El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el trabajador y confirmó la sentencia que condenó a la aseguradora a abonar prestaciones dinerarias derivadas de la incapacidad laboral temporaria. El Tribunal sostuvo que, si bien el crédito tiene origen en la Ley de Riesgos del Trabajo, corresponde aplicar normas de la Ley de Contrato de Trabajo en virtud de la remisión legal existente, lo que habilita la utilización de sus pautas también respecto de los accesorios del crédito. Asimismo, consideró aplicable de manera inmediata el régimen de actualización e intereses previsto en la Ley 27802, por tratarse de consecuencias no agotadas de la obligación. En consecuencia, declaró abstracto el planteo sobre el tope del art. 276 LCT introducido por el DNU 70/2023 y confirmó el fallo de Cámara al entender que el criterio aplicado resultaba sustancialmente coincidente con el nuevo régimen legal vigente.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a los recursos de queja interpuestos por tres directores de Telecom Argentina S.A. condenados solidariamente al pago de créditos laborales por despido, junto a la empresa y dos contratistas. La Cámara Nacional del Trabajo había extendido la condena a los miembros del directorio con fundamento en un presunto fraude laboral, sin examinar en forma razonada las circunstancias concretas de su gestión. La Corte consideró arbitraria esa decisión por no evaluar pruebas clave ni el contexto propio de grandes sociedades anónimas, y revocó la sentencia. Reenvió el caso para un nuevo pronunciamiento.

La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche rechazó la demanda de una trabajadora, quien había sido suspendida sin goce de sueldo en 2022 por no cumplir con el requisito del pase sanitario. El tribunal consideró que la exigencia empresarial fue razonable en el contexto sanitario de la pandemia y que la suspensión del salario se ajustó a derecho, dado que no hubo prestación efectiva de servicios.