Trabajo no registrado: la Justicia laboral de San Juan declara inaplicables las reformas de las Leyes de Bases y Modernización a contratos anteriores.

El Cuarto Juzgado del Trabajo de San Juan hizo lugar a la demanda promovida por tres trabajadoras que prestaban servicios en un café y local bailable en condiciones de total clandestinidad laboral, reconociendo la existencia de la relación de dependencia, la procedencia del despido indirecto y las indemnizaciones derivadas de la falta de registración. Como aspecto central del pronunciamiento, el tribunal sostuvo que las modificaciones introducidas por la Ley 27.742 (Ley de Bases) y la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral) no pueden aplicarse a relaciones laborales iniciadas con anterioridad a su entrada en vigencia. Consideró que los derechos y protecciones existentes al momento de celebración del contrato se incorporan al vínculo laboral y no pueden ser desplazados por reformas posteriores de carácter regresivo. En consecuencia, mantuvo la aplicación de las multas de la Ley 24.013 y demás institutos vigentes al momento de inicio de la relación laboral. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 por entender que el sistema de actualización allí previsto produce una reducción irrazonable del crédito laboral y afecta el derecho de propiedad de los trabajadores.

Ganancias: confirman la aplicación integral del ajuste por inflación y ordenan devolver $5.015 millones a Banco Macro abonados en exceso.

En la causa "BANCO MACRO SA c/ EN - AFIP - DGI s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA", la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicable la prohibición legal de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2018. El tribunal sostuvo que la imposibilidad de aplicar dicho ajuste implicaba una alícuota efectiva confiscatoria, conforme a la doctrina del precedente "Candy" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, rechazó los agravios de la demandada relativos a la validez del informe pericial contable y la aplicación del procedimiento administrativo previsto en la resolución general (DGI) n° 2224/1979.

IGJ: la Cámara Comercial limita la fiscalización estatal permanente a sociedades con capital superior —y no igual— a $2.000 millones.

La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había sometido a una sociedad anónima al régimen de fiscalización estatal permanente del artículo 299 inciso 2 de la Ley General de Sociedades, por contar con un capital social de exactamente $2.000.000.000.

Reforma laboral: la Justicia Contencioso Administrativa dejó sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley 27.802.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que había suspendido provisoriamente la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por la Ley 26.854 para mantener una cautelar contra una ley sancionada por el Congreso Nacional, especialmente frente a la presunción de legitimidad de las normas y la complejidad del planteo de inconstitucionalidad formulado por la CGT. El fallo destaca que el análisis cautelar no puede convertirse en un adelanto de la sentencia definitiva ni reemplazar el examen profundo que requiere el control de constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral. Asimismo, el tribunal sostuvo que la amplitud de los temas involucrados —contratos individuales, negociación colectiva, huelga, tutela sindical, vacaciones, despidos y fondo de asistencia laboral, entre otros— excede el limitado marco cognoscitivo propio de una medida precautoria.

Ingresos Brutos y exportaciones de hidrocarburos: la Corte Suprema declara inconstitucional la pretensión de Chubut por discriminar el comercio interprovincial.

En la causa 'YPF S.A. c/ Chubut Provincia del s/ acción declarativa de certeza', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la pretensión fiscal de la Provincia del Chubut de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de la exportación de productos hidrocarburíferos industrializados en otra jurisdicción. La Corte fundamentó su decisión en la existencia de una discriminación tributaria que vulnera la cláusula comercial de la Constitución Nacional, al afectar el comercio interprovincial. Asimismo, se destacó que la interpretación del Convenio Multilateral por parte de la provincia demandada contraviene los principios de coordinación tributaria y equidad fiscal entre jurisdicciones.

Alícuotas diferenciales en ingresos brutos por radicación fuera de la jurisdicción: inconstitucionalidad por discriminación territorial.

En la causa 'Monteverde SA c/ GCBA-AGIP-DGR', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la inconstitucionalidad de la alícuota diferencial del impuesto sobre los ingresos brutos establecida por la Ley N° 5.723. El tribunal argumentó que la aplicación de una alícuota mayor a empresas radicadas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vulnera el principio de igualdad y la libertad de elección de los contribuyentes en el ejercicio de sus actividades económicas. En consecuencia, se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, manteniendo la decisión de primera instancia que favoreció a la actora.

Conflicto de competencia por la reforma laboral: la justicia contencioso administrativa se declara competente en la causa CGT c/ Estado Nacional.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y declaró la competencia de dicho fuero para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la CGT contra diversos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La magistrada entendió que, al tratarse de una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional y centrada en normas de derecho público —incluyendo la modificación del régimen de competencia judicial—, corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, excluyendo a la justicia laboral. En consecuencia, se ordenó requerir la remisión del expediente en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 o su elevación para dirimir la contienda.

