En la causa 'Vicentin SAIC c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había determinado de oficio el IVA correspondiente a varios períodos fiscales. El tribunal consideró que la actora no logró demostrar la veracidad de las operaciones con los proveedores cuestionados, quienes presentaban irregularidades que ponían en duda su capacidad económica y operativa. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la actora y se ratificó la resolución del Fisco.

En la causa “ARAUCO ARGENTINA SA c/ DGA”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala II, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 793/2018. Asimismo, se admitió la acción de repetición de derechos de exportación abonados sin causa, reconociendo el derecho de la actora a obtener el reintegro correspondiente. La decisión se fundamentó en la incompatibilidad del decreto con el texto constitucional y la falta de validez de los derechos de exportación establecidos por normas extralegales.

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) restablecer la CUIT de un contribuyente incluido en la “Base de Contribuyentes No Confiables – Base Apoc”. El tribunal entendió que la inhabilitación configuraba una vía de hecho, ya que se había ejecutado sin la existencia de un acto administrativo firme que resolviera el reclamo interpuesto en sede administrativa conforme al art. 35 inciso h) de la Ley 11.683. Hasta tanto dicho recurso no fuera resuelto, la suspensión de la CUIT no podía mantenerse por el efecto suspensivo previsto en la normativa.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto la resolución de la AFIP que había excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado (Monotributo) a un contribuyente por haber superado el límite de ingresos anuales de la categoría H. La exclusión se basó en la facturación registrada entre julio de 2017 y junio de 2018. Sin embargo, el Tribunal consideró que uno de los comprobantes computados correspondía a una prestación de servicios devengada en un período anterior al auditado, lo que dejaba al contribuyente dentro del límite permitido. La Cámara resaltó que el criterio aplicable para medir los ingresos es el del devengado y que en el caso existía prueba suficiente para demostrar que al menos una de las facturas cuestionadas no debía ser computada en el período fiscalizado.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación de ROEMMERS S.A.I.C.F. y declaró la inconstitucionalidad de los topes vigentes aplicados por la AFIP para deducir gastos y créditos fiscales por automóviles afectados a la actividad gravada, utilizados por agentes de propaganda médica (APM). Si bien la empresa no se encuentra comprendida en la excepción del art. 88, inciso l, de la ley del Impuesto a las Ganancias, la Cámara consideró que la falta de actualización de los límites establecidos ($20.000 para amortizaciones y $7.200 anuales para gastos de mantenimiento) implicaba una violación del principio de razonabilidad y del deber legal de revisión periódica. Se dejó sin efecto la determinación de oficio, los intereses y las sanciones impuestas, con costas por su orden.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, revocó una resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que había impugnado la declaración jurada del contribuyente por operaciones de compra y venta de títulos públicos en pesos y dólares durante 2008. El Tribunal Fiscal había confirmado la determinación de un ajuste impositivo, intereses y una multa millonaria, al entender que las diferencias de cotización constituían renta gravada. La Cámara consideró que el art. 20, inc. w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé una exención objetiva para este tipo de resultados, sin imponer requisitos adicionales como plazos mínimos de tenencia. Rechazó el uso del principio de "realidad económica" para limitar una exención clara y textual.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia de primera instancia que ordenó la rehabilitación provisional de la CUIT de un contribuyente hasta que la AFIP resuelva expresamente su situación. El tribunal consideró que la inhabilitación sin acto administrativo fundado configuró una "vía de hecho" ilegal.