El Cuarto Juzgado del Trabajo de San Juan hizo lugar a la demanda promovida por tres trabajadoras que prestaban servicios en un café y local bailable en condiciones de total clandestinidad laboral, reconociendo la existencia de la relación de dependencia, la procedencia del despido indirecto y las indemnizaciones derivadas de la falta de registración. Como aspecto central del pronunciamiento, el tribunal sostuvo que las modificaciones introducidas por la Ley 27.742 (Ley de Bases) y la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral) no pueden aplicarse a relaciones laborales iniciadas con anterioridad a su entrada en vigencia. Consideró que los derechos y protecciones existentes al momento de celebración del contrato se incorporan al vínculo laboral y no pueden ser desplazados por reformas posteriores de carácter regresivo. En consecuencia, mantuvo la aplicación de las multas de la Ley 24.013 y demás institutos vigentes al momento de inicio de la relación laboral. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 por entender que el sistema de actualización allí previsto produce una reducción irrazonable del crédito laboral y afecta el derecho de propiedad de los trabajadores.

En la causa "Chiari Cesar Ulises c/ Ruben Teodoro Casares y/o Q.R.R. y propietario de cabañas hospedaje 'Rancho Pelo Largo' s/ indemnización laboral", el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor. La decisión revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había rechazado la extensión de la condena a un tercero, argumentando que no había sido parte en el proceso principal. El tribunal fundamentó que la continuidad de la explotación del establecimiento justifica la extensión de la responsabilidad, garantizando así el derecho del trabajador a cobrar su indemnización.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.