La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una decisión que dejó sin efecto la ejecución fiscal promovida por ARCA para cobrar un anticipo del Impuesto a las Ganancias. El tribunal consideró que, aunque existía una sentencia firme de ejecución, posteriormente la propia administración aprobó con efecto retroactivo la solicitud de reducción de anticipos presentada por el contribuyente y reconoció que la deuda reclamada no era exigible. En consecuencia, entendió que existía una nulidad sobreviniente que impedía continuar con la ejecución y descartó la procedencia de intereses sobre un capital que el propio organismo había declarado inexistente.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la nulidad de una resolución de AFIP (actual ARCA) que había rechazado una declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias. El contribuyente había consignado por error el período fiscal 2019 en lugar de 2021 al declarar una operación gravada por el impuesto cedular sobre valores. El tribunal concluyó que se trató de un error material de fácil constatación comprendido en el artículo 13 de la Ley 11.683, por lo que la administración no podía obligarlo a ingresar nuevamente el impuesto y luego promover una acción de repetición para corregir la equivocación.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado ajustes de IVA y del Impuesto a las Ganancias vinculados con facturas consideradas apócrifas. El tribunal sostuvo que el artículo 21 del Decreto 608/2024 incorporó una exclusión no prevista por la Ley 27.743 al impedir que los beneficios liberatorios del Régimen de Regularización de Activos alcanzaran los créditos fiscales de IVA y los gastos computados en Ganancias provenientes de comprobantes cuestionados. En consecuencia, declaró inaplicable dicha limitación reglamentaria al caso y ordenó devolver las actuaciones al Tribunal Fiscal para que verifique si la contribuyente cumple los restantes requisitos legales para acceder a los beneficios del régimen.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había validado ajustes en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y el gravamen sobre salidas no documentadas, derivados de operaciones realizadas con un proveedor posteriormente incorporado a la Base APOC. El tribunal sostuvo que la sola circunstancia de que la inclusión del proveedor en dicha base hubiera ocurrido con posterioridad a las operaciones no impedía impugnar los créditos fiscales y gastos computados cuando existían múltiples indicios serios y concordantes que permitían cuestionar la realidad económica de las operaciones.

En la causa "BANCO MACRO SA c/ EN - AFIP - DGI s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA", la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicable la prohibición legal de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2018. El tribunal sostuvo que la imposibilidad de aplicar dicho ajuste implicaba una alícuota efectiva confiscatoria, conforme a la doctrina del precedente "Candy" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, rechazó los agravios de la demandada relativos a la validez del informe pericial contable y la aplicación del procedimiento administrativo previsto en la resolución general (DGI) n° 2224/1979.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había dejado sin efecto millonarios ajustes de IVA e Impuesto a las Ganancias practicados por la AFIP (actual ARCA) contra Nordelta S.A. y el Fideicomiso Nordelta. El Tribunal concluyó que la transferencia de lotes y la constitución de servidumbres sobre espacios comunes en barrios cerrados no configuran el hecho imponible de “obras sobre inmueble propio” previsto en la ley del IVA, ya que no existe una transferencia onerosa del dominio de dichos bienes. Asimismo, rechazó la aplicación de la figura de los “intereses presuntos” sobre préstamos entre sociedades vinculadas, al considerar acreditado que los fondos fueron destinados al desarrollo integral del emprendimiento inmobiliario y respondieron al interés empresarial de la sociedad controlante.

En la causa “Central Puerto SA c/ EN-AFIP-DGI”, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a la AFIP reintegrar a la actora la suma de $33.264.583,41, correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, por no haberse aplicado el ajuste por inflación. El tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema, destacando la confiscatoriedad del tributo en cuestión debido a la falta de ajuste inflacionario, lo que generó una alícuota efectiva superior al 100%. Asimismo, se rechazaron los agravios de la demandada sobre la prescripción y la tasa de interés aplicable.

