La Cámara Federal de San Martín, Sala II, revocó la resolución que había rechazado la medida cautelar solicitada por Yamaha Motor Argentina S.A. contra la AFIP-DGI (hoy ARCA). La empresa, como responsable sustituto del impuesto sobre los bienes personales de sus accionistas, buscaba suspender los efectos de la intimación de pago y evitar embargos, bloqueos y medidas que afectaran su actividad comercial, en el marco de una controversia por la compensación con saldos a favor en el impuesto a las ganancias. El tribunal consideró que existía verosimilitud en el derecho invocado, respaldada por el fallo “Rectificaciones Rivadavia” de la Corte Suprema, y que el peligro en la demora se encontraba configurado por la ejecución fiscal en trámite. Se hizo lugar parcialmente a la cautelar, ordenando a la ARCA abstenerse de trabar embargos, impedir contrataciones con el Estado o bloquear certificados fiscales, previa caución de $15 millones y por un plazo de seis meses.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de la AFIP y confirmó el fallo que ordenó reconocer al actor como contribuyente cumplidor. El organismo recaudador había negado el beneficio previsto en la ley 27.260 debido a la presentación tardía de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales de 2015, a pesar de que la obligación tributaria estaba saldada. El máximo tribunal determinó que la AFIP aplicó un criterio excesivamente formalista, ya que la ley solo exigía el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin establecer expresamente el requisito de presentación en término de la declaración jurada.