El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que había suspendido provisoriamente la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por la Ley 26.854 para mantener una cautelar contra una ley sancionada por el Congreso Nacional, especialmente frente a la presunción de legitimidad de las normas y la complejidad del planteo de inconstitucionalidad formulado por la CGT. El fallo destaca que el análisis cautelar no puede convertirse en un adelanto de la sentencia definitiva ni reemplazar el examen profundo que requiere el control de constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral. Asimismo, el tribunal sostuvo que la amplitud de los temas involucrados —contratos individuales, negociación colectiva, huelga, tutela sindical, vacaciones, despidos y fondo de asistencia laboral, entre otros— excede el limitado marco cognoscitivo propio de una medida precautoria.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 y el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, en el marco de la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 27.802. El tribunal estableció que corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, en virtud de la materia federal involucrada, la presencia del Estado Nacional como parte y la aplicación inmediata de las normas que modifican la competencia judicial. Asimismo, reafirmó su potestad para dirimir este tipo de conflictos conforme el artículo 20 de la ley 26.854 y la doctrina de la Corte Suprema.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional contra la medida cautelar que había suspendido la vigencia de numerosos artículos de la Ley 27.802, promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. En consecuencia, la decisión implica que la suspensión dispuesta en primera instancia queda sin efecto mientras se sustancia la apelación, reestableciendo la vigencia de las disposiciones cuestionadas. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 13 de la Ley 26.854, que establece como regla el efecto suspensivo cuando se trata de medidas cautelares que afectan normas de jerarquía legal, salvo supuestos excepcionales que no se verificaron en el caso.

En el marco del conflicto suscitado entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal en la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dispuso la elevación de las actuaciones a la Cámara del fuero, conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley 26.854. El tribunal consideró que, ante un conflicto positivo de competencia entre jueces de distinto fuero, corresponde que la resolución sea adoptada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con independencia del tipo de proceso y del fuero que hubiera intervenido en primer término. Asimismo, se destacó que, pese al rechazo de la inhibitoria por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, subsiste el conflicto, lo que impone su remisión al tribunal de alzada competente.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y declaró la competencia de dicho fuero para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la CGT contra diversos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La magistrada entendió que, al tratarse de una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional y centrada en normas de derecho público —incluyendo la modificación del régimen de competencia judicial—, corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, excluyendo a la justicia laboral. En consecuencia, se ordenó requerir la remisión del expediente en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 o su elevación para dirimir la contienda.

En la causa colectiva promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Estado Nacional, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo n.° 63 revocó por contrario imperio la medida cautelar innovativa que había suspendido la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802. El juez señaló que, si bien el 30 de marzo de 2026 había dispuesto una cautelar de alcance federal respecto de la mayoría de los artículos impugnados, un nuevo análisis sobre el impacto concreto del artículo 55 lo llevó a modificar su decisión provisional. Destacó que la cautelar inicialmente dictada podía perjudicar a trabajadores de determinadas jurisdicciones donde la doctrina legal vigente prevé mecanismos de actualización de créditos laborales menos favorables que el esquema contemplado por esa norma. Sobre esa base, entendió que mantener la suspensión general del artículo 55 podía contrariar la tutela de los propios sujetos protegidos por el proceso. Por ello, dejó sin efecto la suspensión cautelar de esa disposición y estableció que cada jurisdicción deberá juzgar la pertinencia de aplicar los artículos 54 y 55 de la Ley 27.802 en los procesos en trámite, difiriendo el examen de fondo para la sentencia definitiva.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

En la causa 'Sindicato Empleados de Comercio de San Martín c/ Estado Nacional', el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato. La decisión implica la suspensión de la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y otros convenios vinculados. El tribunal fundamentó su resolución en la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora, considerando la inminencia del vencimiento del convenio colectivo y los efectos adversos que la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar sobre la estructura económica del sindicato y la representación de los trabajadores.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.