El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 dispuso el sobreseimiento total de los imputados en una causa por evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social y retención indebida de aportes de empleados, al aplicar retroactivamente la Ley 27.799. La reforma elevó significativamente los umbrales de punibilidad —a $7.000.000 para evasión y $3.500.000 para retención indebida por cada período mensual—, lo que determinó que los montos imputados no alcanzaran el mínimo legal exigido. En consecuencia, el tribunal consideró que las conductas resultaban atípicas y extinguió la acción penal conforme al principio de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Penal) y la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal”.

La Cámara Federal de La Plata revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias aplicado sobre un haber previsional, al considerar que no se acreditaron en el caso concreto las condiciones de vulnerabilidad exigidas por el precedente “García” de la Corte Suprema. Si bien se reconoció la procedencia formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad sin necesidad de agotar la vía administrativa, el tribunal concluyó que la actora no demostró una situación de salud, económica o social que justificara excluirla del tributo. En consecuencia, se dejó sin efecto la orden de cesar retenciones y reintegrar sumas, manteniéndose la aplicación del impuesto. Las costas se impusieron por su orden.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que gravaban los haberes previsionales de una jubilada de 79 años con problemas de salud, al considerar que el régimen omitía contemplar situaciones de vulnerabilidad derivadas de la ancianidad y enfermedad. El Tribunal sostuvo que la capacidad contributiva no puede analizarse únicamente desde parámetros patrimoniales, sino también considerando las mayores erogaciones y limitaciones propias de la edad avanzada.