El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que había suspendido provisoriamente la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por la Ley 26.854 para mantener una cautelar contra una ley sancionada por el Congreso Nacional, especialmente frente a la presunción de legitimidad de las normas y la complejidad del planteo de inconstitucionalidad formulado por la CGT. El fallo destaca que el análisis cautelar no puede convertirse en un adelanto de la sentencia definitiva ni reemplazar el examen profundo que requiere el control de constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral. Asimismo, el tribunal sostuvo que la amplitud de los temas involucrados —contratos individuales, negociación colectiva, huelga, tutela sindical, vacaciones, despidos y fondo de asistencia laboral, entre otros— excede el limitado marco cognoscitivo propio de una medida precautoria.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.742 por parte del trabajador, quien impugnó la derogación de sanciones laborales previstas en la ley 25.323 y el art. 80 de la LCT. El tribunal consideró que la norma no vulnera derechos fundamentales ni el principio de progresividad. No obstante, hizo lugar parcialmente al reclamo de reparación integral por daño derivado del incumplimiento indemnizatorio, basándose en el Código Civil y Comercial. En este sentido, impuso al empleador una condena adicional equivalente a seis salarios, pese a la derogación del régimen sancionatorio anterior. La sentencia reafirma que, si bien el Congreso puede reformar el esquema de sanciones, ello no impide al Poder Judicial reconocer daños reales conforme a principios generales del derecho.