Declaración jurada rectificativa: la Cámara admite la corrección de errores materiales sin exigir una acción de repetición.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la nulidad de una resolución de AFIP (actual ARCA) que había rechazado una declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias. El contribuyente había consignado por error el período fiscal 2019 en lugar de 2021 al declarar una operación gravada por el impuesto cedular sobre valores. El tribunal concluyó que se trató de un error material de fácil constatación comprendido en el artículo 13 de la Ley 11.683, por lo que la administración no podía obligarlo a ingresar nuevamente el impuesto y luego promover una acción de repetición para corregir la equivocación.

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Proveedor apócrifo: confirman ajustes en IVA, Ganancias, salidas no documentadas y multas pese a que la inclusión en la Base APOC fue posterior.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había validado ajustes en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y el gravamen sobre salidas no documentadas, derivados de operaciones realizadas con un proveedor posteriormente incorporado a la Base APOC. El tribunal sostuvo que la sola circunstancia de que la inclusión del proveedor en dicha base hubiera ocurrido con posterioridad a las operaciones no impedía impugnar los créditos fiscales y gastos computados cuando existían múltiples indicios serios y concordantes que permitían cuestionar la realidad económica de las operaciones.

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Ganancias: confirman la aplicación integral del ajuste por inflación y ordenan devolver $5.015 millones a Banco Macro abonados en exceso.

En la causa "BANCO MACRO SA c/ EN - AFIP - DGI s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA", la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicable la prohibición legal de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2018. El tribunal sostuvo que la imposibilidad de aplicar dicho ajuste implicaba una alícuota efectiva confiscatoria, conforme a la doctrina del precedente "Candy" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, rechazó los agravios de la demandada relativos a la validez del informe pericial contable y la aplicación del procedimiento administrativo previsto en la resolución general (DGI) n° 2224/1979.

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