La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la condonación de pleno derecho de multas materiales prevista en el artículo 12 de la Ley 27.541 no exige el cumplimiento del requisito de repatriación de activos financieros situados en el exterior cuando la obligación tributaria principal había sido cancelada antes de la entrada en vigencia del régimen. El Tribunal sostuvo que la exigencia de repatriación prevista en el artículo 8° de la ley resulta aplicable únicamente a los supuestos de regularización de deudas mediante adhesión al régimen moratorio, pero no a la condonación automática de sanciones vinculadas con obligaciones ya canceladas. En consecuencia, rechazó la interpretación de la AFIP que pretendía extender ese requisito a un supuesto no contemplado expresamente por la norma.

En la causa 'Escobar c/ La Caja Aseguradora de Riesgos de Trabajo ART S.A.', la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la condena impuesta a la aseguradora por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La decisión se fundamentó en que la demanda de la actora se basaba exclusivamente en el derecho civil, sin que se hubieran planteado reclamos bajo la Ley de Riesgos del Trabajo. La Corte consideró que la aplicación de esta última ley por parte del tribunal inferior constituyó un exceso en el ejercicio de su jurisdicción, afectando las garantías constitucionales de la aseguradora.

En la causa 'YPF S.A. c/ Chubut Provincia del s/ acción declarativa de certeza', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la pretensión fiscal de la Provincia del Chubut de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de la exportación de productos hidrocarburíferos industrializados en otra jurisdicción. La Corte fundamentó su decisión en la existencia de una discriminación tributaria que vulnera la cláusula comercial de la Constitución Nacional, al afectar el comercio interprovincial. Asimismo, se destacó que la interpretación del Convenio Multilateral por parte de la provincia demandada contraviene los principios de coordinación tributaria y equidad fiscal entre jurisdicciones.

En la causa 'Pernod Ricard Argentina S.R.L. c/ Santa Fe, Provincia', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 6° y 7° de la ley local 3650, que establecían alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos según la radicación industrial. El tribunal fundamentó su decisión en la violación del principio de igualdad y en la creación de una 'aduana interior', lo que obstaculizaba el comercio interprovincial. En consecuencia, se hizo lugar a la demanda de la actora y se ordenó la cesación de la aplicación de dichas alícuotas discriminatorias.

En la causa 'Pajón, Francisco Agapito s/ incidente de verificación de crédito', la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había desestimado el carácter laboral del crédito del trabajador. El tribunal consideró que la indemnización por accidente de trabajo, aunque derivada de un contrato de seguros, debe ser tratada como un crédito laboral, otorgándole así los privilegios correspondientes en el marco de la ley concursal. En consecuencia, se ordenó el reconocimiento de intereses compensatorios devengados tras la quiebra de la aseguradora.

En la causa 'Prete, Pablo y otros s/ incidente de recurso extraordinario', la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. La Corte destacó que los tribunales no pueden apartarse del principio de sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones en la aplicación de las penas. En consecuencia, se dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había modificado las penas impuestas en el caso de asociación ilícita fiscal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que había admitido parcialmente la potestad de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para ejercer poderes de policía e imposición sobre el Aeropuerto Internacional de Bariloche. El Tribunal puso el eje en la invalidez constitucional de la ley provincial 3978 de Río Negro, que había anexado al ejido municipal el territorio donde se emplaza la estación aérea, ubicado dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi –Zona Gutiérrez–. Con remisión a su precedente de Fallos: 347:552, la Corte reiteró que esas tierras integran un establecimiento sometido a jurisdicción federal y que la provincia no podía realizar actos de disposición sobre ellas. En consecuencia, la pretensión municipal de exigir habilitación comercial, declaraciones de ingresos y el pago de la tasa de seguridad e higiene carece de causa jurídica suficiente.