Declaración de inconstitucionalidad de alícuotas diferenciales de ingresos brutos en Santa Fe.

En la causa 'Pernod Ricard Argentina S.R.L. c/ Santa Fe, Provincia', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 6° y 7° de la ley local 3650, que establecían alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos según la radicación industrial. El tribunal fundamentó su decisión en la violación del principio de igualdad y en la creación de una 'aduana interior', lo que obstaculizaba el comercio interprovincial. En consecuencia, se hizo lugar a la demanda de la actora y se ordenó la cesación de la aplicación de dichas alícuotas discriminatorias.

Inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802 en el contexto de créditos laborales.

En la causa 'Burgos Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios calle Cuenca 2379 s/ despido', el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 21 declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802, que permitía el fraccionamiento de los créditos laborales. El tribunal fundamentó su decisión en la violación de principios constitucionales y derechos humanos, destacando que el tratamiento diferenciado hacia los acreedores laborales resulta discriminatorio y confiscatorio. En consecuencia, se resolvió que el crédito reconocido debía ser abonado en un único pago, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Revisión de penas en caso de asociación ilícita fiscal y reafirmación del principio de sujeción a la ley.

En la causa 'Prete, Pablo y otros s/ incidente de recurso extraordinario', la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. La Corte destacó que los tribunales no pueden apartarse del principio de sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones en la aplicación de las penas. En consecuencia, se dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había modificado las penas impuestas en el caso de asociación ilícita fiscal.

Inconstitucionalidad del decreto 793/2018 y admisión de la acción de repetición de derechos de exportación abonados sin causa.

En la causa “ARAUCO ARGENTINA SA c/ DGA”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala II, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 793/2018. Asimismo, se admitió la acción de repetición de derechos de exportación abonados sin causa, reconociendo el derecho de la actora a obtener el reintegro correspondiente. La decisión se fundamentó en la incompatibilidad del decreto con el texto constitucional y la falta de validez de los derechos de exportación establecidos por normas extralegales.

ORSNA c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche: inconstitucionalidad de la pretensión municipal de cobrar tasas sobre el aeropuerto de Bariloche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que había admitido parcialmente la potestad de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para ejercer poderes de policía e imposición sobre el Aeropuerto Internacional de Bariloche. El Tribunal puso el eje en la invalidez constitucional de la ley provincial 3978 de Río Negro, que había anexado al ejido municipal el territorio donde se emplaza la estación aérea, ubicado dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi –Zona Gutiérrez–. Con remisión a su precedente de Fallos: 347:552, la Corte reiteró que esas tierras integran un establecimiento sometido a jurisdicción federal y que la provincia no podía realizar actos de disposición sobre ellas. En consecuencia, la pretensión municipal de exigir habilitación comercial, declaraciones de ingresos y el pago de la tasa de seguridad e higiene carece de causa jurídica suficiente.

Inconstitucionalidad del pago en cuotas de indemnizaciones laborales por afectar su carácter alimentario y la tutela constitucional del trabajador.

En la causa “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27.802 —modificatorio del art. 277 de la LCT— en cuanto permite cancelar las sentencias laborales en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para pymes). El tribunal rechazó la pretensión de la demandada de aplicar dicho régimen de pago diferido, aun cuando acreditó su condición de PyME. La decisión se funda en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales y en la afectación directa que la modalidad de pago en cuotas genera sobre su integridad.

Declaración de inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 27.802 en despido por falta de pago salarial.

En la causa “MENDIGUREN, MAXIMILIANO HERNAN c/ LAVADERO TORINO S.A. s/DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. La decisión se fundamentó en que dicha norma vulnera derechos constitucionales, afectando el derecho de propiedad y el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, se dispuso que el crédito reconocido al trabajador debe ser actualizado conforme a la regla general prevista en el artículo 54 de la misma ley.

Suspensión cautelar del traspaso de la justicia laboral nacional a la CABA por vicios constitucionales en el procedimiento.

En la causa “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional s/ medida cautelar”, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 hizo lugar a la medida precautoria solicitada por el sindicato actor y dispuso la suspensión de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la función judicial laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado como Anexo I de la Ley 27.802.

