La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una decisión que dejó sin efecto la ejecución fiscal promovida por ARCA para cobrar un anticipo del Impuesto a las Ganancias. El tribunal consideró que, aunque existía una sentencia firme de ejecución, posteriormente la propia administración aprobó con efecto retroactivo la solicitud de reducción de anticipos presentada por el contribuyente y reconoció que la deuda reclamada no era exigible. En consecuencia, entendió que existía una nulidad sobreviniente que impedía continuar con la ejecución y descartó la procedencia de intereses sobre un capital que el propio organismo había declarado inexistente.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la nulidad de una resolución de AFIP (actual ARCA) que había rechazado una declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias. El contribuyente había consignado por error el período fiscal 2019 en lugar de 2021 al declarar una operación gravada por el impuesto cedular sobre valores. El tribunal concluyó que se trató de un error material de fácil constatación comprendido en el artículo 13 de la Ley 11.683, por lo que la administración no podía obligarlo a ingresar nuevamente el impuesto y luego promover una acción de repetición para corregir la equivocación.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado ajustes de IVA y del Impuesto a las Ganancias vinculados con facturas consideradas apócrifas. El tribunal sostuvo que el artículo 21 del Decreto 608/2024 incorporó una exclusión no prevista por la Ley 27.743 al impedir que los beneficios liberatorios del Régimen de Regularización de Activos alcanzaran los créditos fiscales de IVA y los gastos computados en Ganancias provenientes de comprobantes cuestionados. En consecuencia, declaró inaplicable dicha limitación reglamentaria al caso y ordenó devolver las actuaciones al Tribunal Fiscal para que verifique si la contribuyente cumple los restantes requisitos legales para acceder a los beneficios del régimen.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había validado ajustes en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y el gravamen sobre salidas no documentadas, derivados de operaciones realizadas con un proveedor posteriormente incorporado a la Base APOC. El tribunal sostuvo que la sola circunstancia de que la inclusión del proveedor en dicha base hubiera ocurrido con posterioridad a las operaciones no impedía impugnar los créditos fiscales y gastos computados cuando existían múltiples indicios serios y concordantes que permitían cuestionar la realidad económica de las operaciones.

En la causa "BANCO MACRO SA c/ EN - AFIP - DGI s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA", la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicable la prohibición legal de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2018. El tribunal sostuvo que la imposibilidad de aplicar dicho ajuste implicaba una alícuota efectiva confiscatoria, conforme a la doctrina del precedente "Candy" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, rechazó los agravios de la demandada relativos a la validez del informe pericial contable y la aplicación del procedimiento administrativo previsto en la resolución general (DGI) n° 2224/1979.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había dejado sin efecto millonarios ajustes de IVA e Impuesto a las Ganancias practicados por la AFIP (actual ARCA) contra Nordelta S.A. y el Fideicomiso Nordelta. El Tribunal concluyó que la transferencia de lotes y la constitución de servidumbres sobre espacios comunes en barrios cerrados no configuran el hecho imponible de “obras sobre inmueble propio” previsto en la ley del IVA, ya que no existe una transferencia onerosa del dominio de dichos bienes. Asimismo, rechazó la aplicación de la figura de los “intereses presuntos” sobre préstamos entre sociedades vinculadas, al considerar acreditado que los fondos fueron destinados al desarrollo integral del emprendimiento inmobiliario y respondieron al interés empresarial de la sociedad controlante.

En la causa 'Quiroga Ponce Horacio José c/ EN - AFIP - DGI - Reso. 2550/22 y 571/19', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo de la demanda del actor, quien buscaba la nulidad de resoluciones que lo excluían del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. El tribunal sostuvo que el actor no logró demostrar la ilegitimidad de los actos administrativos impugnados, que se basaron en la falta de respaldo documental para las locaciones de inmuebles realizadas entre 2015 y 2016. Asimismo, se destacó que la normativa vigente exigía la emisión de comprobantes, lo cual no fue cumplido por el demandante.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que corresponde a dicho fuero intervenir en la acción declarativa promovida contra el Decreto 149/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional prohibió la imposición de aportes obligatorios a cámaras empresariales por parte de empleadores no afiliados en el marco de convenios colectivos de trabajo. El tribunal consideró que la pretensión tiene naturaleza administrativa y constitucional, en tanto se dirige a cuestionar la validez de un acto estatal general, y no una controversia estrictamente laboral, por lo que hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 y el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 27.802. El tribunal estableció que corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, en virtud de la materia federal involucrada, la presencia del Estado Nacional como parte y la aplicación inmediata de las normas que modifican la competencia judicial. Asimismo, reafirmó su potestad para dirimir este tipo de conflictos conforme el artículo 20 de la ley 26.854 y la doctrina de la Corte Suprema.

