La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había dejado sin efecto millonarios ajustes de IVA e Impuesto a las Ganancias practicados por la AFIP (actual ARCA) contra Nordelta S.A. y el Fideicomiso Nordelta. El Tribunal concluyó que la transferencia de lotes y la constitución de servidumbres sobre espacios comunes en barrios cerrados no configuran el hecho imponible de “obras sobre inmueble propio” previsto en la ley del IVA, ya que no existe una transferencia onerosa del dominio de dichos bienes. Asimismo, rechazó la aplicación de la figura de los “intereses presuntos” sobre préstamos entre sociedades vinculadas, al considerar acreditado que los fondos fueron destinados al desarrollo integral del emprendimiento inmobiliario y respondieron al interés empresarial de la sociedad controlante.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la condonación de pleno derecho de multas materiales prevista en el artículo 12 de la Ley 27.541 no exige el cumplimiento del requisito de repatriación de activos financieros situados en el exterior cuando la obligación tributaria principal había sido cancelada antes de la entrada en vigencia del régimen. El Tribunal sostuvo que la exigencia de repatriación prevista en el artículo 8° de la ley resulta aplicable únicamente a los supuestos de regularización de deudas mediante adhesión al régimen moratorio, pero no a la condonación automática de sanciones vinculadas con obligaciones ya canceladas. En consecuencia, rechazó la interpretación de la AFIP que pretendía extender ese requisito a un supuesto no contemplado expresamente por la norma.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que validaba la imposición de una tasa municipal exigida por la Comuna de Delfín Gallo a Aeropuertos Argentina 2000 S.A., concesionaria aeroportuaria. Se consideró arbitraria la decisión de la Cámara Federal de Tucumán que sostenía la validez del tributo pese a no haberse acreditado la prestación efectiva de servicios municipales específicos que lo justificaran. Se concluyó que dicha exigencia vulnera lo establecido en la Ley 23.548 sobre Coparticipación Federal, siendo requisito indispensable para las tasas municipales la prestación real y concreta del servicio.