En la causa “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Dirección General Impositiva”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado determinaciones de oficio sobre impuestos. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho de defensa de la actora, al haberse rechazado la producción de pruebas que eran esenciales para acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, se ordenó la producción de las pruebas y se dispuso un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.

En la causa “Sevastei, Jorge c/ AFIP s/ amparo contra actos de particulares”, la Cámara Federal de Mendoza, Sala A, confirmó la sentencia que hizo lugar al amparo del contribuyente, rechazando la postura de la AFIP sobre la exclusión del régimen simplificado. El tribunal sostuvo que la operación que provoca el exceso de los parámetros del monotributo no puede ser alcanzada por el régimen general, ya que es precisamente la que determina la exclusión, la cual opera hacia el futuro. Asimismo, consideró procedente la vía del amparo al no acreditarse la existencia de un medio judicial más idóneo ni la complejidad alegada por el fisco.

La Cámara Federal de La Plata revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias aplicado sobre un haber previsional, al considerar que no se acreditaron en el caso concreto las condiciones de vulnerabilidad exigidas por el precedente “García” de la Corte Suprema. Si bien se reconoció la procedencia formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad sin necesidad de agotar la vía administrativa, el tribunal concluyó que la actora no demostró una situación de salud, económica o social que justificara excluirla del tributo. En consecuencia, se dejó sin efecto la orden de cesar retenciones y reintegrar sumas, manteniéndose la aplicación del impuesto. Las costas se impusieron por su orden.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación de ROEMMERS S.A.I.C.F. y declaró la inconstitucionalidad de los topes vigentes aplicados por la AFIP para deducir gastos y créditos fiscales por automóviles afectados a la actividad gravada, utilizados por agentes de propaganda médica (APM). Si bien la empresa no se encuentra comprendida en la excepción del art. 88, inciso l, de la ley del Impuesto a las Ganancias, la Cámara consideró que la falta de actualización de los límites establecidos ($20.000 para amortizaciones y $7.200 anuales para gastos de mantenimiento) implicaba una violación del principio de razonabilidad y del deber legal de revisión periódica. Se dejó sin efecto la determinación de oficio, los intereses y las sanciones impuestas, con costas por su orden.

La Cámara Federal de San Martín, Sala II, revocó la resolución que había rechazado la medida cautelar solicitada por Yamaha Motor Argentina S.A. contra la AFIP-DGI (hoy ARCA). La empresa, como responsable sustituto del impuesto sobre los bienes personales de sus accionistas, buscaba suspender los efectos de la intimación de pago y evitar embargos, bloqueos y medidas que afectaran su actividad comercial, en el marco de una controversia por la compensación con saldos a favor en el impuesto a las ganancias. El tribunal consideró que existía verosimilitud en el derecho invocado, respaldada por el fallo “Rectificaciones Rivadavia” de la Corte Suprema, y que el peligro en la demora se encontraba configurado por la ejecución fiscal en trámite. Se hizo lugar parcialmente a la cautelar, ordenando a la ARCA abstenerse de trabar embargos, impedir contrataciones con el Estado o bloquear certificados fiscales, previa caución de $15 millones y por un plazo de seis meses.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, revocó una resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que había impugnado la declaración jurada del contribuyente por operaciones de compra y venta de títulos públicos en pesos y dólares durante 2008. El Tribunal Fiscal había confirmado la determinación de un ajuste impositivo, intereses y una multa millonaria, al entender que las diferencias de cotización constituían renta gravada. La Cámara consideró que el art. 20, inc. w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé una exención objetiva para este tipo de resultados, sin imponer requisitos adicionales como plazos mínimos de tenencia. Rechazó el uso del principio de "realidad económica" para limitar una exención clara y textual.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que gravaban los haberes previsionales de una jubilada de 79 años con problemas de salud, al considerar que el régimen omitía contemplar situaciones de vulnerabilidad derivadas de la ancianidad y enfermedad. El Tribunal sostuvo que la capacidad contributiva no puede analizarse únicamente desde parámetros patrimoniales, sino también considerando las mayores erogaciones y limitaciones propias de la edad avanzada.