En la causa “Central Puerto SA c/ EN-AFIP-DGI”, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a la AFIP reintegrar a la actora la suma de $33.264.583,41, correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, por no haberse aplicado el ajuste por inflación. El tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema, destacando la confiscatoriedad del tributo en cuestión debido a la falta de ajuste inflacionario, lo que generó una alícuota efectiva superior al 100%. Asimismo, se rechazaron los agravios de la demandada sobre la prescripción y la tasa de interés aplicable.

En la causa “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Dirección General Impositiva”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado determinaciones de oficio sobre impuestos. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho de defensa de la actora, al haberse rechazado la producción de pruebas que eran esenciales para acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, se ordenó la producción de las pruebas y se dispuso un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la resolución de primera instancia que había rechazado la medida cautelar solicitada por Finadiet S.A. y ordenó a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y/o a su Comité de Administración abstenerse de efectuar, respecto de la actora, las detracciones y retenciones previstas en las Resoluciones Generales (C.A.) 104/2004 y 6/2020, aplicadas a través de los sistemas SIRCREB y SIRPEI, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

En la causa 'Monteverde SA c/ GCBA-AGIP-DGR', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la inconstitucionalidad de la alícuota diferencial del impuesto sobre los ingresos brutos establecida por la Ley N° 5.723. El tribunal argumentó que la aplicación de una alícuota mayor a empresas radicadas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vulnera el principio de igualdad y la libertad de elección de los contribuyentes en el ejercicio de sus actividades económicas. En consecuencia, se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, manteniendo la decisión de primera instancia que favoreció a la actora.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.

En la causa 'Armando Pettorossi e Hijos SA c/Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había admitido el acogimiento de la actora al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por la ley 27.743. El tribunal consideró que el Fisco Nacional no había presentado objeciones válidas en el momento oportuno para cuestionar el acogimiento, lo que llevó a desestimar el recurso interpuesto por la parte demandada.

En la causa Zannoner Eugenio Hector c/ Dirección General Impositiva, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala I) confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que había revocado la exclusión del actor del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), así como la determinación de IVA y Ganancias y las multas aplicadas por la AFIP. El tribunal sostuvo que la actividad desarrollada —representante técnico ascensorista— posee carácter individual e indelegable, por lo que encuadra en la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 19 del Decreto 885/98 (modificado por el Decreto 485/2000), que dispensa del requisito de contar con una cantidad mínima de empleados. En consecuencia, consideró inválida la exclusión del régimen basada en el incumplimiento de dicho requisito. Asimismo, reafirmó el criterio restrictivo respecto del control judicial sobre la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal, y desestimó los agravios del Fisco por carecer de crítica concreta y razonada.

En la causa 'Biondi María Luz - TF 49573-I c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que admitió el cómputo de créditos fiscales por operaciones realizadas antes de que la actora fuera responsable inscripta en el IVA. El tribunal consideró que exigir la discriminación del IVA en los comprobantes resultaba irrazonable, dado que los proveedores no estaban obligados a hacerlo en el contexto de la condición de monotributista de la actora. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la demandada y se confirmaron las costas a su cargo.

En la causa 'Rosemberg Adrián Alberto c/ Universidad Tecnológica Nacional', la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó los reclamos de salarios caídos e indemnización por despido interpuestos por el actor. El tribunal fundamentó su decisión en la naturaleza de la relación contractual, que se encuadró en locaciones de servicios y no en un vínculo laboral dependiente. Asimismo, se destacó la falta de estabilidad en el empleo y la ausencia de prueba que acredite la existencia de una relación laboral encubierta.

En la causa 'Tedeshi, Mara Yael del Valle c/ AFIP-DGI', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la exclusión de la actora del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) por parte de la AFIP-DGI. La decisión se basa en la constatación de irregularidades en la emisión de facturas, específicamente por utilizar comprobantes con CAI vencido, lo que constituye una causal de exclusión según la normativa vigente. Asimismo, se desestimaron los agravios presentados por la actora, quien no logró demostrar la arbitrariedad de la resolución administrativa impugnada.