Impuesto mínimo a cigarrillos y trato desigual: la Corte revoca sentencia favorable a Tabacalera Sarandí.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430 respecto de Tabacalera Sarandí S.A. La Cámara consideró que el impuesto mínimo a los cigarrillos, al recaer desproporcionadamente sobre productos baratos y ultrabaratos, vulneraba el principio de igualdad y el derecho a ejercer industria lícita. Sin embargo, la Corte rechazó la acción al concluir que la empresa no logró probar de forma suficiente el daño invocado ni la relación directa entre la aplicación del tributo y la supuesta inviabilidad de su actividad comercial. El Tribunal sostuvo que los fines extrafiscales perseguidos por el legislador, como la protección de la salud pública y la reducción del tabaquismo, son constitucionalmente válidos, y que la carga de demostrar la irrazonabilidad o arbitrariedad de la norma pesa sobre quien la impugna. Por insuficiencia probatoria, el planteo fue desestimado y se impusieron las costas a la parte vencida.

Gastos de mantenimiento de vehículos: la Cámara declara inconstitucionales los topes en IVA y Ganancias por falta de actualización.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación de ROEMMERS S.A.I.C.F. y declaró la inconstitucionalidad de los topes vigentes aplicados por la AFIP para deducir gastos y créditos fiscales por automóviles afectados a la actividad gravada, utilizados por agentes de propaganda médica (APM). Si bien la empresa no se encuentra comprendida en la excepción del art. 88, inciso l, de la ley del Impuesto a las Ganancias, la Cámara consideró que la falta de actualización de los límites establecidos ($20.000 para amortizaciones y $7.200 anuales para gastos de mantenimiento) implicaba una violación del principio de razonabilidad y del deber legal de revisión periódica. Se dejó sin efecto la determinación de oficio, los intereses y las sanciones impuestas, con costas por su orden.

Aplicación de la Ley Bases en caso de despido: rechazan planteo de inconstitucionalidad pero reconocen daño por falta de pago de indemnizaciones.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.742 por parte del trabajador, quien impugnó la derogación de sanciones laborales previstas en la ley 25.323 y el art. 80 de la LCT. El tribunal consideró que la norma no vulnera derechos fundamentales ni el principio de progresividad. No obstante, hizo lugar parcialmente al reclamo de reparación integral por daño derivado del incumplimiento indemnizatorio, basándose en el Código Civil y Comercial. En este sentido, impuso al empleador una condena adicional equivalente a seis salarios, pese a la derogación del régimen sancionatorio anterior. La sentencia reafirma que, si bien el Congreso puede reformar el esquema de sanciones, ello no impide al Poder Judicial reconocer daños reales conforme a principios generales del derecho.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordena la devolución de fondos retenidos a trabajadores por aportes sindicales.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por un grupo de trabajadores contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Río Negro, revocando una resolución que atribuía al sindicato la titularidad de los fondos retenidos en cuentas judiciales. El tribunal determinó que los montos descontados de los salarios, en virtud de un aporte sindical declarado inconstitucional, debían ser restituidos a los trabajadores, evitando un enriquecimiento sin causa del sindicato.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declara inconstitucional la ecotasa de Bariloche.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró inconstitucional la ecotasa establecida por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, al considerar que no cumple con los requisitos esenciales de una tasa, dado que no existe una contraprestación efectiva e individualizada a los contribuyentes. Siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo concluyó que el tributo es ilegítimo y vulnera el artículo 17 de la Constitución Nacional.

La Justicia convalida la normativa que prohíbe el cobro de tasas municipales en facturas de servicios públicos.

El Juzgado Federal de San Martín rechazó la acción de amparo de la Municipalidad de Tigre contra la resolución que impide incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos, argumentando que no se vulnera la autonomía municipal y que la medida protege a los consumidores al garantizar información clara y evitar coacciones al pago de conceptos ajenos al servicio. Sin embargo, para facilitar la transición en la modalidad de cobro, dispuso una prórroga de noventa días en la aplicación de la resolución.

Se rechaza el pedido de inconstitucionalidad de la indexación de crédito hipotecario por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Créditos laborales. Actualización monetaria. Inconstitucionalidad de restricciones. Indemnizaciones agravadas. Aplicación de la "Ley Bases".

Ganancias sobre jubilaciones: la Corte declara inconstitucional el impuesto para jubilados vulnerables.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que gravaban los haberes previsionales de una jubilada de 79 años con problemas de salud, al considerar que el régimen omitía contemplar situaciones de vulnerabilidad derivadas de la ancianidad y enfermedad. El Tribunal sostuvo que la capacidad contributiva no puede analizarse únicamente desde parámetros patrimoniales, sino también considerando las mayores erogaciones y limitaciones propias de la edad avanzada.