaluó la proporcionalidad de la multa en relación a la gravedad de la falta cometida.

La Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Salta dispuso la implementación gradual y progresiva de un sistema de gestión digital de expedientes a través de su Portal Web Ciudadano, aplicable a la tramitación de inscripciones de constitución de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, así como a la presentación de documentación anual obligatoria, modificaciones estatutarias, regularización de irregularidades, reserva de denominación, solicitudes de certificados y diligenciamiento de oficios.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba aprueba un nuevo marco reglamentario para la designación y actuación de veedores, inspectores y autoridades de presidencia en actos sociales de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones. La medida redefine el esquema de fiscalización administrativa, estableciendo pautas específicas para la intervención del organismo en asambleas, reuniones de órganos de administración y procesos de control.

La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la Provincia de Corrientes aprueba un modelo de estatuto tipo destinado a asociaciones civiles con finalidad vecinal, con el objetivo de simplificar y agilizar los trámites de constitución y regularización de estas entidades, en el marco de lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación y el Decreto Ley N° 28/00. 

La Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas de Salta establece la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico mediante correo electrónico en toda presentación inicial o nota rogatoria, en el cual serán válidas las notificaciones cursadas en el marco de los expedientes administrativos. 

Se implementa un régimen de tramitación electrónica obligatoria bajo un sistema mixto para expedientes registrales y crea formalmente el Archivo Digital del organismo, en el marco de las Leyes 10.898, 11.100 y 7.060, la adhesión provincial a la Ley 25.506 de firma digital y el Decreto 2638/2025 que puso en funcionamiento la plataforma “Mi Entre Ríos”.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPJyRP) de la Provincia de Entre Ríos establece la obligatoriedad de constituir domicilio electrónico para todas las personas jurídicas sometidas a su control, a efectos de la recepción de actos administrativos de alcance particular. 

Se analiza si en una SAS es obligatorio designar administradores suplentes y si el vicepresidente puede cumplir ese rol. Te contamos cómo lo regula la Ley 27.349 y en qué casos la designación de suplentes resulta exigible.

Se analiza si es válido, desde el punto de vista laboral y fiscal, que una sociedad sin empleados registre como trabajador en relación de dependencia a su propio socio gerente —incluido el socio único de una SAS— y si el organismo fiscal puede desconocer esa relación, impugnar la deducción del salario y caracterizar los pagos como utilidades o dividendos encubiertos.

Se analiza el régimen legal aplicable a la duración del mandato de las autoridades en las SAS y se explica cómo la ley permite optar por cargos con plazo determinado o indeterminado, según lo establezca el estatuto, aclarando cuándo corresponde —o no— la renovación de autoridades.

Se analiza si en una sociedad simple es válido acordar una distribución de utilidades diferente al porcentaje de participación de cada socio.

Se establece un régimen de simplificación contable aplicable a asociaciones civiles radicadas en la provincia de Entre Ríos cuyos ingresos brutos anuales no superen el límite máximo previsto para la categoría G del régimen simplificado vigente al cierre de cada ejercicio, que permite sustituir la presentación de estados contables tradicionales por un Estado de Recursos y Gastos confeccionado bajo un modelo uniforme. 

Se reconoce a las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas no católicas con domicilio en la provincia como personas jurídicas privadas, otorgándoles un encuadre jurídico específico conforme al régimen del Código Civil y Comercial.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) extiende por 120 días adicionales la suspensión de la ejecutoriedad de la Resolución 581/2020, cuya aplicación había sido previamente suspendida por la Resolución 218/2025. La medida había dejado sin efecto la Resolución N.° 1510/1994 que prohibía que cooperativas de trabajo se dedicaran a actividades vinculadas a agencias de colocación, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia y servicios eventuales.