El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el trabajador y confirmó la sentencia que condenó a la aseguradora a abonar prestaciones dinerarias derivadas de la incapacidad laboral temporaria. El Tribunal sostuvo que, si bien el crédito tiene origen en la Ley de Riesgos del Trabajo, corresponde aplicar normas de la Ley de Contrato de Trabajo en virtud de la remisión legal existente, lo que habilita la utilización de sus pautas también respecto de los accesorios del crédito. Asimismo, consideró aplicable de manera inmediata el régimen de actualización e intereses previsto en la Ley 27802, por tratarse de consecuencias no agotadas de la obligación. En consecuencia, declaró abstracto el planteo sobre el tope del art. 276 LCT introducido por el DNU 70/2023 y confirmó el fallo de Cámara al entender que el criterio aplicado resultaba sustancialmente coincidente con el nuevo régimen legal vigente.

En la causa “Central Puerto SA c/ EN-AFIP-DGI”, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a la AFIP reintegrar a la actora la suma de $33.264.583,41, correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, por no haberse aplicado el ajuste por inflación. El tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema, destacando la confiscatoriedad del tributo en cuestión debido a la falta de ajuste inflacionario, lo que generó una alícuota efectiva superior al 100%. Asimismo, se rechazaron los agravios de la demandada sobre la prescripción y la tasa de interés aplicable.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.