Ingresos Brutos: la Corte habilitó su competencia originaria y ordenó a Misiones no retener por operaciones realizadas fuera de la provincia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que corresponde a su competencia originaria la acción promovida por Cannon Puntana Sociedad Anónima contra la Provincia de Misiones y admitió una medida cautelar para que los agentes designados por la Resolución General (DGR) 3/1993 se abstengan de practicar retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de la actividad comercial desarrollada fuera del territorio provincial.

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Declaración de inconstitucionalidad de alícuotas diferenciales de ingresos brutos en Santa Fe.

En la causa 'Pernod Ricard Argentina S.R.L. c/ Santa Fe, Provincia', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 6° y 7° de la ley local 3650, que establecían alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos según la radicación industrial. El tribunal fundamentó su decisión en la violación del principio de igualdad y en la creación de una 'aduana interior', lo que obstaculizaba el comercio interprovincial. En consecuencia, se hizo lugar a la demanda de la actora y se ordenó la cesación de la aplicación de dichas alícuotas discriminatorias.

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La Corte Suprema declara inconstitucional alícuota diferencial de Ingresos Brutos en Córdoba por discriminar a industrias no radicadas en la provincia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la acción declarativa de certeza promovida por Cepas Argentinas S.A. contra la Provincia de Córdoba y declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley impositiva 10.324 (vigente en 2016), que establecía alícuotas agravadas del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes industriales sin establecimiento productivo en dicha jurisdicción. El Tribunal entendió que dicha norma violaba los artículos 9° a 12, 16 y 75 inc. 13 de la Constitución Nacional al crear una discriminación tributaria basada en el lugar de radicación de la planta industrial, afectando el comercio interprovincial y reinstaurando una “aduana interior” vedada por la Carta Magna. La Corte ratificó su competencia originaria, rechazó el dictamen de la Procuradora Fiscal que consideraba inexistente el “caso” y sostuvo que la actora acreditó un perjuicio concreto derivado de la norma impugnada.

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